El caos de las adjudicaciones docentes, la punta del iceberg

Este julio ha tenido bastante eco el desbarajuste en las adjudicaciones de verano, el procedimiento por el que se atribuye una plaza al personal docente funcionario o interino. Pese a no tener tanto eco, también han sido muy significativas las protestas que pocas semanas antes se habían producido en centros públicos acusando a equipos directivos de malas prácticas en la gestión del personal.

Estas situaciones han tenido una clara relación con la estabilización masiva de personal interino, gracias a un acuerdo de los sindicatos que ha estabilizado a más de 31.000 docentes y, con el mantenimiento de una normativa discriminatoria como son los decretos de plantillas y el de direcciones.

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Estos decretos permiten, en nombre de los proyectos educativos, añadir pseudorequisitos a las plazas (lo que se llama "perfilar") para adecuarlas a las características de una persona docente concreta. Es decir, se elige quién puede ocuparlas, mediante entrevistas y al margen de los principios de la función pública como son igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad. Por tanto, se gestiona lo público desde los parámetros de gobernanza privada, pero sin el control de las funciones de un comité de empresa y sin la normativa para evitar abusos de poder como por ejemplo la no continuidad de una embarazada.

La falta de democracia en los centros y la falta de inversión son dos elementos estructurales que han supuesto un retroceso

Durante años, en los centros había cerca de un 40% de personas interinas trabajando con la incertidumbre de mantener su puesto de trabajo. Esta situación ha comportado que se fuera imponiendo la "ley del silencio" a los claustros como modo de supervivencia para miles de docentes. Evidentemente, gracias a los procesos de estabilización, la inmensa mayoría de las personas interinas con cierta antigüedad dejan atrás esa temporalidad. Sin embargo, el hecho de tener aún bloqueadas miles de plazas perfiladas, con datos del curso 2022-23 fueron hasta 17.850, ha hecho casi imposible adjudicar una plaza a las nuevas personas funcionarias. Este bloqueo de plazas lleva años produciéndose impidiendo, también, el acceso a destinos definitivos del funcionariado de carrera en los concursos de traslados. CCOO hemos pedido la convocatoria de un concurso de traslados catalán para poder adjudicar plazas definitivas y aliviar las adjudicaciones de verano.

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La consellera en funciones ha atribuido este caos solo a dificultades informáticas. Pero está claro que las razones son otras. Excusas de quien no ha planificado su trabajo ni ha tenido en cuenta los problemas de fondo. Hace más de dos años que el Departament de Educació sabe que estas plazas deberían ocuparse por funcionariado de carrera y, por tanto, deberían haberse buscado procedimientos que evitaran el desastre.

Estamos vivimos una tormenta perfecta que ha terminado con la democracia y participación de los claustros y de los centros educativos. CCOO lo tenemos claro: la falta de democracia en los centros y la falta de inversión son dos elementos estructurales que han supuesto un retroceso en el sistema educativo catalán. El Departament debe derogar estos decretos y los grupos parlamentarios deben aprobar la ILP del 6% para la educación promovida por más de 60 entidades.

En algunas semanas o meses tendremos una nueva conselleria de Educació. Esta deberá poner manos a la obra para conseguir unos centros democráticos, atractivos, saludables y de calidad y enviar a la papelera de la historia determinadas prácticas.