El Cercle propone un sistema de alquileres concertados para asegurar el acceso de los jóvenes a la vivienda

El problema de la vivienda no se solucionará haciendo que todos los costes recaigan en el sector privado, como está ocurriendo ahora. Porque el dueño de un piso tiene mecanismos para trasladarlos al arrendatario y porque antes o después dejará de interesarse por ese negocio y retirará su casa del mercado. Visto así, la solución debería llegar por la vía de la concertación, como ocurrió en su momento con la sanidad y con la educación, creando por ejemplo un alquiler concertado. Eso pasa porque los propietarios cedan sus pisos (a un precio por debajo de mercado, pero teniendo garantizado el cobro del alquiler) a las administraciones para que estas las alquilen a familias vulnerables. Esta es la salida que plantea a corto plazo el Cercle d'Economia, que este lunes ha presentado un documento elaborado por expertos colaboradores de la entidad sobre el acceso a la vivienda.

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"En todo caso, lo que está claro que no funciona y que, a medio plazo puede ser contraproducente, es el sistema de regulación de precios", ha advertido Miquel Nadal, director general del Cercle, que reclama al Gobierno y a la Generalitat que dejen de aplicarlo. "Es una política muy golosa, porque parece que protege a los más frágiles, pero estamos viendo que no es así", ha proseguido Nadal. Según la nota de opinión del Cercle, la medida discrimina poco y, al final, está haciendo que los alquileres más bajos estén subiendo, pese a que los altos sí que bajan. "A medio plazo, además, se reduce la oferta de inmuebles, se desvían hacia otras alternativas más rentables, como el alquiler turístico o el alquiler por habitaciones, y empeora el mantenimiento del piso", avisa el director general de la entidad empresarial.

Ahorro para las administraciones

La propuesta de un alquiler concertado "supondría asimismo un ahorro para las administraciones, que dispondrían de viviendas dignas para realojar a las personas vulnerables sin tener que destinar presupuestos fijos para albergarlos en hostales o pensiones, como pasa ahora", ha indicado Nadal. Así, en el caso de Barcelona, si el Ayuntamiento pagase 400 euros al mes a un propietario por disponer de su piso, "eso serían 5.000 euros al año para asegurar un alojamiento a una familia, cuando ahora se están destinando unos 15.000 euros anuales por núcleo familiar, o lo que es lo mismo, 35 millones de euros al año en total".

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Los dueños de los pisos obtendrían, por su parte, la garantía de cobro del alquiler, algo que ahora, en algunas ocasiones, pueden no tener asegurado. El documento propone también la creación de un marco de ventajas fiscales para los jóvenes, como en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), y avales para solicitar préstamos hipotecarios. De cara a los propietarios, apuesta también por "un mecanismo de garantías públicas para el cobro de alquileres, porque es el Estado, y no el sector privado, quien en definitiva debe de hacerse cargo de las familias que no tienen los recursos", ha proclamado Nadal.

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Ya más a medio plazo, el Cercle considera importante ampliar el parque de pisos de protección oficial, "durante periodos largos de tiempo", y agilizar las licencias urbanísticas, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de modificar algunos planeamientos que permitieran transformar zonas de oficinas y servicios en residenciales.

Las propuestas recogias en la nota de opinión, que concluyen en lo muy necesario que es que se suscriba un pacto para facilitar el acceso a la vivienda, en el que participarían tanto el sector público (administraciones central, autonómicas y locales) y el privado ( sector financiero, promotores y gestores) como los partidos políticos, se presentará este jueves a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudirá a Barcelona para participar en una jornada del Cercle, ha subrayado su presidente, Jaume Guardiola.