Investidura de Illa

Junts niega la "soberanía financiera" del acuerdo entre ERC-PSC y critica la cuota de solidaridad

ERC y PSC pactan el concierto económico catalán para investir a Illa

El pacto ERC-PSC para la investidura de Illa, en manos de 8.700 votos y pendiente de Puigdemont

¿Qué han pactado el PSC y ERC? Las 4 claves del acuerdo para la investidura de Illa

El secretario general de Junts a la salida de la reunión de la Ejecutiva Nacional de Junts

El secretario general de Junts a la salida de la reunión de la Ejecutiva Nacional de Junts / Kike Rincón (EUROPA PRESS)

Gisela Boada

Gisela Boada

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Un día después de hacerse público el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, Junts se ha pronunciado este martes cargando principalmente contra lo que es el punto más importante del documento: el nuevo sistema de financiación. Los posconvergentes niegan que el modelo presentado en el acuerdo suponga tener "la llave de la caja", y rechazan que se alcance la "soberanía financiera" de la que los republicanos presumen y que durante años ha reclamado el independentismo.

"Que la Agencia Tributaria pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern no tenga el poder sobre el dinero recaudado, no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, en su caso, en materia de ordinalidad", apuntan en el comunicado difundido por el partido.

Críticas a la "solidaridad"

Desde Junts inciden en el concepto de "solidaridad" que recoge el acuerdo y sobre el cual se ha pactado que Catalunya aporte una cuota al Estado para equiparar la aportación del resto de autonomías en "niveles similares". En este punto sostienen que el "control del dinero" lo debe tener la Generalitat y no debe depender "del resultado del reparto que hace el Estado". Por ello, han lanzado un mensaje a Esquerra al recordar que en el documento del pacto no aparece el término "concierto económico", al que sí se refirió el lunes la portavoz de ERC, Raquel Sans, en la rueda de prensa donde se presentó la propuesta, y que esta mañana también ha sido empleado por Marta Vilalta en una entrevista, en la que ha emplazado a Junts a sumarse a apoyar este sistema. Los posconvergentes manifiestan que el concierto económico pasa porque sea Catalunya quien negocie "la cuota a liquidar" con el Estado.

Dudas en la certeza de su aplicación

Las críticas al modelo van más allá, y Junts se ha referido también a las dudas que suscita su aplicación. Ven en la arquitectura de su puesta en marcha "reformas inciertas y sin consenso" que no garantizan su viabilidad. Los republicanos han acordado una reforma de la LOFCA que necesita ser aprobada en el Congreso por mayoría -entre otros, con los votos de Junts- que supondrá la salida de la comunidad autónoma del régimen común.

Restar poder de negociación en Madrid

En líneas generales, el principal reproche del partido de Carles Puigdemont a ERC es que el pacto supone, a su juicio, un "retroceso" en las negociaciones del independentismo con el Ejecutivo central, ya que, apuntan, se pasaría de una "negociación bilateral que determina la estabilidad del Gobierno" -del que depende los votos de ambos partidos-, a una "negociación bilateral entre un Gobierno presidido por el PSOE y un Govern presidido por el PSC y apoyado por ERC en el Parlament". Es decir, Junts garantiza que los objetivos generales del pacto -financiación y reconocimiento nacional- ya se fijaron en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez y una eventual presidencia socialista restaría su poder de coacción.

Derecho a la autodeterminación

La cuestión independentista también ha sido objeto de críticas. La creación de la Convención Nacional que propone el documento de la entente y que busca llegar a acuerdos "refrendados por la ciudadanía" para avanzar en la resolución del conflicto catalán es, a ojos de Junts, insuficiente. El partido considera que "el derecho de autodeterminación" de Catalunya no debe ser "resultado de un consenso" y asume que lo que "hay que negociar con el Estado" es la celebración del "referéndum" -concepto que no aparece en el documento del pacto-.

Desconfianza de Illa

"Salvador Illa ha sido siempre el más favorable a la represión en el independentismo y el menos comprometido con la lengua catalana", prosiguen en el texto sobre su posición respecto al pacto, con el objetivo de forzar a las bases republicanas -que deberán avalar su validez- a que opten por el "no". Junts recuerda que la "aritmética parlamentaria" imposibilita que se pueda hacer una moción de censura a Illa y, por tanto, un apoyo a su investidura supondría cuatro años de Govern socialista en la que podrían hacer un "cambio de guion" sin capacidad de reacción.

Mano tendida a ERC

Con todo, Junts apuesta por tender la mano a los republicanos para que reconsideren su posición y, por ello, apelan a usar su "fuerza estratégica" en Madrid para construir un plan común para el independentismo. Así, reiteran su propuesta para "hablar de todo" con ERC y para "rehacer confianzas" , con el objetivo de "defender los intereses de los catalanes". Ambos partidos han mantenido la vía de interlocución abierta desde la celebración de las elecciones con la intención de avanzar en negociaciones sobre el futuro Govern, sin haber aclarado nunca el contenido o la hoja de ruta definida en esas conversaciones.

Horas sin el documento

El pronunciamiento de Junts llega casi diez horas después de que se haya celebrado la ejecutiva nacional de urgencia convocada esta mañana para analizar los puntos del documento, que ha concluido sin ninguna valoración por la falta del texto del acuerdo. Los posconvergentes han sido críticos con que no se haya hecho público la propuesta de pacto y han decidido esperar a leer la letra pequeña para exhibir su posicionamiento.

Tras semanas de silencio desde Junts, el pronunciamiento de este martes y la reafirmación del retorno de Puigdemont tratan de desestabilizar la situación actual, con la mirada puesta en condicionar la decisión de los más de 8.000 militantes republicanos que tienen entre sus manos decidir el futuro president de la Generalitat.