Unión Europea: marcar la pauta, para resituarse en el mundo

El 13 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó por una importante mayoría la Ley de Inteligencia Artificial. Esa norma entra el 1 de agosto en vigor en todo el espacio europeo. Esta normativa quiere regular los sistemas de IA según un criterio sostenido en el riesgo, lo que significa que se aplicaran requisitos diferentes en función del nivel de riesgo evaluado. Su ponente, Brando Benifei, de S&D (grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), describió esta aprobación como un día histórico, puesto que esta norma es pionera en el mundo al ofrecer un marco jurídico horizontal integral en relación con la IA que sitúa a la UE como líder mundial en regulación tecnológica. Y esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que se intervendrá sobre la calidad de los datos ofrecidos, su transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, sobre la supervisión humana ofrecida. Y todo ello en función del nivel de riesgo detectado por cada IA: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo.

Aquellas IA situadas en la primera categoría, la del riesgo inaceptable, estarán prohibidas. Aquí se encuentran aquellos sistemas gestionados por los gobiernos. Así, China se encuentra en el punto de mira. También quedarán altamente controladas las herramientas de escaneo de currículums destinadas a, por ejemplo, selección de personal. El resto de las IA quedará sin regular.

El objetivo no es otro que frenar la total indefensión a la que están sometidos los consumidores ante situaciones de manipulación del comportamiento o la explotación de vulnerabilidades por razón de edad y otras. La incorporación de la IA al mundo del trabajo puede llevar a situaciones como la incorporación de sistemas de reconocimiento de emociones o incluso la selección de personas mediante algoritmo que pueden afectar a los derechos fundamentales, la seguridad de las personas y los principios éticos. 

Una de las principales inclusiones de esta norma de carácter europeo y de aplicación inmediata, puesto que es un reglamento son los efectos extraterritoriales y las multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de los ingresos anuales globales de la empresa afectada, tanto para empresas de la UE, como para aquellas que operen en la UE. Desde la UE se quiere, de este modo, poner en valor, y testar, un poder regulatorio cada vez más tocado como consecuencia de las convulsiones geopolíticas de los últimos años. 

La UE necesita encontrar su lugar en un mundo que cambia a pasos agigantados. Un mundo donde la batalla entre EEUU y China la ha dejado en un segundo, o incluso, tercer plano. Y la regulación de la IA también va de eso. De geopolítica. La mayor o menor capacidad regulatoria que la UE tenga en relación con la IA marcará también el camino de la autonomía estratégica europea en el plano internacional.

Así pues, por un lado, con este innovador reglamento la UE quiere avanzar en la protección de los derechos de sus ciudadanos como consumidores y aquí entrarían también aquellas cuestiones vinculadas con la lucha contra la desinformación, pero también quiere tener una posición preponderante en el ámbito regulatorio para volver a resituarse en un contexto global que la ha dejado relegada a un mero papel de espectadora. 

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