Educació deja listo para el nuevo Govern el decreto de orientación escolar

En funciones y en plenos acuerdos de PSC con ERC y Comuns para la investidura, la Conselleria d'Educació ha informado a través de un comunicado que deja prácticamente listo el decreto de orientación educativa, un instrumento clave para solventar uno de los problemas del sistema educativo catalán: la falta de orientación al alumnado una vez acaban la etapa obligatoria, carencia que influye en las cifras de fracaso escolar y de abandono escolar prematuro.

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El documento, que según la conselleria "se podría aprobar antes de acabar el año", prevé que todos los centros concertados y en toda la etapa posobligatoria (esto es Bachillerato y Formación Profesional) tengan un orientador y que todos los centros educativos dispongan de un técnico de integración social o de un educador social. La memoria económica para trasladar el decreto del papel a la realidad prevé una inversión de 232 millones de euros durante siete cursos escolares, hasta el curso 2030-31, con el objetivo final de alcanzar una tasa de abandono escolar inferior al 9% en el 2030.

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Catalunya tiene el triste honor de encabezar la lista de autonomías con más jóvenes poco cualificados o sin estudios posobligatorios, pese a que las cifras de abandono escolar prematuro se han reducido notablemente en los últimas décadas, de un 32,9% en 2008 se pasó a un 14,8% en 2021. Una cifra que se dobla entre los jóvenes de origen migrante o procedentes de familias sin estudios.

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La voluntad del decreto de orientación, muy reclamado por la comunidad educativa, es darle la vuelta a esa situación. Por ello, según apunta Educació, el documento busca garantizar una orientación educativa "adecuada y accesible" a todo el alumnado catalán. ¿Cómo? Pues integrando la orientación en el currículum y con actividades complementarias. También prevé sistematizar los procesos de transición entre etapas, con un trabajo pedagógico coordinado entre docentes. Asimismo, contempla que esa orientación se prolongue a lo largo de la vida de los estudiantes.

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Entrando al detalle, el decreto prevé destinar orientadores a centros públicos de Bachillerato y FP, con un total de 492 profesionales. También contempla destinar 128 orientadores a centros de formación de adultos. Estima que estas 620 dotaciones tendrán un coste anual de 30 millones de euros. Por lo que respecta a los centros concertados, se plantea destinar 478 orientadores a la ESO y 80 más para Bachillerato y FP. Esto supondría un coste anual de 27 millones de euros.

Medidas también en primaria

El decreto no se olvida de la primaria. Una de las reclamaciones de los expertos es que la orientación se haga con tiempo, ya desde primaria, no como ahora que, excepto en casos puntuales basados en la buena voluntad de los direcciones, esta orientación se centra en 4º de la ESO y se limita a charlas explicativas y generalistas, nada personalizads, que dejan indiferente al alumnado. Sobre todo a aquel, mayoritario, que con 15 o 16 años no sabe, lógicamente, qué hacer en la vida. Un dato: el 50% del alumnado catalán solo se plantea 10 profesiones, precisamente por el desconocimiento y la falta de orientación.

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Así pues, según recoge el documento de la conselleria que lidera Anna Simó, todos los centros de educación primaria tendrán un técnico de integración social (PIS): habrá 1.468 profesionales para los centros públicos y 548 para los centros concertados. En los de secundaria habrá también un educador social: un total de 705 profesionales en centros públicos y 478 en centros concertados. El coste económico de todos este personal de atención educativa (PAE) es de unos 122,07 millones de euros.

Finalmente, la memoria económica plantea una retribución para la cotutoría. "Es un cambio de model para la ESO, definido como el acompañamiento y apoyo personalizado a cada alumno en todos los ámbitos de su desarrollo". Este acompañamiento o cotutoría irá a cargo de un docente que puede ser o no el mismo tutor del alumno. En caso que el docente asuma la tutoría de un grupo clase y también la cotutoría, sumará los dos complementos salariales. La implantación de las cotutorías implicará una inversión de 32,4 millones de euros para centros públicos y de 7,5 millones para los concertados. Esta es una de las medidas que el grupo de expertos creado para revertir los resultados académicos del alumnado catalán planteó como prioritaria.

El Govern, actualmente en funcions, tiene la intención de trabajar hasta el final en el decreto. Así, tiene previsto encargar un dictamen al Consell d’Educació de Catalunya e informar del mismo a la Junta Central de Direccions. Y dejarlo listo para que, si así lo considera el nuevo Govern, se pueda aprobar antes de final de año.