Arrels rastrea las tarjetas censales para avisar a los afectados del cambio del padrón en Barcelona: "Vamos a ciegas"

El día siguiente de las elecciones toca tirar a la basura toda la propaganda electoral, así como las tarjetas censales que informan a cada ciudadano de dónde le corresponde votar. Pero en la fundación Arrels, especializada en atender a personas sin hogar, están haciendo lo contrario: la están almacenando. "Es la única forma que tenemos para saber quién se verá afectado por la reordenación del padrón del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a ciegas", lamenta el director, Ferran Busquets. Las entidades sociales afectadas han empezado a reunirse para afrontar juntos esta nueva situación.

"Sabemos a quien hemos empadronado, pero no sabemos qué ha pasado después con ellos"

La entidad tiene un centenar de personas empadronadas en su sede. Garantizaron así el padrón social. Pero ahora el consistorio ha cambiado la gestión del empadronamiento sin domicilio fijo y las entidades sociales ya no podrán ofrecer este servicio. Ahora, los empadronados en entidades deberán desempadronarse y volverse a empadronar. Para saber con certeza quiénes son los afectados, Arrels no ha encontrado otra fórmula que revisar toda la correspondencia electoral.

Desde hace más de treinta años, la fundación Arrels fue habilitada por el ayuntamiento como domicilio colectivo: su dirección sirve para empadronar a personas vulnerables. Era la fórmula que, en los 90 y los 2000, se encontró para poder registrar en el municipio a las personas que vivían en la calle. En el mandato de Xavier Trias, el consistorio empezó a aplicar el modelo de 'sin domicilio fijo' para empadronarles en equipamientos municipales, como las sedes de distritos o los servicios sociales. El Gobierno de Ada Colau lo afianzó, multiplicando por diez el número de registrados. Ahora, el equipo de Jaume Collboni está reordenándolo ante el hecho de que el padrón sin domicilio fijo se ha multiplicado por 10 desde 2016.

Los principales afectados por esta redistribución son siete oenegés, entre ellas Arrels. El ayuntamiento les ha enviado una carta en la que les informa de que ya no podrán empadronar a nadie más y que, además, las personas que tienen empadronadas deberan tramitar de nuevo su solicitud. Si no, serán eliminadas del censo.

"Cada año empadronamos unas 10 o 15 personas, no más: en total tendremos un centenar", explica Busquets. Se trata de personas que viven en la calle, en una situación de deterioro grave y de los que la oenegé hace un seguimiento constante. "Para nosotros, todo de lo que se encargue el ayuntamiento mucho mejor. El problema es que hay gente que no irá a recoger la correspondencia en la sede de servicios sociales, que no tiene un seguimiento suficiente... Si están empadronados aquí nosotros nos enteramos y les podemos ayudar", explica Busquets, que teme por el futuro de todas estas personas.

Un listado de afectados

Su reto, ahora, es avisar uno por uno a todos los empadronados para asegurarse que hacen de nuevo el trámite y no pierden su ciudadanía en Barcelona. Las consecuencias pueden ser gravísimas, especialmente entre los que tengan que renovar o tramitar permisos de residencia.

El principal problema de Busquets y de todos sus colaboradores es que no saben quiénes son los afectados. "Sabemos a quien hemos empadronado pero no sabemos qué ha pasado después con ellos: si se han ido, si están en otro domicilio, si han fallecido... Hemos pedido el listado de las personas que están ahora empadronadas aquí pero no nos lo facilitan", se queja Busquets.

Es por ello que la propaganda electoral es su único faro. Toca rastrear las cartas una por una. "A los que sí pueden votar les estamos intentando buscar. Con los que no tienen nacionalidad, que son la mayoría, no sé qué haremos... poner velas, supongo", lamenta el director de la oenegé, que critica abiertamente este cambio de criterio. "Sí no hay otra opción y hay que desempadronarlos de aquí, que no termino de entender el motivo, por lo menos que no les dejen en el limbo", pide Busquets. Es el mismo ruego que hizo la semana pasada la Síndica de Greuges. Esther Giménez-Salinas, pidió por carta a Barcelona que empadrone de oficio a estos 1.700 barceloneses en vez de desempadronarlos de las sedes de las entidades sociales.

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