La ley europea de restauración de la naturaleza obligará a España a ser más restrictiva con la pesca y la agricultura

Este lunes se ha convertido en un día de celebración para las entidades ambientales que llevaban meses peleando para que se aprobara definitivamente el reglamento de restauración de la naturaleza, una ley pionera que obligará a los estados miembros a preservar hábitats y a recuperar al menos el 20% de los ecosistemas degradados. Para conseguirlo, España deberá desplegar medidas concretas, con resultados demostrables y ser más estricta con las actividades forestales, la agricultura, la ganadería y la pesca.

Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Greenpeace, WWF, la Xarxa per a la Conservació de la Naturalesa y centros de investigación especializados en biodiversidad han emitido comunicados celebrando la luz verde final: "Aplaudimos que, a pesar de la polarización alrededor del Pacto Verde, uno de los pilares de la legislatura avance con firmeza".

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El grado de ambición del texto se rebajó meses atrás para lograr el consenso en el Parlamento Europeo, pero la negativa de Hungría bloqueó su tramitación, hasta que Austria ha cambiado su posición y ha desencallado la ley. De todas formas, aunque ciertas modificaciones atenuaban las exigencias iniciales, el sector ecologista considera que la aprobación del reglamento supone un "antes y un después" en materia de conservación.

Acciones concretas

¿Qué consecuencias tendrá este reglamento (de aplicación inmediata) en España? El Gobierno deberá ultimar un Plan Nacional de Restauración, en base a unos objetivos muy concretos y verificables que ya están delimitados.

Por ejemplo: se tendrán que restaurar humedales, ríos (con la eliminación de presas y diques), ecosistemas dunares donde ahora hay plantaciones o prados de vegetación marina limitando el acceso a ciertas zonas. Otro aspecto incluido en la nueva ley y que puede afectar a ciudades como Barcelona o Madrid es la obligación de que las ciudades no pierdan espacios verdes. También habrá que demostrar que las acciones tienen consecuencias y que las poblaciones de aves o polinizadores (como abejas y mariposas) mejoran.

Uno de los objetivos es acabar con ciertas presas y barreras fluviales para recuperar los ríos

Las comunidades autónomas, que ostentan las competencias medioambientales, serán la administración encargada de desplegar estrategias que se adapten al texto marco redactado por los estados (dispondrán de dos años de margen para hacerlo). De hecho, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ministerio para la Transición Ecológica ya lleva semanas trabajando en este plan. "Estamos satisfechos porque el reglamento sienta las bases para afrontar la actual crisis de biodiversidad", detalla Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals en la Generalitat.

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Vilahur considera que desde el Departament d'Acció Climàtica, ya se han emprendido algunas acciones para revertir el mal estado de los ecosistemas. "Algunas de las prioridades son los ríos", dice el director general. "La Agència de la Natura, cuando se ponga en marcha, debe servir para ayudar a cumplir con este reglamente", opina Vilahur, en referencia a este órgano polémico que ha indignado a parte del mundo rural y que sigue encallado en Catalunya.

"Estamos satisfechos porque el reglamento sienta las bases para afrontar la actual crisis de biodiversidad"

— Marc Vilahur, Departament d'Acció Climàtica

La normativa europea aprobada este martes será más estricta con la pesca, la agricultura y la ganadería. Las autonomías, muchas de ellas en manos del PP, que ha votado en contra del reglamento, serán quienes deban actuar para que estas actividades económicas no perjudiquen a los hábitats. Ecologistas en Acción ya ha reclamado al próximo Govern de la Generalitat que la restauración se convierta en uno de los ejes fundamentales de la legislatura: "Sin naturaleza, no hay bienestar, economía ni salud".

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