Barcelona quiere instalar más cámaras de vigilancia en las calles para combatir el crimen y la inseguridad

Aunque el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, defiende el "carácter seguro" de la ciudad, apuesta por instalar más cámaras de vigilancia en las calles para combatir el crimen y la inseguridad. Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista a ACN, en la que también ha comentado que la problemática del consumo y el tráfico de drogas en todas sus formas es una de las prioridades del consistorio. "Les hemos declarado la guerra", ha señalado.

El político considera que en la ciudad hay camino por correr e instalar más cámaras de seguridad permitirían luchar "más eficazmente" contra el crimen. Según ha explicado, el consistorio ha pedido aumentar la videovigilancia en las calles "porque es un elemento imprescindible de colaboración con las fuerzas policiales".

A juicio de Batlle, la legislación es "muy garantista" y las cámaras deben ser objeto primero de un procedimiento "muy riguroso" y una aprobación por parte de la Comisión de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

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Batlle ha admitido que la instalación puede tener un coste económico "importante", pero cree que los resultados podrían ser muy positivos. En este caso, lo que pide es incrementar el número de cámaras en algunos puntos críticos donde ya existen, como Ciutat Vella o grandes centros comerciales. En definitiva, cree que es "de sentido común" poner más allá donde hay más actividad delictiva.

Respecto al problema de las drogas, Batlle ha defendido que hay que actuar también sobre los centros de distribución y se ha posicionado "absolutamente en contra" de los clubs cannábicos. "No queremos que Barcelona haga un efecto llamada en los consumidores de la droga", ha dicho, a la vez que ha recordado que Países Bajos o Bélgica están "endureciendo" la normativa.

Para Batlle, los delitos contra la salud pública son el origen de gran parte de la inseguridad. "Es un combate continuo que estamos haciendo tanto desde la Guardia Urbana como desde el cuerpo de Mossos d'Esquadra", ha apuntado. Según ha relatado, los narcopisos eran inicialmente pisos ocupados, pero ahora ha habido un cambio en la "modalidad y la actividad se da en pisos que tienen un contrato de alquiler".

Más de 300 narcopisos cerrados

Desde 2017, se han cerrado más de 300 narcopisos en la ciudad y ahora hay ocho que siguen activos, todos ellos en el distrito de Ciutat Vella. Más allá de las cifras, la actividad se desplaza "con una rapidez alarmante" y preocupa el tráfico de drogas, ha dicho Batlle: "Cierras uno y te pueden abrir otro", ha recalcado.

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Sin embargo, el foco no sólo está puesto en los narcopisos sino también en los clubs cannábicos. El teniente de alcalde ha señalado que no puede permitirse que se desplace "una determinada demanda" de Países Bajos o Bélgica hacia aquí.

Evitar el efecto llamada

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una notificación de cese a una treintena de clubs cannábicos de la ciudad y, si esto no se produce, a partir de septiembre podrán cerrarlos y precintarlos. "No queremos que Barcelona haga un efecto llamada en los consumidores de la droga", ha dicho, a la vez que ha reivindicado que el combate debe ser "integral", contra el consumo, venta y transporte.

En este "combate", Batlle pide el apoyo de las autoridades de los demás cuerpos policiales, pero también cambios legislativos "importantes". Además, ha subrayado que muchas veces detrás del delito hay "causas sociales" que también es necesario abordar. En este sentido, ha apuntado que "cuando fracasan las políticas sociales" una parte de ese fracaso se vierte sobre procesos de marginación que pueden acabar también en la delincuencia.

"No podemos aceptar que la gente salga de fiesta con una navaja en el bolsillo"

Por otra parte, ha defendido seguir haciendo controles de armas blancas e incrementarlos cuando tienen lugar grandes fiestas o eventos, como puede ser Mercè: "No podemos aceptar que la gente salga de fiesta con una navaja en el bolsillo". Sin embargo, ha reconocido que es una decisión "personal" de cada uno y además los cuchillos están al alcance de todos. Por eso, hace un llamamiento a la "conciencia ciudadana" para que no se utilice como objeto de agresión y defiende los controles.

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De hecho, hace valer que la Guardia Urbana de Barcelona "fue la primera policía" que hizo uso de las palas detectoras en cacheos en la calle para evitar la proliferación o el uso de armas blancas. Además, a partir del próximo verano el cuerpo policial dispondrá de una treintena de pistolas eléctricas. Batlle se ha reafirmado en la decisión de dotar al cuerpo de estos dispositivos —que llama dispositivos de conducción eléctrica— y remarca que antes habrá que aprobar un reglamento de uso. En cualquier caso, cree que puede ser la alternativa siempre al arma de fuego, que es "mucho más lesiva".

Batalla contra la multirreincidencia

Sin embargo, el teniente ha defendido el "carácter seguro" de Barcelona y recuerda que buena parte de los delitos son los llamados 'de baja intensidad', como hurtos y pequeños robos, pero no "grandes delitos" como asesinatos u homicidios, que son "muy extraordinarios".

Eso sí, la batalla contra la multirreincidencia de hurtos y robos es uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento: "Debemos decir que a veces nos hemos sentido muy solos". El consistorio, ha asegurado, seguirá insistiendo en que sea posible una modificación legal, al tiempo que se refuercen los juzgados para aumentar la "celeridad". Se ha quejado, por ejemplo, de que los 'juicios rápidos' se estén señalando ahora a casi un año vista y no se celebren en quince días.

De momento, tanto el alcalde Collboni como él mismo se vieron con el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Antes lo habían hecho con los consejeros del gobierno de Pere Aragonés. La intención es que en la vuelta del verano el Ayuntamiento pueda reunirse con los operadores judiciales, el Ministerio y los grupos parlamentarios para hacerles llegar su preocupación, ha precisado.