Fiestas seguras

En los últimos años, la presencia de vigilantes de seguridad privada y de trabajadores encargados del control de accesos se ha ido haciendo cada vez más frecuente en las festividades y actos populares organizados por los ayuntamientos catalanes, por el asociacionismo local con apoyo público o por los diversos festivales veraniegos de iniciativa privada o pública. Esta incorporación de personal contratado y uniformado ha ido creciendo en los últimos años y fue especialmente visible cuando, en el primer verano tras la pandemia, fue necesario implementar provisionalmente medidas de control de aforos, y además las alertas sobre reyertas y agresiones en el ocio nocturno se dispararon. Pero esta práctica se ha consolidado porque este aumento de la agresividad, en el transcurso de actos multitudinarios o aprovechando la oscuridad en lugares apartados, no ha disminuido, sino todo lo contrario.

La contratación, específicamente, de vigilantes de seguridad privada ha sido una novedad en las fiestas mayores de algunos municipios catalanes este año. También, por primera vez, en las fiestas de Gràcia. Y las fiestas de la Mercè, el gasto para esta partida habrá aumentado un 40% entre el año pasado y este. No obstante, el incremento de horas contratadas de seguridad privada ha sido de un 1,3% en cada uno de estos años y en su mayor parte el sobrecoste se debe a la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector. Una carga económica sobre los presupuestos de las fiestas populares que supone una complicación especial para asociaciones y pequeños municipios, precisamente los que menos efectivos policiales pueden desplegar cuando la asistencia de público es masiva.

Porque la seguridad en el espacio público no puede depender solo de un incremento de los uniformes a la vista. A esa sensación de inseguridad contribuyen factores diversos, desde el incremento de las agresiones sexuales por y contra menores al vandalismo como exhibición de desafío o al incremento de la violencia, cada vez más con uso de armas blancas, que envuelve tanto a reyertas callejeras como a atracos u otros delitos que dejan de ser menores. La violencia en la calle va más allá de los sucesos que envuelven las manifestaciones festivas, y las raíces de este fenómeno no puede enfocarse únicamente por la vía del patrullaje público o privado.

Hoy explicamos también los diversos recursos desplegados para hacer más seguras las fiestas mayores del barrio de Sants. La Guardia Urbana despliega efectivos, de uniforme y de incógnito, en calles y espacios festivos. Patrullas móviles recorren el perímetro y los accesos al transporte público para conseguir garantizar itinerarios seguros. Pero al mismo tiempo, puntos violeta (e informadoras de este servicio que recurren las calles en fiestas) hacen su labor de prevención contra la violencia sexual. Este despliegue debe ser coordinado, con cada elemento jugando su propio papel. Ni los controladores de acceso deben ser utilizados como vigilantes de seguridad a bajo coste, ni la vigilancia de seguridad privada debe asumir funciones de seguridad pública, ni deben ser tampoco una solución asequible a la falta de efectivos policiales. Pero sí un recurso auxiliar que detecte, controle y comunique qué sucede allí donde los cuerpos policiales no llegan a tiempo.