La democracia debe seguir su camino

Catalunya tiene ante sí la posibilidad de poner fin a tres lustros convulsos. Los desencuentros, los bloqueos, las exclusiones, los atajos, las movilizaciones y los pleitos pueden quedar atrás. La única mayoría viable tras las elecciones del 12M empieza a tomar forma. El vencedor de las elecciones, Salvador Illa, está en disposición de sumar los 68 votos necesarios gracias a los pactos que ha cerrado con Esquerra y Comuns, si no hay una maniobra extraña de última hora del Jovent Republicà. Es una mayoría surgida de la transacción y construida de manera transparente y transversal. La consulta a las bases de Esquerra, con una participación elevada y nueve puntos de distancia entre el sí y el no pese al clima precongresual de la formación, es un ejemplo de madurez política pese a lo arriesgado de la maniobra.

Las bases de ERC avalan la investidura de Salvador Illa y abren un nuevo ciclo en Catalunya

Lo que corresponde ahora es seguir los procedimientos. Illa debe comunicar al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con los votos necesarios y que opta a la investidura. Y Rull, hechas las consultas pertinentes, debe convocar a la diputación permanente para reunir el pleno. Junto a sus más íntimos sentimientos y sus convicciones políticas, Rull es deudor de su papel institucional y debe ser consciente de que el país no puede dilatar más la espera. Las carpetas se acumulan y pese a que el gobierno de Aragonès está gestionando de manera modélica el periodo de interinidad, la realidad es que no tiene plenas competencias.

Llegados a este punto, queda por ver el comportamiento de Carles Puigdemont que se comprometió a regresar a Catalunya si se convocaba un pleno de investidura aunque no fuera la suya. Si no lo hace, su credibilidad se verá comprometida. Y cuando lo haga, su situación legal es clara por cuanto hay una orden de detención vigente del juez Pablo Llarena al interpretar que el delito de malversación no está incluido en la ley de amnistía. Los juristas debaten si, al no estar acusado ahora de los mismos delitos que lo estuvieron los dirigentes que acudieron ante la justicia en el 2018, el juez tendría margen para tomarle declaración y dejarlo en libertad como hizo con Meritxell Serret y Clara Ponsatí. Con todo, la poca pericia de su abogado puede dificultar que se plantee la cosa en esos términos.

Junts lleva días en silencio. Algunas voces no oficiales aseguran que Puigdemont se presentará en el Parlament y, si es detenido, instará la suspensión del pleno hasta forzar nuevas elecciones. Sería una acción propia de un activista y no de un político que consiguió 35 diputados prometiendo un «bon govern». El que se puede configurar no lo debe considerar bueno, pero será un gobierno legítimo y democrático. Utilizar un atajo para provocar una repetición electoral no es propio de quien aspira a ser un buen gobernante. Puigdemont ha hecho hasta ahora gala de su coherencia para explicar su periplo. Ahora ya ha conseguido, gracias a los votos decisivos de su formación en el Congreso, una amnistía para no dejar a nadie atrás. Y su propia exculpación es una cuestión de tiempo. Misión cumplida. No es el momento de volver a empezar el ciclo anterior. El espacio ideológico de Junts, con amplio apoyo entre los electores, se merece tener representación institucional sin dejar de defender sus ideas fuera, pero también dentro, del Parlament.