Salvaguardar la independencia judicial

Isabel Perelló: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados”

La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo se estrenó ayer, precisamente, en el acto de apertura del año judicial. En su discurso ante el Rey, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y sus compañeros magistrados, Isabel Perelló quiso situar en primer término la defensa de la independencia de la justicia. No puede sorprender que sea esta su principal preocupación, dadas las interferencias innegables que se han producido durante el agitado proceso de renovación de la cúpula judicial y los momentos especialmente delicados que entraviesan las relaciones entre la judicatura y el Gobierno de Pedro Sánchez, a resultas del enfrentamiento de algunos magistrados con el Ejecutivo y la mayoría política que le apoya. Los asuntos más controvertidos en estos momentos son la ley de amnistía y su aplicación, así como la causa contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pero no son los únicos.

La flamante presidenta del Poder Judicial, con el nombramiento de la cual puede darse por cerrado el bochornoso capítulo del bloqueo de este órgano, realizó en su discurso un llamamiento a los partidos políticos y a los poderes del Estado para que respeten a los jueces. Insistió en este extremo Perelló, quien recordó asimismo que la independencia judicial es «piedra angular de nuestro Estado de derecho». Igualmente, subrayó como vital e irrenunciable la división de poderes. La presidenta del CGPJ fue incluso un poco más allá, abordando casi explícitamente la cuestión de si la diversidad de interpretaciones de la ley de amnistía, al advertir que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico».

Las palabras de Perelló agradaron seguramente a sus compañeros togados, que debieron sentirse reconfortados por la defensa de su autonomía que llevó a cabo la nueva presidenta del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Sin embargo, tanto ella como el resto de los miembros de las cúpulas judiciales deberían ser conscientes, aunque este extremo no apareciera en el solemne discurso de ayer, de que la independencia judicial y la separación de poderes, como elementos preciosos de la democracia que son, deben ser defendidos y robustecidos por todos, también, y, en primer lugar, por los propios jueces. La apelación a los políticos para que se abstengan de intentar manipular la justicia, que encierra una crítica a la conducta de estos, no convierte en innecesario un llamamiento igual de rotundo en sentido inverso. Una apelación a los jueces para que extremen el rigor y hagan un honesto esfuerzo de profesionalidad en beneficio de la autonomía de la justicia y su prestigio y reconocimiento por parte de la ciudadanía, indispensables para el funcionamiento adecuado de nuestra democracia. La batalla que enfrenta a las cúpulas judiciales con el Ejecutivo de izquierdas tiene, como apuntábamos con anterioridad, diversas causas. Pero no parece lógico cargar toda la responsabilidad de las desavenencias exclusivamente al Gobierno o a los partidos. Es decir, a una sola de las partes. Cabe esperar, en este sentido, que la renovación del Poder Judicial sea un factor que coadyuve a serenar los ánimos de todos y que las aguas retomen su cauce y las relaciones vuelvan a la normalidad.