Financiación: consenso y seriedad

Las intervenciones que hicieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aportaron solo algo de luz sobre la nueva financiación de las comunidades autónomas, tras la polémica suscitada por la decisión de conceder un trato fiscal singular a Catalunya. Sin embargo, en ninguna de las dos comparecencias se fijó el impacto económico que esta propuesta tendrá sobre los próximos presupuestos generales. Más importante aún, Sánchez tampoco aclaró cómo puede llevarse a cabo una reforma de tanto calado sin consensos políticos más amplios, que el tono de su intervención no facilita, precisamente. En particular, con el Partido Popular, que gobierna 12 de las 17 comunidades, pero también con algunas de las fuerzas que le dieron su apoyo en la investidura y que recelan del pacto alcanzado con Esquerra Republicana. En el Senado, la vicepresidenta Montero defendió de manera contundente la constitucionalidad del acuerdo con ERC, basándose en el artículo 156.2 de la Carta Magna, que permite delegar competencias del Estado, y aseguró que la singularidad con una comunidad no es incompatible con la igualdad de trato a todos los españoles. Nada hay que objetar a esta teoría, pero pasar de las palabras a la práctica implica una propuesta que permita a todas las autonomías disponer de los recursos necesarios para atender los servicios públicos esenciales que prestan. Con un modelo que, además de justo, debe estar basado en la equidad entre los españoles, y debe ser viable desde el punto de vista de las cuentas públicas. Un extremo sobre el que la ministra aportó pocos datos. 

Hablando un par de horas antes, en el Instituto Cervantes, el presidente Sánchez sostuvo que todas las comunidades autónomas iban a recibir más recursos, de acuerdo, por así decirlo, con sus necesidades, y en todo caso, más de los que recibieron durante los mandatos del PP. Tampoco hay nada que objetar a este objetivo, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y de las necesidades en los últimos años. La cuestión, una vez más, es saber cómo se consigue. Desde el punto de vista económico, sin quebrar las reglas financieras a las que España se debe. Y desde el punto de vista político y territorial, si no existe un consenso suficiente. No será un objetivo fácil. Y debe abordarse con más seriedad que con presiones, deseos o ambigüedades. El debate viene lastrado por supuestas ventajas otorgadas a Catalunya para obtener los apoyos necesarios a la investidura de un presidente socialista. No obstante, por difícil que sea, todos los partidos -empezando por el PSOE y el PP- deberían centrarse en aquello que es esencial para conseguir la mejor financiación posible para todos, con criterios de eficiencia y solidaridad que permitan a los ciudadanos disponer de servicios públicos de proximidad y eficientes.

Después de meses de incomunicación con la mayoría de los presidentes autonómicos, Sánchez anunció su disposición a recibirlos en la Moncloa. Es una buena noticia. Como lo es también que se comprometiera a celebrar la conferencia de presidentes. Las entrevistas y la conferencia deberían servir para huir de polémicas nominales sobre la naturaleza del acuerdo suscrito en Catalunya, y para dar al país un mensaje de confianza y unidad en torno a la necesidad de mejorar los servicios que prestan todas las administraciones del Estado.