Acuerdos necesarios

El Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años caducado y hasta ahora todas las negociaciones para renovarlo han sido infructuosas. El PP y el PSOE, los partidos imprescindibles para conformar la mayoría necesaria, han sido incapaces de ponerse de acuerdo y han acabado convirtiendo el CGPJ en un campo de la batalla partidista. El PP primero se negó a renovar el órgano si antes no se reformaba la ley orgánica del poder judicial para dar mayor protagonismo a los jueces en el nombramiento de los vocales, la idea de que «los jueces elijan a los jueces», y luego se desdijo de un acuerdo sobre los candidatos que se había alcanzado tras la llegada del Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido y que en menos de 24 horas saltó por los aires a causa de las críticas de Isabel Ayuso. Mientras, el PSOE y Podemos propusieron una rebaja de las mayorías necesarias que retiraron tras un toque de atención de la UE.

Cinco años de retraso es demasiado tiempo habida cuenta que de este organismo penden los nombramientos y la cobertura de las vacantes en los distintos niveles judiciales y que solo en el Tribunal Supremo los puestos desocupados prácticamente alcanzan un tercio de los totales. Pero no es solo eso, sino que también ha dado lugar a otras situaciones igualmente anómalas como la renuncia de diversos miembros del CGPJ, entre ellos su presidente, para forzar la renovación, o el hecho que tras desdecirse del acuerdo alcanzado con el PSOE el PP propusiese que la Comisión Europea, a través del Comisario de Justicia, Didier Reynders, hiciese de mediadora y que tras tres reuniones bajo un vergonzante tutelaje el acuerdo siguiese sin llegar. 

La polémica entre el Gobierno y el poder judicial, o al menos parte de él, a raíz de la ley de amnistía y de la asunción de la idea de 'lawfare' que de ella se deduce, parece haber actuado como catalizador para agilizar la renovación a partir del momento en que Pedro Sánchez amenazó con reformar de manera unilateral e inmediata el mecanismo las atribuciones del CGPJ en cuanto a nombramientos. Y a pesar del descontento del PP con el órdago, este ha servido para retomar las negociaciones, que, esta vez sí, parecen encaminadas hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo parece haberse conjurado contra las resistencias internas y ha dado la orden de no levantarse de la negociación, posiblemente porque sabe que en estos momentos tiene muchos incentivos para el acuerdo. Alcanzarlo le permitiría demostrar que actúa con criterio de Estado y que dispone de una voz propia no sometida ni a Ayuso ni a Aznar. Y a su vez acallaría las voces que le acusan de no cumplir con la Constitución al tiempo que podría desmentir las sospechas de connivencias interesadas con el poder judicial así como evitar una reforma unilateral por parte del PSOE. 

Los dos grandes partidos siguen siendo los principales protagonistas de la política española y de sus acuerdos depende la buena marcha de sus instituciones. Es muy deseable que desbloqueen la renovación del CGPJ y que emprendan una cooperación que permita renovar otras instituciones igualmente caducadas. No hacerlo no solo es irresponsable y contribuye a su desprestigio, sino que alimenta a opciones políticas demagogas e irresponsables cuyo eventual crecimiento no contribuiría en nada a mejorar ni nuestro sistema ni la calidad de nuestra democracia.