El juez de la trama rusa del procés denuncia a la policía la interceptación de conversaciones telefónicas

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la presunta trama del procés’, y su esposa denunciaron el pasado 12 de julio en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) la interceptación ilegal de unas llamadas telefónicas privadas con su mujer, según una nota emitida por el mismo magistrado. Dos fragmentos seleccionados de estas conversaciones fueron difundidas por el Diario.Red el 1 de julio con la intención, según el togado, “de atribuir un contenido meramente político a una conversación que carecía completamente de él”.

Nuevos documentos desvelan la supuesta hoja de ruta del jefe de la oficina de Puigdemont para lograr el apoyo ruso

En el audio publicado por el Diario.Red y reproducidos por otros medios tiene una duración de 27 segundos y en ellos se escucha al juez Aguirre decir: “Me dice ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”. En otro corte de voz el magistrado afirma: “Claro, es que será la tumba. Si lo será. Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo”. La noticia difundida por ese medio fue utilizada a los pocos días por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, para volver a recusar al magistrado que investiga la trama rusa del procés y el que figura el propio letrado, entre otras 12 personas, como investigados.

El juez y su mujer aseguran que tras escuchar los audios han reconocido “con claridad” la voz del magistrado. Tras consultar el registro de llamadas de teléfono móvil, los dos denunciantes comprobaron que el tramo del audio sobre la ley de amnistía ha sido sacado de una conversación mantenida el 31 de enero de 2024, alrededor de las 9.45 horas, un día después de que Junts votara en el Congreso esta normativa y que, posteriormente, originó su modificación. El resto de palabras usadas para “conformar” el audio publicado se tratan, sostiene el magistrado, de “frases sueltas extraídas de diferentes conversaciones”, que habrían tenido lugar en los primeros días de febrero del 2024. Esas expresiones “habrían sido insertadas en una misma alocución y fuera de contexto”, prosigue Aguirre, “trasladando una impresión artificial absolutamente alejada de la realidad”.

La segunda recusación

El escrito de recusación presentado por el abogado del expresidente Puigdemont, Gonzalo Boye, expresaba que el juez, “sin duda, es soberano en su fuero interno para pensar, o no pensar, lo que considere más oportuno; pero aquí ya no hablamos del fuero interno, sino de la externalización de sus ideas, sus planes y el uso político que pretende hacer de la presente causa (la de la trama del procés), por una parte, para hacer caer al Gobierno central y, de la otra, para ser él la única carta a jugar: el partido soy yo. Es decir: el juez, lejos de ser imparcial, se convierte en una parte, un partido”.  La primera recusación presentada por este letrado como defensor del jefe de la oficina del Puidemont, Josep Lluis Alay, por una entrevista de Aguirre en la televisión pública alemana fue rechaza por la Audiencia de Barcelona. Este nuevo intento de apartar al juez de la causa se está tramitado.

La publicación de esos audios se produjo ocho días antes de que el juez Aguirre rechazara aplicar la amnistía a los 13 investigados por la presunta injerencia de Moscú en el proceso independentista y añadiera los delitos de traición y malversación de fondos que ya planteaba, otro delito por organización criminal, poniendo en la cúspide de la misma a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, a quienes otorga "el liderazgo y control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos", y que, por ende, quienes podían "suspender" o "modificar" los contactos con los representantes rusos. Esta decisión está recurrida por las defensas. El magistrado, además, remitió al Tribunal Supremo la causa por la condición de aforados de Puigdemont y del diputado de Junts Francesc Dalmases para que, si este órgano judicial lo estima pertinente, asuma la investigación. El alto tribunal está pendiente de resolver si es competente o no para hacerse cargo de las pesquisas.

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