El juez encuentra un resquicio para investigar la trama rusa del 'procés' e implica a Mas y Puigdemont

El juez Joaquín Aguirre ha abierto una nueva causa por un delito de malversación y alta traición por la trama rusa de 'procés' en la que investiga a 13 personas, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas y su sucesor, Carles Puigdemont. Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también figuran como investigados exaltos cargos del Govern, como Elsa Artadi; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; el diputado de Junts Francesc Dalmases; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el empresario ruso afincado en Barcelona Alexander Dmitrenko, a quien España le negó la nacionalidad por sus supuestos contactos con los servicios de inteligencia rusos; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont; dos empresarios y dos periodistas, entre otros.

El nuevo proceso judicial aglutinará todo lo relativo a la trama rusa del 'procés' y permitirá al juez ordenar a la Policía que realice una serie de pesquisas, como revisar los teléfonos móviles intervenidos a algunos imputados y comprobar si se utilizaron fondos públicos para pagar los viajes de avión a Rusia y las estancias. También deberán analizar el informe del Tribunal de Cuentas “acerca de la legitimidad” de los gastos de la oficina del Diplocat en Moscú. El juez expone que, una vez finalice la instrucción, remitirá al Tribunal Supremo la causa sobre Puigdemont y al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la de Dalmases, en ambos casos por su condición de aforados.

El magistrado ha incoado estas diligencias por las “objeciones técnico-procesales” planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando le anuló la prórroga de la investigación del caso Voloh, de agosto del 2023, y, por lo tanto, no podía continuar las pesquisas en este procedimiento.

El enlace de Puigdemont ofreció a Rusia reconocer Crimea a cambio de apoyo a la independencia de Catalunya

Pero ahora ha encontrado un resquicio y ha incoado el nuevo procedimiento a través del caso Catmon/Igman, en el que se investiga la presunta internacionalización del ‘procés’ con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista, dirigidas por Terradellas y Dalmases, y el “soporte financiero de los gobiernos de Rusia y China” a una Catalunya independiente.

El juez Aguirre hace mención a la resolución del Parlamento Europeo para que se investigue la injerencia rusa en la UE y en Catalunya ante los intentos de desestabilización del Kremlin.

Contactos en Barcelona y Moscú

El auto del juez hace un relato de los indicios y pruebas halladas, sobre todo en los teléfonos móviles de los implicados, sobre la presunta injerencia rusa y, en especial, sobre los encuentros de Puigdemont, Terradellas y Alay con influyentes personalidades rusas “cercanas”, recalca el escrito, al presidente Vladimir Putin. Dos de esas entrevistas se produjeron días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, en la Casa dels Canonges, residencia oficial de los presidentes de la Generalitat.

En ellas participaron Puigdemont, Artadi, Nicolay Sadovnikov, un misterioso exdiplomático ruso que había realizado antes misiones encomendadas por el Kremlin, y un supuesto exgeneral del mismo país, Sergei Motin. Este último habría ofrecido al expresident “10.000 soldados” para garantizar una futura Catalunya independiente y 10 millones de euros para “crear” un “paraíso fiscal en criptomonedas”, detalla el auto.

El magistrado recoge en su escrito, de 56 páginas, nuevos indicios para sostener que existió una trama rusa. Pero lo más significativo es la implicación directa de Mas y Puigdemont, así como el hallazgo de un monedero de criptomonedas presuntamente utilizado para la financiación del procés y el interés de dirigentes independentistas por contactar con Oleg Syromolotov, exsubdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), sucesor de la KGB, que se encargaba del DKR, la rama de contrainteligencia de la organización.

Mensaje a Puigdemont: "Situación complicada en Moscú"

El juez sostiene que “Catalunya fue objeto de una campaña de confrontación informativa” durante el 'procés', “una maniobra que no solo estaba destinada a desestabilizar a una potencia occidental” (España), sino a crear “las condiciones previas para lanzar una operación mucho más ambiciosa”. A su entender, con la “existencia de contactos directos con políticos locales de primer nivel y el despliegue de agentes encubiertos”, el caso catalán muestra “paralelismo” con fases iniciales de los conflictos de Crimea y Montenegro, con una campaña de “amenaza híbrida” por parte del Kremlin. “Para la política rusa, el 'procés' era una herramienta perfecta que le podía ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente”, incide el magistrado en su resolución.

“Si el proceso de secesión de Catalunya fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaba una victoria notable para los intereses de Rusia”, precisa el juez. “En el caso de que el proceso hubiera finalizado con éxito y Catalunya hubiera obtenido la independencia (y, así, el apoyo ruso), Rusia hubiera contado con una puerta trasera para desestabilizar la UE“, tanto política como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas.

Burlar los controles económicos

Los supuestos enviados de Rusia ofrecieron a Puigdemont ayuda militar y económica a cambio de una legislación favorable a las criptomonedas y la consecuente “influencia en las estructuras financieras”. Según el juez, con el desarrollo de esta tecnología se “burlarían” los controles “de las autoridades monetarias españolas y europeas a causa de la imposibilidad de su seguimiento por los sistemas transaccionales bancarios tradicionales, y facilitaría la malversación de fondos”.

En esa trama sitúa el juez a los 13 investigados. A Mas lo conecta con Terradellas, que era responsable de relaciones internacionales de CDC. “La intensa línea de trabajo iniciada por Terradellas para lograr contactos al más alto nivel posible en el gobierno ruso no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos, es decir, Artur Mas”, en una primera etapa, y Puigdemont, “desde que fue investido” presidente de la Generalitat.

El magistrado apunta que los enviados del Kremlin ofrecieron a Puigdemont ayuda para crear un sistema de criptomonedas y burlar los estamentos financieros

Terradellas se reunió en septiembre de 2017 con Serguéi Markov, exdiputado por el partido oficialista Rusia Unida y cercano a Putin, a quien le ofreció reconocer la anexión de Crimea a cambio de apoyo a la independencia de Catalunya. Para conseguir esa entrevista, el ex de CDC, dijo a un intermediario que quería darle un mensaje en nombre del presidente de la Generalitat, entonces Puigdemont. Ese viaje fue gestionado por Dalmases.

El liderazgo de las acciones

Tanto uno como otro, subraya el magistrado, “tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos, disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusa, cuyos intereses eran contrarios al Estado español”.

Los contactos los realizó primero Terradellas y después Alay (viajó tres veces a Moscú), que “actuaban como instrumento al servicio de una línea de trabajo estable” y, según el juez, decidían “cómo y con qué personas para contactar para conseguir el objetivo: apoyo y reconocimiento internacional (ruso en este caso) de un estado catalán independiente”. En esta estructura, el togado sitúa a Gonzalo Boye, del que detalla que se “ha demostrado” su “participación intelectual” en el establecimiento de las conexiones con la Administración rusa y “de la estrategia política y comunicativa” favorecedora a este país.

A Terradellas también le vincula el juez con las criptomonedas, operación en la que involucra, además, al empresario Jordi Sardà Bonvehí (fue el facilitador de algunos contactos en Rusia, sobre todo Nicolay Sadovnikov) y a Zeus Borrell Gil, que estaría detrás de la misma.

En una conversación de marzo de 2018 entre Terradellas y Sardà se hace mención a 500 bitcoins, que entonces,eran unos 3,4 millones de euros. Y más tarde, Sardà informó de que se había realizado una prueba en Dubai en la que habría participado él, Sadovnikov y el mencionado Borrell. En otra conversación, Terradellas afirma, sobre una posible transacción de bitcoins, que se lo comunicaría a “el nen”, en referencia a Puigddemont, e incluso ofrece un monedero de criptomonedas.