Negociaciones de investidura
Comuns y PSC pactan poner coto al precio del alquiler de temporada y 55.000 nuevos pisos públicos en seis años
El acuerdo, que se prevé cerrar este miércoles, incluye estudiar un "impuesto a la especulación" y la rehabilitación de 150.000 viviendas en siete años para engrosar la bolsa de protección
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Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Con el preacuerdo entre el PSC y ERC visto para sentencia de la militancia republicana, los socialistas esperan poder amarrar de forma inminente y definitiva el pacto con los Comuns, cuyos seis diputados también son imprescindibles para la investidura de Salvador Illa. El grupo liderado por Jéssica Albiach, que ha convocado un consejo nacional para este miércoles, ha puesto la carne en el asador para arrancar compromisos ambiciosos en materia de vivienda y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ha logrado pactar con el PSC un paquete de medidas que van desde una modificación legislativa antes de finales de año para poner coto a los alquileres de temporada, que estarían limitados a solo seis meses, a la incorporación de 55.000 pisos al parque público de vivienda en seis años.
Más techo a precio asequible y normativa para contener el negocio del ladrillo es la filosofía con la que han negociado los Comuns la que consideran que es su carpeta estrella para la alianza de investidura. El preacuerdo entre el PSC y ERC ya contiene la construcción de 50.000 pisos nuevos protegidos entre 2024 y 2030, pero el partido de Albiach ha buscado ir más allá con el compromiso de que el Incasòl, la empresa pública de vivienda de la Generalitat, asuma 15.000 de ellos en cuatro años tras más de una década en la que le afean que "solo se ha hecho cargo de 559".
Poner a cero las mesas de emergencia
Además, según lo suscrito por ambas partes, en una legislatura deberían destinarse 350 millones para 5.000 viviendas más por la vía del tanteo y retracto que servirían para un plan de choque que suponga "dejar a cero" las mesas de emergencia en cuatro años. En la actualidad hay 2.500 personas vulnerables que necesitan urgentemente un piso. El acuerdo aún incluye una fórmula más para alimentar el parque de vivienda protegida menguante por la vía de la rehabilitación de 150.000 pisos en un periodo de siete años.
De hecho, con la vocación de que no se pierdan pisos asequibles, otro de los puntos pactados es que se prorroguen las calificaciones de vivienda de protección en las zonas con mercado tensionado e impedir que pasen al mercado privado. En estos momentos, hay 53.000 pisos en la provincia de Barcelona que pueden perder esa condición antes de 2040 y que con el contenido del acuerdo, de cumplirse, podrían retenerse como vivienda asequible.
Límite al negocio del alquiler de temporada
ERC ha pactado también con el PSC la regulación de los alquileres de temporada para evitar la grieta que permite a los propietarios saltarse el tope de precios fijado por la ley de vivienda con contratos de 11 meses, compromiso que implica recuperar el decreto del Govern de Pere Aragonès que el Parlament tumbó con el 'no' de Junts y la abstención de los socialistas en plena campaña de las catalanas. Los Comuns aprietan más las tuercas con el asunto y han logrado que los socialistas catalanes se comprometan a impulsar antes de 2025 un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se hagan extensivos "los derechos y deberes" de los contratos de larga durada o residencia habitual a los de temporada o por habitaciones. Una modificación que deben registrar de forma conjunta el PSOE y Sumar en el Congreso y que, detallan, incluye el precio regulado, además de una duración máxima de seis meses, para limitar los beneficios que se obtienen con esta tipología de vivienda.
En la línea de rescatar otros decretos que toparon con alguna resistencia de los socialistas, el partido de Albiach también ha suscrito con el PSC que se mantenga íntegramente el decreto para regular y limitar los pisos turísticos, incluido el límite obligatorio de 10 de estos alojamientos por cada 100 vecinos que el PSC trató de hacer optativo pactando con ERC. "Cualquier modificación solo se podrá producir con el acuerdo de las fuerzas políticas firmantes", fija el documento. De hecho, otro de los aspectos consensuados es que la tenencia de pisos turísticos y de alquiler de temporada se considere una actividad económica y que los ayuntamientos puedan decidir zonas en las que no pueda haber este tipo de alojamientos.
Estudiar un impuesto "contra la especulación"
Aunque se establezca solo en fase de estudio, llamativo también es que PSC y Comuns planteen un "impuesto contra la especulación" que siga la senda del modelo de Viena, según el cual se pueda pagar un recargo del 30% por vivienda en la que no se esté empadronado. La resta de acuerdos en esta densa carpeta van del desarrollo del régimen sancionador por incumplimiento de la regulación de los precios del alquiler a la aprobación de un registro de grandes tenedores y un reglamento sobre los pisos vacíos. También darle un espaldarazo a la ley de barrios verdes y la creación de un mecanismo de acompañamiento que replique el de Barcelona para tratar de frenar desahucios de familias en toda Catalunya
Una vez el pacto quede sellado de forma definitiva, no solo habrá una comisión de seguimiento que fiscalice el cumplimiento de todo lo pactado, sino que también se prevé una mesa específica que se haga cargo del marcaje de las políticas de vivienda, la joya de la corona de la factura que los Comuns piensan cobrarse por el apoyo a Illa de sus seis diputados.
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