Por una financiación justa

España necesita acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Diversas comunidades lo han reivindicado. La Comunidad Valenciana y Baleares, por ejemplo. Y Andalucía también lo ha puesto sobre la mesa. Algunos partidos políticos lo han planteado como condición para dar su apoyo a diversas investiduras. Compromís lo hizo hace ahora un año en el caso de Pedro Sánchez. En Catalunya, hay un consenso amplio social y político sobre la necesidad de abordar esta cuestión. Foment del Treball, las cámaras de comercio, el Cercle d’Economia, los sindicatos y los colegios profesionales se han manifestado a favor. 

Ahora, un partido político, Esquerra, lo pone como condición para votar la investidura del ganador de las elecciones, Salvador Illa. Y se supone que para seguir apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es legítimo, pero ni el origen de la petición debe desvirtuar el debate ni dos partidos políticos en Catalunya pueden acordar lo que corresponde decidir al Estado, representado por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Podrán acordar, en todo caso, la posición que defenderán sus representantes en ese organismo en el que el Ministerio de Hacienda ostenta el voto de calidad.

Es un error centrar este debate en los territorios y en la foralidad. Hay que hablar de los servicios públicos y de las singularidades, puesto que no todas las autonomías tienen las mismas competencias ni son homogéneas en cuanto a población, orografía o precios de los servicios. No se puede hablar de una sola singularidad ni tampoco se puede sostener que la única manera de asegurar la igualdad sea la uniformidad. Aristóteles dejó dicho que la justicia es tratar de manera diferente a los diferentes. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a afrontar esta cuestión. Bien. Pero no debe hacerlo, como en el caso de la amnistía, vinculándolo solo a su propia supervivencia política. Debe afrontarlo para dar un salto decisivo en la materia, es decir, que le sobreviva. El líder de la oposición y ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que hay que hablar de la financiación de los servicios públicos y dotar a las autonomías del dinero suficiente para pagar lo que el Estado aprueba como derecho. Esperemos que la pereza a capear con las posiciones legítimamente diversas de sus barones territoriales no le aparte de esta posición. 

Una financiación justa debe partir de un mapa competencial, debe contemplar la dispersión y la edad de la población como elementos correctivos del número de habitantes, debe afrontar los costes derivados de la diversidad lingüística y debe establecer un fondo de solidaridad y un cierto respeto al llamado principio de ordinalidad. Este camino es menos popular que el «España nos roba» o que el «Catalunya nos roba» basado en un cálculo tan manipulable como es el de las balanzas fiscales. Si de verdad alguien quiere cambiar el sistema de financiación de Catalunya para igualarlo en resultados al de las comunidades forales, debe apostar por la negociación técnica y no por la gesticulación mediática. Y los que saben que se necesita un nuevo sistema de financiación deben reconocerlo al margen de que sea ahora un partido catalán el que lo ponga en la agenda legislativa de los gobiernos de Madrid y de Barcelona.