Un acuerdo histórico que no gusta a todos

Estamos asistiendo estos días a una serie de acontecimientos políticos de primera magnitud, siendo el más importante el acuerdo alcanzado entre el partido del Gobierno y el PP respecto de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Si se tiene en cuenta que llevábamos más de un lustro con la mayoría de vocales caducados, con el consiguiente desgobierno del poder judicial, y con gravísimos problemas estructurales de funcionamiento de la justicia, como la imposibilidad de nombrar magistrados para cargos de gran responsabilidad, este acuerdo constituye un hito para su correcto funcionamiento y no comprendo cómo surgen tantas voces criticándolo, incluso algunos denuncian que se trata de un pacto bipartidista en materia de justicia, cuando han guardado un silencio sepulcral durante estos largos años de colapso del sistema judicial.

Otros afirman que al PSOE y al PP no les ha quedado otro remedio que llegar a un acuerdo, porque la UE les había dado un ultimátum, lo cual, dicen, se puso de manifiesto por la presencia en la reunión de la vicepresidenta Věra Jourová. Esta crítica aún es más superficial, y parte de un desprecio de las instituciones de la UE que, si para algo están, es para velar que los estados miembros garanticen un funcionamiento democrático de sus instituciones y, para ello, es imprescindible la división de poderes, que es lo que este acuerdo histórico permite garantizar, para alegría de los demócratas.

Resulta paradójico, por otra parte, que todos estos críticos del acuerdo no hagan aspavientos frente a la reciente decisión del Tribunal Supremo, que, a solicitud del juez Llarena, ha dictado una resolución afirmando que el delito de malversación, por el que se condenó a los líderes políticos del 'procés', no es amnistiable, pese a lo que dice la ley de Amnistía, bajo la consideración de que aunque los condenados, y Puigdemont igualmente, no se lucraron en sus cuentas, no tuvieron que pagar el referéndum de su bolsillo, por lo que considera que no cabe aplicar la ley de amnistía en estos casos. Incluso Llarena, más imaginativo aún que la Sala Segunda, ha añadido un argumento en el que considera que la malversación ha afectado a los intereses económicos de la UE porque los condenados y Puigdemont a la cabeza, pretendían disminuir el territorio español y, por ende, al territorio de la UE.

Lo que me hace pensar toda esta situación tan novedosa y tan impactante que estamos comentando, es que, pese al intento de Núñez-Feijóo de desmarcarse de Aznar, que prefiere prolongar una situación política con un poder judicial descabezado e inoperante, no para, y por todos los medios de influencia posible que tiene intenta que el poder judicial impida 'de facto' la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento español, o cuanto menos, que esta ley pueda servir de verdad para normalizar la vida política en Catalunya, pues al impedir el regreso de Puigdemont con esta nueva iniciativa judicial, piensan, se va a precipitar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez, que es claramente su único objetivo actual.

La única solución a este conflicto entre el Tribunal Supremo y el Gobierno, que es un conflicto de naturaleza política, la tiene el Tribunal Constitucional, que creo y espero que no tarde en pronunciarse sobre esta trascendental cuestión que impide, por el momento, avanzar en la normalización de la vida política en Catalunya.

Tan explosiva es la situación, de abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunos miembros del Poder Judicial, que el juez Joaquín Aguirre, no satisfecho con reabrir la investigación que llevaba desde hace años de la supuesta trama rusa del 'procés', pese a la orden de archivo que le había dado la Audiencia Provincial de Barcelona, que llegó a calificar sus iniciativas de “sudoku procesal”, ha brindado una gran oportunidad a sus detractores, al ver filtradas manifestaciones suyas grabadas no se sabe por quién, diciendo que él ha tumbado la ley de Amnistía e incluso utilizando expresiones impropias de un magistrado, como “a tomar por culo”. Solo faltaba que Puigdemont se querellara contra él, cosa que ha pasado hoy.

Que alguien pare todo esto.

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