El blanqueo ecológico, un engaño

El 'greenwashing', ecopostureo o ecoimpostura se ha convertido en una forma de engaño o falseamiento de la realidad que afecta a los consumidores y supone una competencia desleal para las empresas comprometidas con la preservación del medio ambiente. Desde la ONU a las diferentes administraciones, se multiplican las iniciativas para combatir el blanqueo ecológico, posible cuando son insuficientes o no existen instrumentos de control efectivos. Son muchos los sectores en los que la publicidad se ha llenado de proclamas ecologistas que, a la hora de la verdad, carecen de fundamento y tienen poco que ver con la realidad.

En términos generales, todas las iniciativas para acabar con el 'greenwashing' apuntan en una misma dirección. La guía elaborada por Naciones Unidas en 2022 establece que «una entidad solo se podrá promocionar como sostenible si tiene un plan real para alcanzar cero emisiones»; la directiva 'ad hoc' de la Unión Europea persigue «garantizar que las declaraciones medioambientales de las empresas sean justas, comprensibles y fiables»; el texto que prepara el Gobierno español se inspira en idénticos principios. Grandes potencias industriales como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia han puesto en marcha sistemas de control y de sanción para lograr que la actividad económica no se haga a costa de degradar el medio ambiente. 

De igual manera, sería una buena noticia que los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales, en los ámbitos que les competen, se sumaran al esfuerzo para controlar y garantizar la sostenibilidad de la actividad empresarial. Lo cierto es que detrás de la economía más próxima en las sociedades de servicios anidan prácticas bastante alejadas de la sostenibilidad, dañinas para el medio ambiente y que, en general, escapan a una fiscalización adecuada y sistemática. La Generalitat reconoce que actuar en ese campo es una asignatura pendiente; Madrid y Barcelona deben afrontar un gran desafío y pueden inspirarse en lo hecho hasta la fecha en diferentes ciudades europeas.

La realidad es que detrás de los eslóganes publicitarios verdes de contenido genérico se esconden con harta frecuencia procedimientos que poco tienen que ver con el compromiso ecológico y la lucha contra la emergencia climática. Cuando Greenpeace señala a grandes empresas de sectores como el de los combustibles fósiles, el agroalimentario y el de la banca como algunos de los más contaminantes no hace más que informar a los consumidores de prácticas contradictorias con los mensajes emitidos por campañas masivas de publicidad, sin que, por lo demás, quepa generalizar, habida cuenta de que en esos mismos sectores son muchas las iniciativas comprometidas con el cambio en la producción y consumo de energía.

Por urgente y necesaria está más que justificada la obligación que, a partir del año próximo, tendrán todas las empresas de más de 250 trabajadores de presentar un informe exhaustivo sobre las emisiones derivadas de su actividad económica, una medida que a partir de 2026 se extenderá a las empresas cotizadas medianas y pequeñas. Todo esfuerzo es poco si se quieren alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2030 y evitar que aumente el parte de daños irreversibles infligidos al planeta a partir de la revolución industrial.