El Govern reprocha a los ayuntamientos el "miedo" a garantizar el derecho al padrón

El plantón ha sido, como mínimo, decepcionante. Sólo cinco grandes ciudades catalanas han firmado el decálogo elaborado por la Generalitat que describe detalladamente cómo hay que garantizar el derecho al padrón a todos los ciudadanos en Catalunya, independientemente del sitio en el que vivan. "Hay quien no ha firmado porque no quiere, pero hay quien no ha firmado porque tiene miedo, que aún es peor", lamenta Adam Majó, director general de Drets Humans de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.

Hace dos meses Majó citó a los 16 municipios más poblados para pactar el documento de forma consensuada. En la primera reunión hubo importantes ausencias, como la de Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet de Llobregat o Sabadell. Después de publicar el decálogo, Barcelona, Girona, Lleida, Reus y El Prat de Llobregat son las únicas que han aceptado, aunque en las últimas semanas tres municipios más de la demarcación de Girona también se han sumado.

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El decálogo de la Generalitat ha sido la fórmula que ha encontrado la dirección general de Drets Humans para tratar de apaciguar la problemática del empadronamiento en Catalunya. El caso más grave ocurre en Ripoll, donde el ayuntamiento de la líder de Aliança Catalana obliga a todas las personas que pueden demostrar su residencia con un contrato de alquiler o escrituras de propiedad a esperar tres meses hasta que salga su resolución. "Hay que resolver las solicitudes con celeridad", advierte el decálogo de la Generalitat.

Empadronar en lugares ficticios

Pero el texto también resuelve cómo se afronta el problema mayúsculo de aquellos que viven en lugares insalubres o inseguros. Desde habitaciones realquiladas sin contrato hasta las caravanas, las chabolas, cuevas, los coches o la calle. El decálogo dictamina que el ayuntamiento debe o bien comprobar sin ningún tipo de coacción el lugar in situ donde viven estas personas o bien empadronarlos en lugares ficticios. "Puede ser el mismo ayuntamiento o cualquier otra dependencia municipal, a través de un informe de conocimiento de residencia", dice el texto.

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El decálogo se sostiene en una idea central. "Prevalece el deber de empadronamiento cuando las personas no puedan acreditar un título de propiedad o alquiler, y el ayuntamiento debe hacer las comprobaciones necesarias para garantizarlo". Esto es lo que no gusta a muchos alcaldes. De las 16 ciudades convocadas para lograr este acuerdo, Terrassa (Tot per Terrassa), Badalona (PP), Tarragona (PSC), Mataró (PSC), Sant Boi de Llobregat (PSC), Manresa (ERC), Tremp (PSC), Tortosa (PSC) se han echado atrás. L'Hospitalet de Llobregat (PSC), Santa Coloma de Gramenet (PSC), Sabadell y Cornellà (PSC) ni siquiera asistieron a los encuentros para llegar a este consenso.

Excusas y sanciones

"El padrón es tan solo un registro que permite acceder a derechos básicos. Los ayuntamientos solo deben hacer constar quién vive en su pueblo. No se debe usar el colapso de servicios sociales para dar la espalda a esta obligación. Tampoco resolveremos el problema mirando hacia otro lado", insiste Majó.

En los últimos días, el Govern ha enviado este decálogo a todos los ayuntamientos catalanes y está dispuesto a reunirse con quien haga falta para explicarlo.

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La alcaldesa de Ripoll, la ultraderechista Sílvia Orriols, ha sido la única en hacer público su desacuerdo. De nuevo, ha vuelto a insistir en que es contraria a garantizar el empadronamiento de todos los residentes de la capital del Ripollès.

Las entidades sociales reprochan que el Govern siga sin sancionar estos comportamientos, y aseguran que habría que imponer algún tipo de sanción a los ayuntamientos que no empadronan correctamente o ponen trabas. Las entidades sociales han contado 37 municipios que lo incumplen.