La culpa de que no haya vivienda
Esta vez sí es del gobierno, de todas las instancias: autonómica, local y central, y de todos los colores, una vergüenza democrática
Las comunidades exhiben sus diferencias sobre la Ley de Vivienda y abogan por un pacto nacional
Alquileres más caros y menor oferta: así está el mercado un año después de la ley de vivienda
![Archivo - Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España).](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e22f1518-c82d-4681-8a94-28ad114746ad_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Archivo - Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España). / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
Cuando Rajoy fue vicepresidente de España, en 2004, prometió crear 900.000 viviendas protegidas en cuatro años. Avergonzado de que su antecesor, Álvarez Cascos, apenas hubiese construido 52.000 por año. Pero no cumplió su promesa. En 2007 subió la puja y ya eran dos millones de viviendas, de las cuales un 30 % serían de VPO. Ni rastro, a pesar del 'boom' inmobiliario del momento. Pedro Sánchez, en 2019, ante la desidia 'pepera' y de su propio antecesor socialista, viendo la enorme dimensión que iba cobrando el problema, prometió 250.000. Que durante las recientes elecciones de 2023 rebajó a 184.000 viviendas protegidas. Y crear un parque del 20% de vivienda social en 20 años. Imposible, supondría que en las dos próximas décadas 9 de cada 10 viviendas fuesen públicas. La realidad es que, en 2022, apenas se hicieron 10.000 y la mitad del presupuesto para vivienda se quedó sin usar. Al menos ha publicado la ley de la Vivienda, por el momento más épica que práctica. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de la Generalitat de 2017 se comprometía a conseguir en 15 años un 5% del parque de viviendas social. Ni por asomo nos acercamos, ni llegamos al 2%. Un dato doloroso: la Generalitat construyó 112.731 entre 1981-1990 y apenas 17.044 entre 2011-2019. El año pasado solo acabó 2.243 de las cuales 2.046 en Barcelona. El Pla pel Dret a l’Habitatge de la ciudad de Barcelona (2017-2025) prometía 14.039 nuevas viviendas de protección oficial. Y aunque ha doblado las construidas hasta la fecha, tampoco va a lograrlo. Obtener el suelo, calificarlo, construir y adjudicar supone ¡10 años!
Es fácil recopilar en la hemeroteca los incumplimientos. Todos los gobiernos, central, autonómico y local, nos llevan engañando en este asunto. Todas las fuerzas políticas son culpables. Pero en cada campaña electoral se enzarzan en una cínica puja de quién da más. Se les debería poder juzgar por no cumplir su programa. Son los responsables, por este orden: Generalitat, que tiene traspasadas las competencias, desasistidas hasta hace bien poco. Ayuntamiento, que debería proveer suelo y ordenanzas sin el absurdo proceso burocrático actual. Y el Gobierno central, que debería hacer cumplir la Constitución. Qué vergüenza que el franquismo hubiese puesto más énfasis en una cuestión clave como proveer hogares asequibles a los ciudadanos. La democracia española tiene una deuda pendiente que está generando dolor, especialmente entre la gente trabajadora y los jóvenes.
Y no es que flojee la vivienda social, también la libre. En España, según el INE, hay 26,6 millones de viviendas –apenas unas 300.000 públicas– , 18,5 millones son hogares, y 3,8 millones están vacías. El 75% son de compra y el 15% de alquiler. Según el mismo organismo, España va a crecer en 3,7 milores de hogares en los próximos 15 años, lo que supone 247.000 anuales, más que la previsión del propio sector, que lo estima en 200.000. Pero solo se construyen unas 100.000 al año. Y cada vez más gente vive sola –un 25% y se calcula que un 33%, en 15 años–, algunos duplican su residencia y extranjeros que se instalan aquí. Suelo hay mucho, pero urbanizarlo es un drama, un laberinto farragoso. La construcción ha subido sus precios de forma escandalosa ante la presión de la demanda. Comprar está duramente penalizado por las hipotecas, escasas y caras. Y apenas hay oferta de alquiler. Barcelona es la ciudad con porcentaje más alto de España, el 31%. Pero supone al arrendatario destinar casi el 100% del su salario, un promedio de 1.200 €.
Este no es más que otro artículo de los miles que se llevan publicando desde hace décadas, alertando del desfase. El Gobierno convoca reuniones del sector y se hacen comisiones. Que tampoco suelen servir para nada. Al menos afeemos su conducta, por no haber actuado y por mentir con las promesas. Populismo puro. Apreciado ciudadano, ojalá que tengas un piso en propiedad, o que vayas a heredarlo pronto, o que te sobre el dinero, o te toque la lotería, o seas extranjero pudiente. Porque conseguir un cobijo digno va a ser un lujo por mucho tiempo. Aunque desde ahora los políticos cumpliesen sus promesas, lo cual sería insólito, se necesitará un par de generaciones para poder arreglar este desaguisado.
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