La Barcelona sin apartamentos turísticos

El anuncio de Jaume Collboni que pone en marcha el reloj de la cuenta atrás a la era de la masificación de pisos turísticos en Barcelona en los próximos cinco años ha puesto sobre la mesa escenarios inimaginables solo hace unas horas. Habla de 10.000 licencias, lo que en cuestión de meses tendría que suponer la liberación progresiva de cientos de viviendas una vez sus propietarios salgan del estupor y se pongan a reordenar su negocio y fuente de ingresos: lo que ahora implicaba un trajín de inquilinos, sábanas y toallas y señoras de la limpieza se debería convertir en otro modelo económico. En el mejor de los casos, la liberación de pisos para alquileres de larga duración, que son los más reclamados en los barrios para sus vecinos que quieren emanciparse o han ampliado familia y necesitan una habitación más. En el peor de los casos, alquileres por temporada para 'expats' o estudiantes. Hay otro escenario posible, aún, y temible, el de los que decidan seguir su actividad de manera ilegal, arriesgándose a una sanción si les denuncia un vecino o les identifica un inspector.

El control de las restricciones llegará más adelante, y el protocolo se seguimiento de las nuevas medidas también, aunque siempre hemos ido faltos de inspectores y toda previsión será corta, tanto en ideas como en recursos. El cierre de los apartamentos turísticos podría ser así la piedra de toque del cambio del modelo de ciudad: los barceloneses más jóvenes no tendrán que irse del barrio y de la ciudad por no poder conseguir una vivienda donde emanciparse y establecer su vida, los turistas deberán volver al modelo hotelero convencional en la mayoría de casos, y las comunidades de vecinos podrán reducir sus quebraderos de cabeza, ahora que empiezan a caer derramas económicas en las cuentas comunes para rehabilitar fincas ya antiguas o para adaptarlas a la crisis climática. Una amenaza menos también para los inquilinos que temen las subidas de precios astronómicas espoleadas por la fuerte demanda, y un problema más para aquellos que convirtieron en un empleo muy lucrativo el alquiler por días de una propiedad.  

Que el anuncio de Collboni se produzca la misma semana que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya advertido en una visita a Barcelona de la necesidad imperiosa de regular los alquileres de corta duración en España no es casualidad. La ministra situó en una horquilla de entre 600.000 y un millón el número de viviendas nuevas que necesita el país a cuatro años vista, justamente. Y es que la brecha de la vivienda cada vez es más amplia, un problema que tiene la misma cara en otras grandes ciudades, desde Nueva York hasta Sídney pasando por Londres.

La crisis de la vivienda es, por ejemplo, uno de los factores que pesan contra los conservadores a escasas dos semanas de las elecciones generales en Reino Unido. Uno puede encontrarse en el entorno de la céntrica estación de tren de Victoria a numerosas personas viviendo en tiendas de campaña en la acera mientras a apenas un par de manzanas de distancia, los jardines privados de Eaton Square y las casas con porteros en la acera son la cara complementaria de la bulliciosa y rica Elisabet Street, con sus terrazas donde se brinda con champán a media tarde. 

El problema hace tambalear la estabilidad en numerosos países hasta el punto de que las manifestaciones y protestas se han extendido por las ciudades, ahora dirigidas contra el turismo, ahora contra la falta de políticas sociales para mejorar el acceso a un techo que, recordemos, es un derecho fundamental. Las listas para obtener un piso oficial en Sudáfrica o Australia ya han dado los primeros fallecidos en la larga espera, algo insólito hasta la fecha, y en Nueva York se las ven y se las desean para cumplir las restricciones a Airbnb en un intento de frenar la gentrificación de la ciudad.

La propuesta lanzada por Barcelona tenía que llegar, al fin y al cabo supone el despliegue y aplicación de un decreto de noviembre la Generalitat para limitar los alquileres turísticos en las zonas tensionadas en las distintas localidades catalanas, que son quienes pueden elegir el instrumento más adecuado según sus necesidades, como algunas poblaciones han hecho de forma quirúrgica, centrándose en barrios más complicados que otros, por ejemplo.

El escenario dibujado por Collboni ya ha abierto el melón del problema más crucial que afronta Barcelona, y deberá ir acompañado en breve de iniciativas y medidas de control si no queremos que la prohibición aliente nuevos problemas que dejen en situación vulnerable y de indefensión a inquilinos de microviviendas ilegales, pero en todo caso ya es el paso que tocaba hacia un cambio real del modelo, que ya hace falta.

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