Una querella inadmisible

Acabo de leer la querella, por supuesto filtrada indebidamente a todos los medios de comunicación, que ha interpuesto la Abogada del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, o sea, Pedro Sánchez, y no salgo de mi asombro porque está mal redactada, incumpliendo todos los requisitos que los profesionales del derecho debemos conocer, porque tan siquiera describe un acto jurídico que pueda considerarse prevaricante.

O, mejor dicho, describe un acto que podría ser prevaricante, el que dictó el Juez Peinado el 1 de julio de este año, en el que “concretaba” a recurso de Begoña Gómez que todos los actos, conductas y comportamientos llevados a cabo por dicha investigada, desde que su esposo es Presidente del Gobierno de España, iban a ser objeto de investigación. Pues bien, pese a que describe ese Auto, se olvida de él, y señala que interpone la querella por dos providencias que ha dictado el Juzgado 41 de Madrid, una de 19 de julio y otra de 22 de julio de 2024, cuyo objeto es si el señor Sánchez tenía derecho o no a declarar por escrito, en su despacho, etc. 

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Dicen que, en la Escuela Judicial, que por cierto tenemos en nuestra ciudad de Barcelona, a los Jueces en formación les explican que las querellas deben ser muy breves, para que no se trate de las llamadas “Querellas catalanas”, que solo persiguen coaccionar penalmente para obtener dinero. La Abogada del Estado, no debe conocer estas recomendaciones, porque de los 35 folios de la querella, 23 los dedica a una exhaustiva pero nauseabunda digresión jurídica sobre los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan las declaraciones de la Presidencia del Gobierno, que no tienen la más mínima relevancia para el juicio de provisional “tipicidad” de los hechos narrados en la querella que deberá hacer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

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El Tribunal Supremo, cuando analiza el delito de prevaricación, viene afirmando linealmente que para considerar una resolución como prevaricante no basta con que esté basada en una interpretación que puede reputarse errónea, porque no siempre estos errores son injustos a los efectos de dicho delito. En definitiva, considera que no estaremos ante una prevaricación cuando la resolución, aunque sea errónea, puede admitirse por los métodos de interpretación usualmente vigentes, es decir, pueda estar amparada por una interpretación razonable de la Ley. 

Lo que la querella del presidente del Gobierno plantea como objeto de dicha acción penal, es todo ello discutible, y sin embargo, se olvida de lo que es indiscutible, que es que un Juez de Instrucción no puede abrir una investigación general contra una señora, en este caso, Begoña Gómez, por todos los actos que haya podido realizar desde que su esposo es presidente del Gobierno, de lo cual hace 6 años. No cabe interpretación alguna, admisible en derecho, que justifique la investigación del Juez Peinado, eso sí que es relevante, para considerar si puede o no haberse cometido un delito de prevaricación judicial por el Juez Peinado. 

Creo que he dicho reiteradamente que la actuación de este Juez en este asunto ataca frontalmente los principios del Estado de Derecho e incluso el delicado equilibrio constitucional basado en la división de poderes. Ahora, vista esta desafortunada querella, me veo en el caso de señalar que lo más probable es que el TSJM que debe decidir sobre su admisión pueda rechazarla por los evidentes errores de bulto en su redacción y fundamento. Sin embargo, al describirse en la querella ese Auto prevaricante de 1 de julio, en que Peinado afirma que va a investigar seis años de la vida de Begoña Gómez, bien pudiera ser que el TSJM, aunque fuera de oficio, decidiera abrir la investigación judicial, que sin duda merece todo este teatro orquestado por Peinado a la carta de VOX y Manos Limpias. 

Confiemos en ello.