España necesita entre 600.000 y un millón de viviendas nuevas para dar respuesta al mercado

El problema de la vivienda, que amenaza con ser más acusado cada día si no se actúa ya, requiere de medidas urgentes que pasan por habilitar entre 600.000 y un millón de nuevos pisos para dar respuesta a las necesidades del mercado en los próximos cuatro años, según las distintas estimaciones que se han hecho hasta ahora. Además, para garantizar el acceso a un techo de todos los ciudadanos, se debería sextuplicar el parque público de vivienda, lo que supondría llegar hasta el 9% del total de viviendas que hay en España, cuando ahora es del 1,5% (o del 2% según otras cifras). También habría que dignificar los inmuebles de protección oficial ya existentes, en el que residen en torno a un millón de personas.

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Ese objetivo se complementará con la mejora de los sistemas de financiación para la compra de vivienda, "lo que esponjará el parque de alquiler", ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha anunciado que el Gobierno tiene previsto movilizar para ello 4.000 millones de euros en préstamos a través del ICO. También para aliviar presión, ha anunciado Rodríguez, su departamento está en conversaciones con el ministerio de Ciencia y Universidades "para estudiar una fórmula sobre cómo condicionar que las universidades que se vayan a abrir a partir de ahora lo hagan acompañadas de residencias universitarias", de manera que la bolsa de viviendas de alquiler que ahora ocupan los estudiantes pueda quedar a disposición de otros colectivos.

"Estudiamos cómo hacer que las nuevas universidades construyan residencias para liberar así alquiler de corta duración"

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Rodríguez, que este jueves ha participado en un debate del Cercle d'Economia, después de que la entidad presentara esta semana su propuesta para la creación de un nuevo sistema de alquileres concertados, ha defendido el índice de referencia del precio del alquiler creado por la ley de vivienda de 2023, "como un mecanismo necesario mientras existan zonas tensionadas en tantas ciudades", áreas en las que sus residentes tienen que destinar más del 30% de sus ingresos para pagar el piso. Pese a que el Cercle considera ese tope como "contraproducente, indiscriminado y poco eficaz", en palabras de su director general, Miquel Nadal, la ministra ha defendido que "lo que nos interesa ahora a todos es que una zona tensionada deje de serlo lo antes posible". "No es la única medida prevista", ha subrayado, tras recordar que hay barrios en España donde la vivienda lleva cinco años encareciéndose por encima del IPC, "lo que constituye ya, sin duda, una emergencia".

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Alojamientos de corta duración

Rodríguez ha mostrado su preocupación por fenómenos crecientes como el alquiler de habitaciones, "que se ha quedado sin regular en la ley de arrendamientos urbanos", y que en estos momentos se encuentra en fraude de ley. También ha expresado su inquietud por los alojamientos turísticos y su colisión con el ámbito residencial, "otro sector en el que también se cuela alguna ilegalidad". "Los sectores económicos reclaman vivienda accesible para sus trabajadores o para investigadores que vienen un tiempo a España", ha admitido, consciente del problema que supone conciliar la existencia de este tipo de oferta con la demanda que tienen jóvenes y familias con menos recursos.

No ha estado de acuerdo la ministra, sin embargo, con el diagnóstico del Cercle d'Economia que atribuye la retirada de viviendas del mercado del alquiler al límite de precios establecido por el Gobierno. "La tendencia empezó antes de que se promulgara la ley y se fijase el índice de referencia. Desde 2019, se están retirando inmuebles para otros fines, en un volumen que algunas fuentes cifran en el 28% hasta 2023", ha argumentado.

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La ministra ha anunciado asimismo que su departamento va a ponerse a trabajar durante el segundo semestre de este 2024 en la redacción de un nuevo plan estatal de vivienda, que contará con el apoyo de una dirección general de nueva creación, "cuyo primer encargo es realizar un diagnóstico de cómo ha funcionado hasta ahora el sector, porque se están poniendo miles de millones de euros a disposición de las comunidades autónomas y hay que enfocar bien las respuestas". También se ha declarado "en busca y captura de fondos para la rehabilitación" de edificios residenciales, "aunque ya se han hecho 650.000 adaptaciones de acuerdo con los requisitos de adaptación climática que reclama Bruselas".

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La titular de Vivienda ha reconocido finalmente su "ingenuidad al presentar para su aprobación al pleno del Congreso de los Diputados la ley del suelo, que en principio contaba con un gran consenso". El Gobierno optó por retirarla en el último momento, en vista de que no iba a salir adelante. "Fui ingenua porque no tuve en cuenta el furor electoral que había en ese momento, pero confío en que se pueda conformar una mayoría en breve", ha declarado.