Todas las claves de la nueva reforma del reglamento del Parlament

El pleno ha aprobado este jueves la reforma del reglamento del Parlament que PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP impulsaron hace un mes y que verá la luz verde en las próximas horas, en cuanto la proposición de ley que recoge esta modificación quede inscrita en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOG).

Se trata de una iniciativa que llevaba varios años pendiente y que estuvo apunto de prosperar en la pasada legislatura, cuando ERC y la CUP presentaron una propuesta que no salió adelante por la convocatoria de elecciones anticipada y la falta del aval de Junts, que pedía más retoques. En esta nueva legislatura, sin la mayoría independentista en la Cámara, ha sido necesario que los tres partidos pactaran con el PSC y los Comuns un proyecto de modficación conjunto.

Estas son las claves de la nueva reforma:

Ampliación de los supuestos para delegar el voto

Los retoques en el nuevo reglamento permitirán ampliar los escenarios a los que se pueden acoger los diputados para poder delegar su voto en los plenos, recogidos en el artículo 94. Hasta ahora estos se limitaban a motivos de baja por maternidad y paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditada. La nueva reforma añade que también se puedan acoger las personas que tengan familiares de primer grado en las situaciones de salud mencionadas, siempre "debidamente acreditadas" y con "respeto al principio de proporcionalidad".

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En la propuesta aprobada también se recoge una disposición transitoria que apunta que "todos los diputados que se encuentren dentro de las causas incluidas en la ley de amnistía podrán delegar su voto", mientras el procedimiento esté abierto ya sea en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Así se pretende blindar el voto a distancia de Carles Puigdemont y Lluís Puig, a quienes les pesa una orden de detención nacional por delitos vinculados al 1-O, y que se encuentran a la espera de saber si finalmente se les aplicará la medida de gracia, después de que el Supremo rechazara hacerlo.

Incorporación del voto telemático

Una de las principales demandas que los partidos independentistas llevan años luchando es la incorporación de la modalidad de voto telemático al reglamento. A partir de ahora, se añade esta clase de voto al artículo 98, que recoge los procedimientos para las votaciones y se incorpora un nuevo artículo (98bis) que regula su uso.

De este modo, podrán acogerse a este voto a distancia las personas que "tengan compromisos de representación institucional del Parlament o la Generalitat en el extranjero, cuando la participación oficial les impida la asistencia a al votación". Todo bajo la supervisión y el dictamen final de la Mesa, que es quien decide si corresponde o no aceptar el voto.

Flexibilización de la cesión de diputados entre grupos parlamentarios

En la actual reforma también se ha acordado flexibilizar el movimiento entre diputados en los grupos parlamentarios, equiparándolo al funcionamiento del Congreso, que permite la cesión temporal de diputados a la hora de constituir los grupos parlamentarios al inicio de la legislatura.

Para hacerlo se ha añadido un apartado al artículo 26, donde se recogen los requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios. Con la incorporación del apartado 26.5, se estipula que los parlamentarios pueden cambiar de grupo durante los cinco primeros días dentro de cada periodo de sesiones.

Una vez aprobada la norma, los grupos han pactado, de forma excepcional, un periodo de diez días para volver a constituir los grupos parlamentarios en esta legislatura y facilitar así que la CUP pueda salir del grupo mixto que comparte ahora con el partido de ultraderecha Aliança Catalana. Los cupaires requerían de un quinto parlamentario -tienen cuatro- para poder constituir su propio grupo, que es mínimo que marca la ley.

Cambios en la mayoría necesaria para hacer declaraciones institucionales

La modificación del artículo 169 sobre declaraciones institucionales permitirá que a partir de ahora estas proclamaciones requerian de una mayoría cualificada de dos tercios y no de mayoría absoluta, como hasta ahora. Se trata también de una demanda exigida por la mayoría de los partidos desde la irrupción de Vox en el Parlament en 2021. Desde entonces se ha hecho imposible consensuar textos de rechazo a la violencia machista, en contra del acoso al colectivo LGTBI u otros asuntos, por la falta de aval de este partido.

Se reafirma así la voluntad de la mayoría de grupos, a excepción del PP, de prolongar el cordón sanitario en la institución contra la extrema derecha -que se selló la semana pasada de forma oficial-, y que en este caso se ha ampliado también en el flanco independentista con la entrada de Aliança.

Asuntos pendientes

Limitación de los discursos de odio

Queda en el tintero abordar la cuestión de la limitación de los discursos de odio en el hemiciclo. El actual reglamento contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación y que genera muchas dudas en el día a día.

Esta cuestión ya se intentó abordar en la pasada propuesta de reforma por parte de ERC y la CUP que no prosperó y se recuperó la semana pasada, cuando los partidos impulsores de la modificación renovaron el compromiso para aislar a la ultraderecha del Parlament y acordaron, por escrito, a retocar la normativa del hemiciclo para que prevea "sanciones en caso de no firmarse el compromiso contra la discriminación y el abuso". La promesa de los partidos está sellada, pero no ha llegado a trasladarse al papel en esta ocasión y queda en el aire cuando se resolverá.

Eliminación del artículo por el que se cesó a Borràs

El texto aprobado definitivamente no contempla la peitción de Junts de eliminar el artículo 25.4 de la normativa parlamentaria, que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción y que sirvió como prerrogativa para suspender hace dos años a la entonces presidenta Laura Borràs.

Se trata de una de las cuestiones que los posconvergentes pusieron encima de la mesa a última hora -cuando se abrió el plazo para poner enmiendas- y que llevaban tiempo reclamando en las conversaciones para la pasada propuesta de reforma que nunca vio la luz.

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