El Consell de Garanties avala la reforma del reglamento del Parlament excepto en una frase "inconstitucional" sobre delegación del voto

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido este miércoles una resolución sobre la reforma del reglamento del Parlament, después de que el PP presentara una solicitud para conocer el dictamen del órgano, al considerar que la propuesta de modificación era inconstitucional.

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Tras analizar la reforma, el Consell ha concluido que, del texto íntegro, solo considera falta de constitucionalidad en una frase del artículo 2 de la propuesta, en la que se añade al artículo 95 del reglamento sobre la delegación de voto un nuevo apartado (95.4) con la siguiente disposición: "El voto de la persona delegante es contabilizado en el mismo sentido que el voto emitido por la persona a quien se delega". 

Modificación del sentido de voto

Según el dictamen del órgano y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la delegación del voto debe efectuarse especificando el sentido del voto de la persona que lo delega. De no respetarse esta premisa, apunta el dictamen, se vulnera el artículo 23.2 de la Constitución española, que defiende el principio de igualdad del ejercicio del voto.

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En su escrito, el CGE propone eliminar esta frase del artículo y reformular la norma para que se mantenga solo la segunda parte del apartado 95.4, donde se cita que, si el sentido del voto de la persona delegante es diferente al de quien lo ejerce, se debe informar a la Mesa antes del inicio de la sesión.

Del resto de peticiones que registró el PP y que considera que no son constitucionales, el Consell ha desestimado por unanimidad que vulneren los artículos citados por los populares. Entre otras demandas, el partido de Alejandro Fernández señala que los supósitos para delegar el voto son demasiado "genéricos e indeterminados" o que la ampliación de las circumstancias para delegar el voto y la incorporación de la modalidad telematica responden a un interés 'ad hoc' para aplicarse a los casos especificos de Carles Puigdemont y Lluís Puig, dos diputados sobre los que existe una orden nacional de busca y captura.

Un dictamen no vinculante

El CGE ha emitido la resolución un día antes de que acabese el plazo para hacerlo y a tan solo dos días de que el pleno vote la aprobación final de la reforma, previsto para el jueves 25 de julio. Sin embargo, el dictamen de este órgano no tiene un carácter vinculante, y tan solo tiene una función consultiva. Si bien inicialmente el Estatut le otorgaba esta condición obligatoria, el TC le retiró en 2010 la capacidad de emitir dictámenes vinculantes después de que el mismo PP lo recurriera al Alto Tribunal.

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Así, la propuesta de reformulación que propone en el artículo 95.4 no obliga a que se lleve a cabo ninguna modificació antes de la votación. De hecho, los partidos que impulsaron la reforma -PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP- tienen la mayoría absoluta en la Cámara y podrán aprobar el jueves la reforma por la vía de lectura única -la más rápida- sin necesidad de consensuar el contenido y a la espera de que se voten las enmiendas presentadas.

La enmienda de Junts por Borrràs

Lo que sí que podrá alterar la votación de esta proposición es el hecho de que Junts presentó una enmienda en el texto para pedir que se elimine el artículo 25.4 de la normativa parlamentaria, que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción y que sirvió como prerrogativa para suspender hace dos años a la entonces presidenta Laura Borràs.

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Los posconvergentes necesitarán el aval del PSC para tirar adelante esta propuesta, que ya intentaron instaurar en la pasada legislatura, cuando negociaron con ERC y la CUP una reforma del reglamento parecida a la actual, que no llegó a prosperar por el adelanto electoral y por falta de una entente entre los tres partidos independentistas. Los votos de los soclialistas podrían ser decisivos para que esta petición prospere, al sumar entre PSC y Junts 77 votos, más de la mayoría absoluta.