Alquilar, más duro que un maratón

El alquiler de larga duración se extingue en Barcelona, con solo un centenar de pisos anunciados por debajo de 1.200 euros al mes a las puertas de septiembre, como explica Patricia Castán. Mengua así aún más una oferta que ya era minúscula y que convierte la búsqueda de una vivienda en un ejercicio de alta resistencia. Dos de cada tres inmuebles disponibles en esa banda de precios solo se alquilan por meses.

Aunque pueda existir una oferta que nunca llegue a anunciarse en los principales portales inmobiliarios y que sea intermediada por agencias o particulares, es innegable que la disponibilidad es pírrica para una ciudad como la capital catalana. 

Este escenario es consecuencia de la inseguridad jurídica causada por la complejísima regulación de los precios -con límites en las zonas tensionadas, pero con una casuística infinita- y por el temor de los propietarios a nuevos cambios normativos. Para esquivar cualquier restricción adicional prefieren prorrogar contratos vigentes y evitan así incurrir en actualizaciones de las viviendas que no podrán amortizarse. También se ahorran los gastos de la agencia asociados a un nuevo inquilino en un momento en que, salvo excepciones muy tipificadas, no pueden subir la renta. El cerco a los grandes tenedores de inmuebles, que tienen medidas de contención adicionales, también está detrás de esta pronunciada reducción de la oferta.

El problema del alquiler en Barcelona, que no debe cronificarse, requiere soluciones estructurales que pasan por construir nuevas viviendas asequibles y modernizar el parque existente. El esfuerzo corresponde tanto al sector público como a la iniciativa privada, que, además, han de colaborar. La decisión del Govern de comprar pisos a Criteria ubicadas en zonas tensionadas con alta demanda para destinarlas al alquiler social va en esta dirección. Solo una mayor oferta facilitará el imprescindible acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con menores ingresos. 

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