Los 'síndics' exigen "garantías" para el padrón de los más vulnerables en Barcelona

La Síndica de Greuges de Catalunya y el Síndic de Greuges de Barcelona piden al Ayuntamiento de Barcelona "garantías jurídicas" que "respeten los derechos humanos" en una resolución muy crítica sobre la gestión del padrón sin domicilio fijo en la capital. Este tipo de empadronamiento afecta a las personas más vulnerables que no pueden demostrar la dirección donde viven: personas sin hogar, familias que viven en solares o naves abandonadas o los que hacen en habitaciones realquiladas. Los 'síndics' reclaman cambios estructurales: no puede haber demoras de más de tres meses y no se puede obligar a los ciudadanos a hacer más trámites de los necesarios.

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En las últimas semanas una crisis ha sacudido la relación entre el ayuntamiento socialista de Barcelona y algunas entidades sociales. El consistorio está reordenando la gestión del padrón ya no permite que algunas oenegés empadronen en sus sedes, que no están habilitadas para la pernocta. Esto ha comportado que 1.700 vecinos de la ciudad que viven en condiciones precarias tengan que personarse al ayuntamiento para iniciar de nuevo su trámite de empadronamiento. Una decisión que se toma porque en los últimos diez años el ayuntamiento ha multiplicado por diez las personas empadronadas sin domicilio fijo. Los de Collboni argumentan una demanda exponencial porque las grandes ciudades metropolitanas no ofrecen este trámite, obligatorio por ley.

Ante esta situación, los 'síndics' respondieron con un primer comunicado en el que dejaron muy claro que era el ayuntamiento, y no los ciudadanos, quien debía hacer los trámites necesarios para seguir constando en el padrón. Pero este miércoles han presentado una resolución que va más allá: el ayuntamiento debe incorporar cambios estructurales en la inscripción al padrón sin domicilio fijo que afecta a más de 46.000 personas.

Seis meses para un informe

A día de hoy, cuando una persona quiere tramitar un empadronamiento sin domicilio fijo en Barcelona, debe pedir cita previa. Luego, toca esperar una llamada de los responsables municipales, para acordar un día para ir a ver el lugar donde reside esta persona. Después, los técnicos elaboran un informe, (Informe de Conocimiento de Residencia) dando fe que esa persona reside en ese lugar. Este informe permite pedir otra cita previa para iniciar el trámite de padrón como el resto de vecinos.

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La realidad es que esta llamada para hacer el informe puede tardar más de seis meses en producirse, según admite el propio ayuntamiento a este diario y confirman los 'síndics' por las quejas recibidas. Según los datos municipales, el 65% estas peticiones terminan denegadas. Algunas, por desistimiento. Según los datos facilitados por el ayuntamiento, el 65% de las solicitudes de padrón sin domicilio fijo son denegadas. Muchos de ellos no llegan ni a concretar la visita, a veces porque no son localizables en los tres intentos de llamada. Y hay quien, al no haber estado pendiente de la llamada, ha tenido que reiniciar el mismo trámite hasta en tres ocasiones distintas.

El máximo legal, tres meses

De hecho, los defensores de la ciudadanía consideran que tienen que ser los técnicos municipales los que se encarguen de hacer llegar los informes pertinentes a la oficina del padrón en vez de obligar a los ciudadanos a hacerlo ellos e iniciar el trámite por segunda vez. E insisten que desde la primera petición para este informe hasta la resolución final, afirmativa o denegatoria, del empadronamiento, no pueden pasar más de tres meses. Es lo que dice la ley, que también estipula que de no haber respuesta en tres meses, el silencio administrativo es positivo. Es decir, que las personas quedan automáticamente empadronadas si la administración no da respuesta.

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También cuestionan el modelo de la llamada telefónica para quedar y comprobar la residencia porque dudan que tenga "las garantías para respetar el derecho de las personas". Piden un nuevo protocolo con "plenas garantías". Los defensores no proponen ninguna alternativa, pero hay consistorios que comprueban la residencia enviando una carta postal. Los síndics también ponen en duda el modelo de petición de cita previa, teniendo en cuenta la brecha digital, e insisten que el consistorio debe publicitar en la web municipal este trámite.

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Barcelona no es el único ayuntamiento que nota el aliento de la sindicatura en relación a la situación del empadronamiento. A raíz de la situación en Ripoll destapada por este diario, la institución ha reabierto un estudio sobre los municipios que no garantizan o ponen travas al empadronamiento de los ciudadanos. El último estudio que se realizó localizaba una cincuentena de pueblos y ciudades, aunque las oenegés dicen que este año el problema ha ido al alza. La Generalitat está intentando pactar un protocolo conjunto entre las grandes ciudades catalanas, aunque en el primer encuentro ya hubo importantes ausencias y se puso a Barcelona de ejemplo.