Moncloa deja a Canarias sin decreto urgente para distribuir a los menores migrantes

Canarias vuelve a quedarse sola a la hora de afrontar la crisis humanitaria que supone acoger y tutelar a casi 6.000 menores inmigrantes no acompañados. No se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley urgente para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y propiciar la distribución obligatoria de los menores entre las comunidades autónomas.

Esa es la conclusión de la reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, celebrada este martes en Santa Cruz de La Palma, a la que también asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“El decreto ley no es la solución porque 30 días después no habría votos suficientes para convalidarlo, porque el PP ya votó en contra del texto el pasado mes de julio en el Congreso”, afirmó Torres para justificar por qué, pese a la reiterada petición del gabinete canario, no se ha optado por la via de urgencia.

Sin embargo, el propio Clavijo aseguró que el presidente Sánchez “se ha implicado y ha dado instrucciones para lograr lo antes posible captar los votos del PP” en el Congreso de los Diputados.

“No tiramos la toalla”, insistió Clavijo.

Financiación

Canarias tampoco consiguió que el Estado compense la sobrefinanciación que supone tutelar a casi 6.000 menores, pues Clavijo solo logró el compromiso de Sánchez de habilitar 50 millones, la misma partida que había en 2022 y 2023.

Sin embargo, Clavijo ha solicitado un aumento sustancial, toda vez que los inmigrantes menores desamparados suponen para las arcas isleñas 14 millones de euros al mes, 2,5 millones euros mensuales solo en atención sanitaria.

Drama humanitario

Clavijo insistió tras reunión con Sánchez que el problema de la inmigración "es un drama humanitario y no se trata de un problema político o territorial, se trata de un problema de país, por lo que tenemos que dar, todas las instituciones españolas, una respuesta unánime y coordinada para evitar que Canarias afronte en solitario el haberse convertido en la puerta de entrada hacia Europa".

Pese a que desde el Ejecutivo central se insiste en señalar con el dedo al PP, que con su voto en contra imposibilitó en julio la toma en consideración de la modificación legal, el presidente Clavijo mantuvo el tono conciliador hacia sus socios en el Gobierno regional, insistiendo en que "no es un asunto de comunidades autónomas solidarias o insolidarias, es un asunto de país". Por ello no fue crítico con el hecho de que Galicia y Castilla y León se echaran atrás tras plantear acoger más menores que los pactados en la última conferencia sectorial celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

"Todos los presidentes de todas las comunidades autónomos me han mostrado su solidaridad en las conversaciones que hemos mantenido, pero también es cierto que la solución pasa por una coordinación que sea conjunta", dijo Clavijo.

En este sentido, tanto el ministro Torres como el presidente canario han puesto sus miras en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en septiembre en Cantabria. Aunque aún no se ha fijado la fecha, ambos dirigentes creen que a la misma se llegará con un texto que la dirección nacional del PP podrá apoyar.

"Hemos mantenido contactos ininterrumpidos con todas las fuerzas en el Congreso de los Diputados y, con la que más, con el PP", insistió Torres.

Por lo tanto, "el deseado consenso institucional y político" que demanda Clavijo para solucionar el colapso que viven los centros de acogida de menores en Canarias tiene visos de prolongarse durante un mesa más mientras la ruta atlántica continúa abierta y se prevé que, hasta fin de año, puedan arribar a las costas del Archipiélago 7.000 menores más.