En el Congreso

Podemos mantiene el pulso con el Gobierno y deja en el aire el decreto anticrisis

El PSOE se muestra convencido de que la norma saldrá adelante en la votación de este martes

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España).

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A poco más de 24 horas de que el Congreso vote la convalidación del decreto anticrisis, Podemos mantiene el pulso abierto con el Gobierno y deja en el aire la mayoría necesaria para aprobarlo. La condición que plantean para dar respaldar al texto, que incluye rebajas del IVA de los alimentos y medidas de protección social, es la retirada de la rebaja del bono social eléctrico. "O quitan el recorte o no lo vamos a votar", aseguran fuentes de la dirección morada que señalan que seguirán negociando con el Ejecutivo a lo largo de este martes. Aun así, los partidos del Gobierno se muestran tranquilos y convencidos de que conseguirán todos los apoyos necesarios.

"Los votos de Podemos no se van a poder utilizar para hacer recortes y, por desgracia, el Gobierno utilizó una vez más esta estrategia de ir colando distintos recortes allí y allá", ha aseverado la secretaria general del partido, Ione Belarra, tras mantener una reunión con los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun sobre el plan de regeneración democrática. Ante el desconocimiento de qué hará el PP, el voto en contra de los cuatro diputados morados podría implicar que decaigan todas las medidas.

En concreto, la dirigente morada ha denunciado el "desmantelamiento" del bono social eléctrico, ya que los actuales descuentos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos, se mantendrán hasta el 30 de septiembre de 2024 y después se les aplicará una reducción del descuento de 7,5 puntos porcentuales por trimestre, con relación al total de la factura. Así, dentro de un año, esos mismos descuentos estarían en torno al 35% y al 50%. "Para poder contar con el voto a favor tienen que eliminar ese recorte", ha reiterado Belarra, aunque no ha descartado una posible abstención que facilitaría la aprobación del decreto.

Fuentes de la formación morada explican que su objetivo es alcanzar con el PSOE un compromiso de tramitar el decreto como proyecto de ley para poder introducir una enmienda que deje sin efecto esa rebaja del bono social eléctrico. Esto, apuntan las mismas voces, debería ir acompañado de una fecha límite para aprobar dicha modificación. Además, recuerdan que al comienzo de la legislatura ya tumbaron un decreto y que ahora no les temblará el pulso.

El resto de socios

Sin embargo, fuentes socialistas se muestran "convencidas" de que alcanzarán la mayoría necesaria para convalidar el decreto. Ante la incógnita de qué hará el PP, el Gobierno tiene amarrado un acuerdo con EH Bildu, con quienes pactaron introducir la prórroga a la prohibición de los cortes de suministros básicos y la tarifa regulada para calderas comunitarias hasta enero de 2025. Además, fuentes de ERC apuntan que votarán a favor y voces del PNV afirman que no serán "un obstáculo" para que la norma salga adelante. El diputado del BNG, Nestor Rego, también ha dicho que están a favor de mantener las medidas actuales, aunque las consideren insuficientes.

Otra de las incógnitas está en Junts. Los posconvergentes no han querido pronunciarse, pero todo apuntan a que convalidarán el decreto, ya que el Ejecutivo incluyó en este decreto la derogación del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, un precepto que explicitaba que los jueces podían paralizar la aplicación de la amnistía y del resto de leyes mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto fue visto como un guiño del Gobierno a Junts, por lo que resultaría extraño que este martes decidan rechazar el texto.