Sílvia Orriols se jacta de incumplir la ley del padrón: "No empadronaré a nadie que viva en un lugar insalubre"

Las personas sin hogar. Quienes viven en habitaciones realquiladas a terceros. Los que lo hacen en viviendas ocupadas, en pensiones o en chabolas. Incluso quienes viven en cuevas o en autocaravanas. "Las infraviviendas pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón municipal". Esto es lo que dice la legislación estatal que regula la gestión municipal del padrón en toda España. Una norma que la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, asume que incumple voluntariamente.

"No voy a empadronar a nadie debajo del puente, en una cueva o en algún lugar insalubre. Es lamentable que la Administración consienta que se hagan estos tipos de empadronamientos", zanja la alcaldesa en la primera entrevista concedida a EL PERIÓDICO, siete meses después que EL PERIÓDICO desvelara las trabas que la alcaldesa ha impuesto en su municipio.

"Si alguien no tiene contrato de alquiler ni título de la propiedad... no vamos a empadronar. Es su problema, por no tener contrato"

Sílvia Orriols

— Alcaldesa de Ripoll

Brahim Bubash, su mujer y sus tres hijos fueron tan solo un ejemplo del nuevo modelo que Orriols ha impuesto en Ripoll. Desde que llegó al consistorio de la capital del Ripollès, bloquea durante tres meses los trámites que las personas recién llegadas al municipo, mayoritariamente inmigrantes, inician para empadronarse. Esta decisión municipal retrasa la posibilidad acceder a la atención sanitaria gratuita, la vacunación de los menores, los procesos de escolarización y la participación en las extraescolares de muchos niños, adultos y ancianos.

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De hecho, tras la publicación en este diario de estas prácticas irregulares, el Govern activó sus servicios territoriales para garantizar los derechos más básicos, especialmente de menores y personas dependientes, en relación a Salut, Educació y Drets Socials independientemente de si tenían el empadronamiento aprobado. También la Síndica de Greuges se movilizó, al igual que el delegado del Gobierno en Catalunya. Incluso la Comisión Europea pidió explicaciones.

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Pero los casos más graves fueron los de las personas cuya petición de empadronamiento ni se permite entrar a trámite. Como el de los dos hijos de Nazareth y Luis, o Grace y sus dos pequeños. Viven en habitaciones alquiladas por otras personas, pero ni los propietarios de las viviendas ni los inquilinos quieren dar fe ante el consistorio de que estas personas residen en sus casas.

"Vienen a Ripoll a tener acceso gratuito a los servicios públicos. Es un fraude al contribuyente catalán"

El motivo, exponerse a sanciones de sobreocupación, falta de cédula de habitabilidad o la pérdida de ayudas sociales. La ley deja bien claro que aunque alguien no disponga de título habilitante debe empadronarse. Y es obligación de los ayuntamientos encontrar la fórmula para que consten en el registro todos los residentes reales de sus pueblos y ciudades. Pero Orriols asume en público que desacata la norma. "Si alguien no tiene contrato de alquiler ni título de la propiedad... nosotros no vamos a empadronar a esta persona. Es su problema, por no tener contrato", insiste Orriols.

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Estas trabas han extendido las mafias del padrón hasta Ripoll, la mayor ciudad a los pies de los Pirineos orientales, que solían operar en los alrededores del área metropolitana de Barcelona. Hay familias desesperadas que optan por pagar y empadronarse en lugares donde no residen, vistas las barreras que impone el consistorio de Aliança Catalana.

Orriols dice que sus políticas buscan luchar contra estas mafias, pero lo cierto es que son las familias vulnerables quienes han sufrido las consecuencias. "Hemos desestimado empadronamientos y hemos desempadronado a personas que estaban haciendo uso fraudulento del padrón. Con las comprobaciones policiales vemos que vienen a Ripoll a tener acceso gratuito a los servicios públicos. Es un fraude al contribuyente catalán", exclama la alcaldesa.

La realidad catalana es que Ripoll no es una excepción. El último sondeo de las entidades sociales cifró en más de 30 los pueblos y ciudades en Catalunya que se saltan la normativa con prácticas similares a las que usa la alcaldesa de Aliança Catalana. La Generalitat está tratando de pactar un proceder común que evite estos casos, pero por el momento son una práctica minoría los alcaldes que se han unido a la propuesta. Barcelona, una de las pocas ciudades que sí empadrona a quien no tiene título habilitante, da cobijo a más de 46.000 personas, aunque el nuevo proceder de la Administración de Collboni ha enervado a muchas entidades sociales.

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