Conciertos, entradas y las leyes del mercado

El anuncio del regreso de Oasis a los escenarios, con una gira de 17 conciertos en las islas británicas de la que se han puesto a la venta (y agotado inmediatamente) 1,4 millones de entradas, ha movido pasiones. Incluyendo las que han hecho elevar la polémica sobre los precios de los tí quets a materia de debate regulatorio por parte del Gobierno británico y, si las reclamaciones de algunos eurodiputados son atendidas, de las autoridades de la competencia de la UE. La polémica nace de la política de «precios dinámicos» adoptada por parte de las plataformas de venta de las entradas que han comercializado el aforo disponible, como Ticketmaster. Así, a medida que la demanda y la oferta de entradas disponible evolucionaban (aunque en este caso esta evolución fue un visto y no visto) el precio para el público aumentaba.

Esta forma de fijación de precios, facilitada por las características del comercio online, que permiten controlar al momento los stocks disponibles y ajustar los precios inmediatamente a través de algoritmos cuando la demanda es muy superior a la disponibilidad, no es una particularidad de los eventos musicales. Algo similar sucede con normalidad (a veces para encarecer, a veces para abaratar) con la oferta de billetes de aviones o trenes, o de habitaciones de hotel, o incluso de los libros electrónicos en países como EEUU y el Reino Unido, donde no existe una ley de precio fijo para ellos. Y no tratándose precisamente de bienes de primera necesidad, no debería resultar especialmente escandaloso que se apliquen las simples reglas del mercado, atendiendo a la oferta y la demanda. Hay otros muchos productos, como la alimentación o la vivienda, que satisfacen necesidades primarias (y aun así, ni siquiera en estos casos el control centralizado de precios se ha demostrado como un mecanismo especialmente eficaz para garantizar el acceso asequible a estos bienes).

Otra cosa es que el mercado (y esa debería ser otra regla tan básica) sea transparente, algo que por ejemplo procura conseguir la reciente ley de servicios digitales de la Unión Europea, y que no encubra engaños para el consumidor. Ese riesgo, más que en el mercado primario de las entradas de los conciertos, por muy dinámico que sea, existe más bien en el mercado secundario de la reventa. Aquí hay un argumento válido para los promotores de formas de fijación de precios como las de Ticketmaster: cuando los precios se disparan porque las pocas entradas disponibles tienen multitud de candidatos, si ese encarecimiento se realiza desde el punto de venta inicial, el sobreprecio beneficia a los productores y comercializadores del espectáculo. Si llegase por la vía de la reventa descontrolada, solo beneficiaría a un especulador.

Eso no significa que no haya quien sospeche de hasta qué punto la reventa oficial en plataformas controladas por esos mismos promotores, en principio con más garantías, facilite que parte de los aforos en realidad no salgan a la venta y pasen directamente a ese mercado secundario regulado. O que algunas de los revendedores irregulares estén estafando a sus compradores al vender a precio de oro entradas que quizá no sean finalmente válidas o incluso sean falsificadas. Sin dejarse llevar por el escándalo instantáneo, en estos aspectos sí hay margen para aclarar las condiciones en qué funciona este mercado.