Discriminación

Denunciadas las trabas al padrón de la alcaldesa de Ripoll ante la Fiscalía de Odio y Discriminación

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Los hijos de Brahim Bounash y Fatima Boyzgarne no van a la escuela porque el ayuntamiento de Ripoll no permite empadronarles.

Los hijos de Brahim Bounash y Fatima Boyzgarne no van a la escuela porque el ayuntamiento de Ripoll no permite empadronarles. / JORDI OTIX

Elisenda Colell

Elisenda Colell

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La fundación Ibn Battuta ha denunciado ante la Fiscalía de Odio y Discriminación de Barcelona los impedimentos que la alcaldesa de Ripoll y diputada al Parlament, la ultraderechista Silvia Orriols, impone para empadronar a los ciudadanos recién llegados a su municipio. Unas prácticas que destapó EL PERIÓDICO hace seis meses. "Obedece a un fin claramente discriminatorio y xenófobo", mantiene la denuncia, que ya ha sido presentada ante el ministerio fiscal para que inicie una investigación. A pesar de los requerimientos de la Síndica de Greuges, la Generalitat y la Delegación del Gobierno en Catalunya, es la primera vez que este caso llega ante la justicia.

La fundación Ibn Battuta –dedicada a la divulgación cultural y social entre los países árabes y Europa– ha acreditado ocho hogares de Ripoll, entre los cuales se cuentan seis menores y varias personas enfermas, que no han conseguido empadronarse o lo han hecho con demoras innecesarias. Una política "discriminatoria", según la entidad, que obedece al hecho de que Orriols demora hasta tres meses el trámite del empadronamiento para quienes cuentan con toda la documentación en regla, y lo impide a los que no la tienen.

"Afecta de manera directa a los migrantes, poniendo cortapisas y convirtiéndose en una odisea, una mera gestión administrativa, a pesar de presentar la documentación requerida para el trámite, dando lugar a dilaciones injustificadas poniendo en duda únicamente al colectivo migrante", sigue el texto presentado y al que ha tenido acceso este diario. El texto reprocha que Orriols obliga a las personas migrantes a vivir en la "absoluta vulnerabilidad social" y las desprovee de asistencia sanitaria, educación o trámites como la autorización de residencia o la reagrupación familiar, como ya constató la investigación de este diario.

La denuncia también adjunta las declaraciones a través de las redes sociales en las que Orriols reconocía públicamente y presumía de aplicar esta praxis. Unos hechos que esta entidad considera que se ajustan al delito de odio y discriminación, según el artículo 510.1.3 del Código Penal.

Además, la entidad social también ha adjuntado declaraciones públicas de Orriols en las que, consideran, "incita a la islamofobia", "creando un ambiente de tensión y malestar y generando confusión directa contra los marroquís, sintiéndose estos constantemente mal tratados y mirados por su origen y religión, provocando una mal irreparable y privándoles de la dignidad", explican en el documento que han hecho llegar a la Fiscalía.

"El fascismo del siglo XXI se llama islamismo", "El islam es una amenaza para la civilización occidental", "Quien quiera sacrificios halal, matrimonios forzados, velos islámicos y leyes religiosas que vuelva a su continente" son algunos de los comentarios vertidos en las redes sociales por la cabeza de lista de Aliança Catalana. Entre los comentarios también se cuentan ataques vertidos contra EL PERIÓDICO y los reportajes que explicaban su gestión del empadronamiento.