El delegado del Gobierno pide a Orriols un informe de las solicitudes de empadronamiento en Ripoll que rechaza

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha ordenado a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que le entregue antes de 20 días hábiles un informe sobre cómo el ayuntamiento empadrona a las personas que no pueden demostrar un domicilio o que viven en infraviviendas. Lo hace en una carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO a raíz de la entrevista en la que la líder de Aliança Catalana afirma que no empadronará a nadie que viva en un lugar insalubre, incumpliendo de esta manera la normativa estatal, que prevé el padrón social para aquellas personas que viven en habitaciones o que no tienen lugar donde vivir.

"Detalle las solicitudes desestimadas por este consistorio y los requisitos exigidos a los habitantes de su municipio", reclama la carta de Prieto

La carta de Prieto, que se ha enviado este martes al Ayuntamiento de Ripoll, es la segunda que se produce este año en relación a cómo este municipio gestiona el padrón. Esta vez, pide dicho informe sobre cómo se gestiona el padrón social, pero además le reclama concreciones. "Detalle las solicitudes que hayan sido desestimadas por este consistorio y los requisitos exigidos a los habitantes de su municipio", señala la carta a la que ha tenido acceso este diario.

La ley deja claro que las personas que vivan en lugares insalubres deben constar en el padrón y es responsabilidad del consistorio tramitar cómo se hace

Fuentes de la delegación sospechan del fraude al que se refiere Orriols en los empadronamientos que ha desestimado. En la entrevista, la alcaldesa afirmaba que ha "desempadronado a personas que estaban haciendo uso fraudulento del padrón". El delegado ya avisó en una entrevista a este diario de que iba a estar atento al proceder de Orriols para que su discurso xenófobo no afectara al proceder de la Administración.

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Hace menos de 48 horas que Orriols se jactó en una entrevista con este diario de incumplir la legislación sobre el empadronamiento. "No voy a empadronar a nadie debajo del puente, en una cueva o en algún lugar insalubre. Es lamentable que la Administración consienta que se hagan estos tipos de empadronamientos", decía la también diputada en el Parlament y líder del partido ultra Aliança Catalana.

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La legislación deja claro que las personas que vivan en lugares insalubres deben constar en el padrón, y es responsabilidad del consistorio tramitar cómo se hace. "Las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, e incluso la ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón municipal", dice la resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local sobre el asunto.

El reglamento

En la carta de Prieto, de hecho, se ha transcrito parte de este documento, para exigir a Orriols su cumplimiento. "Mi deber es recordarle la vigencia de la resolución", le dice el delegado a Orriols. "El padrón es un registro administrativo cuyo objeto es reflejar el domicilio donde vivan las personas. Y su obligación es dar fe de un hecho objetivo que no puede quedar distorsionado", indica Prieto. "Los datos contenidos en el padrón deben concordar con la realidad", sigue la misiva.

Tras la primera carta que envió Prieto, Orriols se retractó y empezó a empadronar a las familias que llevaban más de dos meses esperando el trámite.

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Las palabras de Orriols, de negarse a empadronar a quien no tiene un contrato de alquiler o escrituras de propiedad, también han enervado a la Generalitat. "Si esto que dice la alcaldesa (que no empadronará a nadie que viva en un lugar insalubre) se atreve a ordenarlo por escrito es prevaricación", advertía Adam Majó, director general de Derechos Humanos de la Conselleria de Igualtat i Feminismes.

Las consecuencias

Esta decisión no es menor. En muchos casos, bloquea la posibilidad acceder a la atención sanitaria gratuita, la vacunación de los menores, los procesos de escolarización y la participación en las extraescolares de muchos niños, adultos y ancianos. De hecho, tras la publicación en este diario de estas políticas de Orriols, el Govern activó sus servicios territoriales para garantizar los derechos más básicos, especialmente de menores y personas dependientes, en relación a Salut, Educació y Drets Socials independientemente de si tenían el empadronamiento aprobado. También la Síndica de Greuges se movilizó, al igual que el delegado del Gobierno en Catalunya. Incluso la Comisión Europea pidió explicaciones.

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Pero Ripoll no es una excepción. El último sondeo de las entidades sociales cifró en más de 30 los pueblos y ciudades en Catalunya que se saltan la normativa con prácticas similares a las que usa la alcaldesa de Aliança Catalana. La Generalitat está tratando de pactar un proceder común que evite estos casos, pero por el momento son una minoría los alcaldes que se han unido a la propuesta. Barcelona, una de las pocas ciudades que sí empadrona a quien no tiene título habilitante, da cobijo a más de 46.000 personas, aunque el nuevo proceder de la Administración de Collboni ha enervado a muchas entidades sociales.