Las costuras de los centros canarios se rompen y rechazan acoger más niños

Camas instaladas en pasillos y cocinas, problemas con las comidas, falta de espacio y escasa atención psicológica y afectiva. Los centros de menores migrantes de Canarias están colapsados y las entidades sociales que los gestionan, al límite de sus fuerzas. En las Islas hay cerca de 5.500 niños y adolescentes extranjeros bajo la tutela del Gobierno regional viviendo en una situación poco apropiada debido a la saturación de los recursos alojativos, que rozan el 300% de su capacidad desde hace casi un año. "Si seguimos sobredimensionando los centros, vamos a caer en una situación de maltrato", lamenta la coordinadora de Mundo Nuevo en la provincia de Las Palmas, Nélida Suárez, quien considera "un fracaso como sociedad que, por cuestiones políticas, no se logre acordar una solución". Precisamente este será el tema principal de la reunión que mantendrán mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quienes se verán las caras por primera vez en esta legislatura, a pesar de que el Archipiélago lleva cerca de un año clamando por ayuda estatal para la gestión de los menores migrantes que llegan a las costas isleñas sin el apoyo de un familiar adulto.

"La impotencia, la frustración y la saturación han tocado techo", lamenta Delia García, presidenta de Quórum Social 77, organización que tiene la guarda de unos 2.500 menores llegados en cayuco a las costas isleñas y que gestiona los cinco macrocentros abiertos en el Archipiélago. Según relata, la idea inicial es que estas instalaciones solo permanecieran activas unos meses, como respuesta a una emergencia. Debido a que el problema se ha hecho estructural y siguen operativos. "No me gusta atender a los chavales como si fueran ganado, pero es imposible cerrar esos espacios, porque no existe una alternativa y no llega la ayuda que se lleva pidiendo desde el año pasado", afirma García.

Delia García, Quórum Social 77: "Yo me planto. ¿Qué pensarían si fueran sus hijos?"

La gestión del día a día es complicada, pues no es lo mismo organizar actividades y salidas con diez niños que con 40. "Llamamos mucho la atención y nos sentimos observados en los sitios públicos", detalla Suárez. La entidad para la que trabaja dirige cinco centros de emergencia en toda Canarias y tiene a 191 niños donde solo hay espacio para alojar a 124. "Hacemos malabares para buscar espacios en los que poner más camas, ponemos literas apretaditas para convertir habitaciones de dos en habitaciones de cuatro", detalla la coordinadora de Mundo Nuevo, quien añade que ahora mismo, la única manera de seguir acogiendo más niños es quitar espacios comunes como el salón o el comedor, pero ya sería dejar a los chicos sin sitio donde sentarse o comer. "Hemos llegado al máximo. El Gobierno nos pide un esfuerzo, pero no podemos más. Hemos tenido que decir que no a más niños", subraya Suárez.

Atención emocional

"Yo me planto", afirma tajante García, quien asegura que Quórum Social 77 ha dejado de comprar más literas y colchones, porque se niega a tener niños durmiendo en los pasillos o en la cocina de los centros. También rechaza rotundamente la posibilidad de tener que gestionar la acogida de menores en carpas, porque eso sería "asumir el desastre". "Atenderlos hay que atenderlos, pero qué pensarían los representantes públicos si esos niños fueran sus hijos", se cuestiona García.

El colapso que se vive en los centros complica la posibilidad de ofrecer un cuidado personalizado y cercano. Suárez reconoce que "es difícil dar atención psicológica y apoyo emocional", porque los educadores casi no tienen tiempo para simplemente sentarse con ellos a escucharles, orientarles y acompañarles. "Los niños que vienen en patera o en cayuco, también son nuestros niños y no podemos someterlos a esta tensión. Tienen sus sueños, han venido buscando una vida mejor y lo mínimo es ofrecerles una correcta acogida", subraya la coordinadora de Mundo Nuevo.

En uno de los macrocentros de Canarias hay cerca de 300 adolescentes, con lo que cualquier roce es motivo para generar un enfrentamiento grave. "Es prácticamente imposible imponer una rutina o una medida educativa sin que se monten protestas. Está siendo muy complicado y frustrante para los chicos y para el personal", revela García. 

Puertas cerradas

La comida es uno de los aspectos que crea más tensiones en los recursos en los que se juntan tantos jóvenes. Las empresas contratadas por las entidades sociales para servir los menús suelen cometer errores de cálculo que terminan en disputa. "En los grandes centros siempre tenemos que tener los almacenes llenísimos, porque si falla un menú hay que tener una respuesta rápida para evitar conflictos", relata la presidenta de Quórum Social 77.

En Canarias existen actualmente 80 centros de menores, de los que 50 se han abierto a lo largo del último año. Según Suárez, su organización ha intentado buscar localizaciones privadas para abrir nuevos centros, pero los alquileres están por las nubes y, además, los propietarios se aprovechan de la situación. "Han llegado a pedirnos 15.000 euros al mes por la renta de un espacio para 20 o 30 niños", señala.

En las Islas ya no hay más instalaciones en las que poder hospedar menores. El Gobierno canario ya no cuenta con infraestructuras, ni propias ni cedidas, para atender a más niños y ha encontrado cerradas todas las puertas a las que ha tocado. En junio, el Ejecutivo de Clavijo pidió colaboración al Ministerio de Defensa para contar temporalmente con los cuarteles del Marqués de Herrera, en Lanzarote; el Anatolio Fuentes, en El Hierro; y El Fuerte, en La Palma, que se utilizó para acoger a los evacuados durante la erupción del volcán, pero Margarita Robles se escudó en la situación fronteriza del Archipiélago para rechazar la cesión de estos espacios militares en desuso.

Colaboración estatal

"Esperamos que, tras la reunión con Clavijo, Sánchez se lleve una imagen clara de qué es lo que está pasando en Canarias", afirma Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, quien también desea que el presidente del Gobierno de España reabra la puerta de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatorio el reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas, y que lo haga a través de un decreto ley.

La falta de infraestructuras estables y adecuadas para acoger a más menores en las Islas ha obligado a instalar una carpa en el Puerto de Naos, en Lanzarote, y el Ejecutivo canario ya ha solicitado permiso para replicar esta medida en Tenerife y en El Hierro. Según las estimaciones del Ministerio del Interior, en los próximos meses podrían llegar a Canarias unos 7.000 menores no acompañados, que se sumarían a los 5.500 que están actualmente bajo la tutela del Gobierno autonómico. Una cifra que es imposible de asumir por las Islas sin respaldo estatal y sin la colaboración del resto de comunidades autónomas.

Sin acercamientos

"Necesitamos la implicación del Estado en la gestión del fenómeno migratorio con respecto a los menores. Necesitamos la cesión de acuartelamientos y de edificios del Gobierno central que puedan servirnos para acoger a chicos. También necesitamos que se destinen más recursos económicos, para que los gastos no recaigan sobre los presupuestos de la comunidad autónoma canaria", sentenció Candil.

Francisco Candil: "Necesitamos la implicación del Estado en la gestión de los menores"

Mientras en Madrid manda la contienda política, el Archipiélago vive una emergencia humanitaria en la que la principal perjudicada es la infancia migrante. Pese a la gravedad de la situación, la solución legal no termina de llegar. Clavijo insistirá mañana a Sánchez para que la reforma de la ley de extranjería se tramite por decreto ley, para agilizar su entrada en vigor y aliviar el colapso de la red de acogida del Archipiélago. Además, presionará para que la modificación vaya en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes, 27 de agosto, justo a la vuelta de las vacaciones de Sánchez en la residencia lanzaroteña de La Mareta.

A través del decreto ley, el Gobierno de España ofrecería una solución prácticamente inmediata a Canarias y permitiría iniciar la derivación de unos 2.500 menores en pocos días, pues se ha fijado que el cupo máximo que debe haber en los centros de Canarias es de 3.000, dejando los recursos a un 150% de su capacidad.

Mar en calma

El decreto ley sería el camino más rápido para aliviar la congestión de la red de acogida, pues los traslados de niños a se iniciarían desde que el Consejo de Ministros dé su visto bueno al texto legal. Si bien es cierto que después el texto tendría que convalidarse en las Cortes Generales en un plazo de 30 días, para lo que se precisa el voto a favor de una mayoría cualificada de los diputados. Así, habría un mes para que Gobierno central y Partido Popular acercaran posturas, en aras de sumar los apoyos suficientes. 

El respaldo de los populares no solo es necesario para que la reforma salga adelante y supere los trámites legales, sino porque gobiernan en once comunidades autónomas y sus ejecutivos regionales serán los que finalmente tengan que asumir los traslados, acondicionar instalaciones para abrir centros de acogida y hacerse cargo de la tutela de los niños hasta su mayoría de edad.

Nélida Suárez, Mundo Nuevo: “Nos piden un esfuerzo, pero no podemos más”

Las previsiones y la experiencia de años anteriores apremian al Gobierno de Canarias, que quiere formalizar la solución legal en agosto. Solo de esta manera, las Islas afrontarían con algo de desahogo los meses de mar en calma, que se registran después de verano y que reactivan el flujo migratorio a través de la ruta canaria. Históricamente, entre septiembre y diciembre, mejoran las condiciones meteorológicas y el número de barquillas precarias que zarpa desde la costa africana para llegar a Europa a través del Archipiélago se multiplica. El oleaje más moderado y la influencia de los vientos alisios facilitan la navegación por una de las rutas migratorias más mortales donde, según el colectivo Caminando fronteras, entre enero y mayo perdieron la vida 4.808 personas. Una cada dos horas y media.

El Gobierno de España desestima la vía del decreto ley, pues considera que no ofrece las garantías legales suficientes. Por esto, está empecinado en impulsar la reforma a través de una proposición de ley. El ministro de Política Territorial y coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que si el decreto ley no llegara a ser convalidado 30 días después en las Cortes Generales, los menores trasladados "quedarían en una absoluta inseguridad jurídica".

Seguridad jurídica

En julio, naufragó la votación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, con el texto acordado entre Canarias y Estado, que incluía algunas de las matizaciones solicitadas por el resto de formaciones políticas del arco parlamentario. Los populares –al igual que Vox y Junts– votaron en contra y supeditaron su apoyo a la declaración de emergencia migratoria en todo el país y la garantía de financiación para las comunidades autónomas que atiendan menores. 

Desde entonces, y a pesar de la insistencia del Gobierno de Canarias, no ha habido ningún contacto entre el Gobierno central y el PP para negociar sobre los puntos que les separa. Además, esta semana, los populares presentaron en el Congreso una Proposición No de Ley que añade nuevas condiciones. En el nuevo plan migratorio impulsado por Génova piden al Gobierno reforzar la protección de las fronteras con más presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ampliar el despliegue del Frontex, solicitar a Europa que active mecanismos para ayudar a gestionar los flujos migratorios y revisar los acuerdos de cooperación con los países de origen. Este último punto es uno de los objetivos que se plantea Sánchez durante su próxima gira africana por Mauritania, Senegal y Gambia, que arrancará la próxima semana.

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