Crisis migratoria, un problema de país

Toda democracia avanza cuando se forjan mayorías amplias y sólidas en torno a iniciativas que benefician al conjunto de la ciudadanía. La inmigración no parece que vaya a ser una de esas cuestiones de Estado en España, como demuestra la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este viernes con el presidente canario, Fernando Clavijo. El encuentro, tardío y de cara a la galería, confirmó lo esperado, que Sánchez descarta que el Consejo de Ministros del próximo martes vaya a aprobar un decreto para modificar la Ley de Extranjería y acordar el reparto obligatorio de los menores migrantes entre las comunidades autónomas. 

Así lo exigía el presidente canario, cuya autonomía -que gobierna junto al Partido Popular- tutela a casi 5.500 niños y adolescentes extranjeros en centros al 300% de su capacidad desde hace casi un año. 

Pero Sánchez se niega a volver a plantear un real decreto ley que debe ser convalidado después por el Congreso y para el que sabe que no va a contar con el necesario apoyo del PP. Los populares condicionan el cambio legislativo a que se incluyan medidas como reforzar el control de fronteras, dotar de mayores recursos a las autonomías y reclamar ayuda a la Unión Europea, así como la presencia de Frontex y la Agencia Europea de Asilo.

En este contexto, es irrisorio que Sánchez solo se haya comprometido ante Clavijo a dar instrucciones para lograr el apoyo del PP y a otorgar 50 millones de euros. Este importe es el mismo que se acordó en 2022 y 2023. Tampoco se entiende que Clavijo no pueda lograr más respaldo de su propio socio de Gobierno.

Dejar que la crisis canaria se enquiste dice muy poco del Gobierno, la oposición y las comunidades autónomas. Todos tendrían que acercar posturas para forjar un pacto de Estado más necesario que nunca, con soluciones inmediatas para Canarias, pero también con una mirada más amplia e integral para el conjunto del país.

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