¿Hacia el "buen arreglo"?

La aprobación por la dirección de ERC del preacuerdo para la investidura de Salvador Illa -supeditado aún al voto de sus 8.700 militantes- es una buena noticia. Por varias razones.

La primera es que pese a que la presidencia de Pere Aragonès ha normalizado la Generalitat -recordemos la esterilidad de la era Torra-, el largo conflicto político de más de 10 años ha sido muy negativo. Pese a la división interna entre catalanes y a los choques continuos entre los dos gobiernos, Catalunya ha aguantado. Pero con costes. Uno. En 2023 solo el 13,5% de la demanda eléctrica catalana se cubrió con fuentes renovables, cuando en España superó el 50%. Y ese 50% es el objetivo -hoy quimérico- que marca la propia ley catalana para 2030. Y el cambio climático es la gran prioridad.

Junqueras evita exhibir su apoyo al pacto ERC-PSC pero avisa de que si Illa no cumple le dejarán caer

Es urgente pues un Govern que anteponga lo necesario a las legítimas diferencias. Por eso Catalunya no se puede permitir ir a unas nuevas elecciones en octubre que retrasaría la toma de decisiones. Nadie -ni incluso Puigdemont- se atreve a sostener en público lo contrario. Y las elecciones dieron como claro vencedor al PSC con 42 diputados frente a los 35 de Junts.

La entente entre partidos distintos exige renuncias, como en los países que 'saben' pactar. El PSC y el PSOE deben aceptar una especie de "concierto". Y ERC que esté supeditado al Parlamento español

Las cosas son como son. Una nueva coalición soberanista no podría ni nacer porque el independentismo ha perdido, por primera vez en muchos años, su mayoría absoluta. El pacto entre Puigdemont y el PSC, que sí sumaría, es imposible por sus graves diferencias. Y la suma del PSC con el PP -hoy también impensable- se quedaría solo en 57 escaños. Y Vox no querría apoyar lo que Abascal trata de “gran coalición”, por el apoyo en Bruselas de PP y PSOE a Ursula von der Leyen.

El PSC saca pecho del acuerdo "ambicioso" y "sólido" en financiación y vivienda con ERC y Comuns

La única investidura posible es pues la del pacto PSC- ERC; suma 62 diputados que, con los 6 de los comunes, dan la mayoría absoluta (68). Y con repetición electoral no hay ninguna garantía de una investidura más fácil. 

La segunda razón es que -pese a que unos son constitucionalistas y otros independentistas- ya colaboraron durante la última legislatura con los presupuestos del 2024. Además, con una Catalunya muy plural (el 53% está contra la independencia, pero un 40% la apoya), el pacto transversal entre el PSC y ERC ayudaría a rebajar más las tensiones.

Pero, claro, un pacto entre dos partidos distintos exige renuncias. Es lo que pasa en los países que saben pactar y tienen gobiernos eficaces. Y en financiación autonómica hay entre ellos distancia, pero un punto común. Ambos son muy críticos -como la sociedad catalana- con un sistema en el que Catalunya es la tercera comunidad en aportar recursos al Estado y la décima en recibirlos. Esta realidad -que no justifica la equidad entre comunidades de distinto nivel de renta- ha contribuido mucho a la crisis entre España y Catalunya.

Pero solucionar el problema -olvidando la demagogia de “España nos roba”- tampoco es fácil. El PSC y Sánchez tendrán que explicar porque no querían el concierto vasco para Catalunya y ahora pactan -sin muchas concreciones- algo bastante similar. ERC sabe que el nuevo sistema implicará un gran cambio de la Lofca (ley de financiación autonómica) que deberá tener mayoría absoluta en el parlamento español. Está confirmando así que no cree en la unilateralidad, lo que Puigdemont no deja de reprocharle. 

Claro, el diablo está en los detalles y todo dependerá de cómo queda el cupo catalán y la cuota de solidaridad (la diferencia con el sistema vasco). Pero la financiación propia de Catalunya originará mucha polémica y ruido. Muchas comunidades y no solo del PP -ahí está Castilla-La Mancha- se opondrán de entrada porque temen salir perjudicadas. Incluso se dirá que exigiría una reforma previa de la Constitución.

Y quizás no todos los grupos que apoyaron a Sánchez la votarán en el Congreso. Junts ya ha descalificado el pacto. Hará falta pues mucho trabajo para que “el arreglo” progrese adecuadamente. 

Pero es lo que hay. Complicado. Y no hay otra solución para que Catalunya -y España- no tengan que aguantar otra repetición electoral catalana. Y, aunque sea más discutible, quizás para poder seguir cerrando la crisis entre Catalunya y España que empezó con la gran bronca por el Estatut de 2006, retocado por el Constitucional en 2010 cuando Catalunya ya lo había aprobado en referéndum.   

Suscríbete para seguir leyendo