Un acuerdo en zona de riesgo

Esquerra ha anunciado un principio de acuerdo con el PSC para votar favorablemente la investidura de Salvador Illa que podría convertirlo en el primer presidente de la Generalitat no independentista desde el año 2010, hace tres lustros. Este pacto tiene que superar muchos riesgos para hacerse efectivo. El más inmediato es que lo refrenden las bases del partido republicano, inmerso en una lucha intestina por el poder que puede dejar en un segundo plano la bondad o maldad de los términos del acuerdo. Además, Carles Puigdemont amenaza con irrumpir en ese debate interno de Esquerra o en un hipotético de investidura y ser detenido por orden judicial, lo que hipotéticamente podría acabar condicionando los votos republicanos. Finalmente, el acuerdo corre el riesgo de resultar inasumible para el propio PSOE tanto por la sensibilidad de algunos de sus votantes como por la presión del PP.

Los negociadores han demostrado hasta el momento ser conscientes de estos riesgos. La discreción de las negociaciones han permitido llegar hasta aquí. La cesión de la primera explicación del pacto a la dirección de Esquerra trata de paliar la inestabilidad actual del partido. Veremos cómo han acordado superar la presión de Puigdemont si llega a producirse su regreso. Y queda por ver si la entereza de la dirección demostrada en la ejecutiva de ayer es suficiente para contrarrestar el malestar que provoca la semántica del acuerdo en los votantes del PSOE.

No hay duda que, desde Catalunya, una parte no menor de la sociedad es consciente de que el camino recorrido en los últimos años no tiene sentido si el PSC no consigue la presidencia de la Generalitat y se abre efectivamente una nueva etapa. Esa parte de la sociedad también comparte la demanda de una mejor financiación de los servicios públicos en Catalunya como ya han manifestado los sindicatos y alguna patronal. Pero hay otra parte de la sociedad que también contempla riesgos como la pervivencia del modelo lingüístico o del debate sobre el denominado conflicto político. El PSC tiene el deber de explicarse.

Pero quizás el riesgo de más calado no es del que más se hable en los próximos días. Si el acuerdo prospera y se hace efectivo, el partido socialista tiene ante sí en los próximos años el reto de construir un modelo territorial de España que no sea solo el resultado de los acuerdos puntuales de investidura con unos o con otros. Para ello será preciso analizar el contenido final de lo que se lleva a aprobación de los parlamentos. España es diversa y plural, como reconoce la Constitución. Y la solidaridad no es una opción sino una obligación. El reto de la política es trasladar esa realidad a la organización del Estado, a las leyes y a las políticas públicas manteniendo la coherencia del conjunto y no haciendo un frankenstein competencial y financiero. El PSC no tiene por ahora otro camino para gobernar en Catalunya y es su deber intentarlo aunque sea asumiendo riesgos. Y la responsabilidad del PSOE es conjugar esta realidad con un modelo territorial que apure los límites de la Constitución sin superarlos, y no vuelva a dejar su aplicación en manos de los tribunales que no quieren ni deben asumir lo que corresponde a la política. El modelo de financiación se puede plasmar en una ley orgánica, pero el cupo sería materia constitucional con las mayorías que requiere. Ese es el límite.