Al menos 30 industrias de la cuenca del Besòs llevan años sin superar las inspecciones ambientales

Las últimas inspecciones ambientales realizadas en 2023 arrojan datos preocupantes: más de la mitad de las industrias de la cuenca del Besòs a las que la Generalitat pasó revista presentaban "incumplimientos ambientales relevantes". En muchos casos, se trata de empresas que manejan sustancias tóxicas o corrosivas y, por consiguiente, acarrean un cierto riesgo de vertidos como el del pasado fin de semana en Polinyà. La vulnerabilidad de Besòs se explica, en parte, por el elevado grado de urbanización, pero sobre todo, por la presencia masiva de polígonos industriales, que convierten a este río en uno de los más industrializados de Europa.

En total, según los cálculos del Consorci Besòs-Tordera, en la cuenca del Besòs están establecidas casi 5.000 empresas con potencial contaminante. La Administración no tiene capacidad para inspeccionarlas a todas cada año, pero se van practicando exámenes rutinarios en algunas de ellas. Y las inspecciones de 2023 a las que ha accedido este diario señalan al menos a 30 compañías que no han superado las inspecciones. Están situadas en Polinyà, Sabadell, Caldes de Montbui, Canovelles, Castellar del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Lliçà de Vall, Martorelles, Parets del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Montmeló, Santa Perpètua y Montornès del Vallès.

Todas estas plantas industriales están cerca del Besòs o de afluentes suyos como el Ripoll, la Riera de Caldes, el Congost, el Tenes o el Mogent, todos en el Vallès. Llaman la atención casos como el de Automotive Technology Iberia (Polinyà), Esteve Química (Lliçà de Vall), Biser Thermotech (Canovelles) OCB Pharmaceutical (Canovelles) o Purac Bioquímica (Montmeló).

Todas ellas muestran problemas que se han reiterado durante varios años. Y hay una asignatura pendiente que se repite en casi todos los casos: las infracciones a la hora de gestionar las aguas residuales.

Se calcula que en la cuenca del Besòs están establecidas casi 5.000 empresas con potencial contaminante

Albert Solà, gerente del consorcio, admite los peligros presentes en este territorio: "Hay mucha actividad industrial cuyas aguas residuales se mezclan con las de los municipios y que acabamos tratando en nuestras depuradoras". Cuando habla de esta "mezcla", se refiere al hecho de que algunas empresas no disponen de sistemas para frenar un posible vertido con grandes depósitos. "De todas los polígonos con potencial tóxico, abundan las compañías dedicadas a la química fina y a la industria farmacéutica", advierte Solà. "Y esto genera riesgos", añade.

El caso de Polinyà evidencia la necesidad de reducir el riesgo de vertido tóxico en el Besòs

Sin embargo, defiende que algunas empresas sí cumplen la normativa: "Hay de todo, algunas son modélicas. Otras las tenemos que estar persiguiendo y vigilando". El caso de Barnastock, la empresa de almacenamiento de residuos peligrosos afectada por el incendio que causó el vertido de Polinyà, no era uno de los que preocupaba. "Jamás vertieron residuos indebidos y superaban todas las inspecciones, pero siempre puede ocurrir un accidente inesperado", afirma.

El cóctel amenazante para el sistema fluvial de la cuenca del Besòs, ya muy maltrecho, se basa en estos dos ingredientes: la existencia de riesgo por el tipo de industrias y la realidad de algunas compañías que incumplen de forma flagrante las normas sobre contaminación de suelos, emisiones o aguas residuales.

Ditecsa, la empresa de la que salió el vertido contaminante en 2019, que también causó la muerte de cientos de peces, no había superado las últimas inspecciones en aquel momento y mantenía su actividad. Por esta razón el caso está siendo investigado por la fiscalía. A día de hoy, en cambio, sí es una de las industrias que recibe la aprobación del Departament d'Acció Climàtica.

La fiscalía abre investigación por el vertido tóxico en el Besòs que mató a más de 1.000 peces

José Hurtado, responsable jurídico de Ecologistas en Acción en Catalunya, denuncia las llamadas "modificaciones no sustanciales" a las que la Generalitat da luz verde año tras año para este tipo de industrias. "Muchas de ellas realizan cambios importantes en su actividad y manejan nuevos productos corrosivos, pero se les otorga el visto bueno, sin que deban conseguir una nueva autorización ambiental", reprocha.

Hurtado exige más inspecciones periódicas: "A menudo hay vertidos leves, como el de aceite de palma meses atrás. Si se hicieran más controles y las normas fuesen más estrictas se podrían minimizar los riesgos". De momento, la Generalitat sigue lejos de poder inspeccionar cada año a las casi 5.000 empresas que tienen en vilo el curso del río Besòs y que, en caso de desastre ambiental, amenazan el ecosistema fluvial y también el sistema de saneamiento y potabilización de sus aguas.

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