Acercar posiciones sobre inmigración

Convertir los problemas que plantea la migración en un debate político bronco y xenófobo es un recurso que está utilizando la extrema derecha en todo el mundo occidental. Pero que se enzarcen en esas polémicas estériles los dos partidos centrales del sistema, el PP y el PSOE, no ayuda en absoluto a buscar soluciones viables, especialmente porque, cuando consiguen aplacar su instinto de destrucción del contrario, no mantienen posiciones muy divergentes sobre la cuestión. Es evidente, y todos los datos sobre natalidad y envejecimiento de la población así lo revelan, que España, Europa entera, necesita para mantener su crecimiento y sus niveles de bienestar la llegada de trabajadores foráneos. Igual que parece claro que a todos los países les conviene que esa inmigración se realice de forma regular, ordenada y coordinada con los lugares de origen, para evitar problemas adicionales. 

Ese ha sido, de hecho, el objetivo de la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado en los últimos días a Mauritania, Senegal y Gambia, y que, sin embargo, ha generado controversia por los ataques del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, vio en las primeras palabras de Sánchez una llamada a la llegada masiva de migrantes. Justo lo contrario de lo que el presidente aparentemente buscaba, y un deslizamiento peligroso en un terreno que en ocasiones parece acercar al PP a las posiciones xenófobas de Vox. 

Aun con recelos, las declaraciones de Sánchez al final de su viaje, hablando de deportar a quienes llegan irregularmente y en línea con lo que están diciendo otros líderes europeos de izquierda -el alemán Scholz o el británico Starmer-, parece haber abierto la posibilidad, aún remota, para un acuerdo entre los dos grandes partidos. Es sabido que por mucho que se intenten controlar, las avalanchas migratorias seguirán existiendo mientras las condiciones de vida en sus países no mejoren. Lo demuestra el modo en que consiguen, por ejemplo, saltar vallas cada vez más altas. Pero la contratación en origen y el retorno una vez acabado el periodo laboral contribuirá, sin duda, a que esas llegadas irregulares se vayan encauzando. 

Conviene, por tanto, que PP y PSOE eviten situar su enfrentamiento en este ámbito y se planteen seriamente la búsqueda de acuerdos para reformar la ley de extranjería, de manera que exploren soluciones a un fenómeno difícil, casi imposible de frenar, y que no desaparecerá como por arte de magia. Es por eso, precisamente, por lo que la unidad de los partidos centrales del sistema, a la que deben sumarse las comunidades autónomas, es tan necesaria para hacer frente a los problemas derivados de esa inmigración desordenada. Ahora mismo, Canarias y Ceuta, en cuyos gobiernos, por cierto, está el PP, se encuentran desbordadas por la llegada masiva de menores. En Canarias hay cerca de 6.000 y en la reunión que mantuvieron en julio el Gobierno y las autonomías se dio salida solo a 347. En su caso, al ser menores solos, la ley impide la deportación. Solo cabe la solidaridad de todos para asegurarles una vida digna aquí. Se requieren alianzas para reformar las leyes, pero mientras estas llegan, la situación de Canarias no puede esperar, hay que resolverla ya, sin condicionarla a un pacto más amplio y sin utilizarla como moneda de cambio de nada.