Las oenegés en Catalunya detectan 37 ayuntamientos que ponen trabas para empadronarse

En Catalunya hay al menos 37 ayuntamientos que ponen trabas para que las personas más vulnerables puedan empadronarse, según el último informe de la plataforma de entidades sociales en Catalunya que se ha presentado este viernes en rueda de prensa. Son pueblos y ciudades que concentran el 40% de la población catalana, desde Ripoll (Ripollès) hasta Alcarràs (Segrià) pasando por Barcelona o Cornellà (Baix Llobregat) y en los que se han detectado trabas, o directamente negativas, que afectan a las personas en riesgo de exclusión social, también niños, y que les impiden poder ir a la escuela, al médico o legalizar su situación en Catalunya.

"Cada vez vemos que son más municipios porque hay impunidad total y porque el discurso de no empadronar a ciertas personas se ve con buenos ojos", ha lamentado lamenta Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres.

No es la primera vez que las entidades sociales dan la voz de alarma sobre las trabas en el empadronamiento en Catalunya. Hace un año presentaron el mismo informe con una treintena de ciudades afectadas. Pero este 2024, después de que EL PERIÓDICO desvelara las trabas impuestas por la alcaldesa ultraderechista de Ripoll, y que la Unión Europea se alarmara, las entidades sociales en Catalunya han decidido agruparse en una plataforma conjunta, Xarxa d'Entitats pel Padró. A las que ya existían, como ECAS, la Coordinadora Obrint Fronteres, CONFAV, la Coordinadora d'ONG Solidàres de Girona i Maresme y el Fòrum de Síndics Locals, se han unido Amnistía Internacional, FEDAIA, La Fede y el Observatori DESCA.

Listado no definitivo

"Hemos detectado siete ayuntamientos más que el año pasado: esto es porque somos más gente que podemos detectar más casos, pero también porque vemos que hay ayuntamientos y políticos locales que sacan rédito de este discurso de expulsión de estas personas, algo que antes no ocurría", ha insistido también la abogada de la fundación Ficat, Laia Costa.

La abogada también ha querido dejar claro que su listado no es para nada definitivo. Faltan los datos de la Síndica de Greuges de Catalunya y muchos otros donde no se registran casos porque los afectados no suelen denunciar si no van de la mano de una oenegé. "Estamos seguros de que hay muchos pueblos a los que no hemos llegado", insistía Costa. De hecho, este diario, durante la elaboración de reportajes sobre el tema, ya detectó un mínimo de 49 municipios que ponen trabas al padrón.

La ley estatal que regula el padrón establece que todas las personas que residen en un municipio deben constar como empadronadas, independientemente del lugar donde lo hagan. Pero cada ayuntamiento hace sus más y sus menos. Por ejemplo, en 10 municipios como Barcelona, Calafell o L'Hospitalet de Llobregat, el ayuntamiento ha tardado más de tres meses en dar una respuesta, rebasando el plazo marcado por la ley.

Barcelona y otros grandes municipios se adhieren al decálogo de empadronamiento de la Generalitat

En una docena de ciudades como Balaguer, Platja d'Aro o Esplugues de Llobregat, existe lo que las entidades llaman 'el bucle de servicios sociales'. "Si no van a servicios sociales no les permiten hacer el padrón, y si no tienen padrón no les permiten acceder a servicios sociales", expone Creixell. Esto ocurre con las personas que no tienen contrato de alquiler ni escrituras de propiedad.

En municipios como Balaguer, Platja d'Aro o Esplugues de Llobregat se da el llamado 'bucle de los servicios sociales'

De hecho, el gran problema sobre el padrón radica en este colectivo de personas. Los que no tienen la capacidad para alquilar una casa y aún para menos comprarla. Afecta a los que viven en habitaciones sin ningún documento acreditativo, en la calle, en chabolas, de ocupas o en naves abandonadas. "Independientemente de cómo vivan, deben constar en el registro de ciudadanos", ha insistido Francesc Mateu, director del Fórum de Síndics Locals.

Cinco meses esperando una llamada: así se accede al empadronamiento sin domicilio fijo en Barcelona

Las entidades han podido probar que las personas sin hogar, los que viven en habitaciones, ocupando, en coches, en caravanas y en locales abandonados han sido excluidos del padrón en Balaguer, Barcelona, Lleida, Martorell, Mataró, Reus, Sabadell, Calafell, Platja d'Aro, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Tremp.

La plataforma denuncia que hay otros casos aún más graves: asegura que tienen comprobado que hay 17 municipios más en los que se deniega el empadronamiento a los solicitantes por motivos de discriminación racial: ya sea por su color de piel, país de procedencia o por no tener permiso de residencia legal en España. Algo que la ley no ampara. "Es muy curioso porque cuando las entidades acompañamos a estas personas, cuando alguien de piel blanca les acompaña, de repente el caso se resuelve", relata Creixell. Otras trabas habituales son obligar a tener citas previas o online o la discrecionalidad y arbitrariedad en función del técnico que atiende al solicitante.

Las consecuencias: sin médico ni escuela

No disponer de padrón, algo que podría afectar a un 4% de los ciudadanos de Catalunya, provoca dificultades de acceso a los derechos más básicos como la sanidad o la escolarización de los menores. "No debería ser así, pero claro que conocemos casos de niños y de familias que no tienen pediatra de referencia porque no tienen padrón o que tienen que esperar más de tres meses para poder llevar los niños al colegio. Es inaudito", se queja Marta Montoya, de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia. "Es una flagrante vulneración de derechos humanos", insiste Júlia Pérez, abogada de Amnistía Internacional.

Las entidades sociales también han afeado la nula voluntad sancionadora, tanto de la Delegación del Gobierno en Catalunya como de la Generalitat para impedir que esto ocurra. "No hemos visto ni una sanción, ni una medida coercitiva para aquellos que sabemos que no cumplen. La impunidad es total", critica Costa. Francesc Mateu, director del Fórum de Síndics, urge a todos los afectados a denunciar sus casos. "Sabemos que es difícil pero debemos mostrar esta realidad, explicar qué está ocurriendo", reclama Mateu, que ha presentado un código de buenas prácticas que debería ser asumido para todos los consistorios.