Derecho a una muerte propia

Hace ahora justo dos años, participé, con Las formas del querer, la novela con la que gané el Premio Nadal, en un club de lectura organizado por el SUMMA 112, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Allí, rodeada de profesionales sanitarios, en su mayoría mujeres, me preguntaron, por primera vez en los más de cuatro meses que el libro llevaba en librerías, por la eutanasia, uno de los temas presentes, aunque subrepticiamente, en la trama.

Y, gratamente sorprendida, aproveché aquella circunstancia insólita, ya que era una cuestión que no me habían planteado en ninguna de las numerosas entrevistas que me habían hecho ni había aparecido en las críticas o reseñas publicadas, para confesar que la muerte digna fue motivacional en la escritura de la novela.

Les expliqué que ese fue mi verdadero motor creativo, la razón de que terminara contando aquella historia: la necesidad de dejar sobre el tapete de la opinión pública la eutanasia, de plantear, con la literatura como útil herramienta, una reflexión a nivel social y, por tanto, político. Dicho eso, les agradecí la pregunta y justifiqué la omisión de semejante asunto en la gira promocional que me llevó a recorrer toda España en el papel que este desempeña en la novela, pues es clave en el desenlace de la misma.

“Supongo que temían hacer spoiler y por eso nunca ha salido el tema”, dije. Pero, al cabo de unos segundos, me corregí a mí misma: “Creo que la sociedad aún no está preparada para abordar ese debate, requiere una madurez que no tenemos, todavía no”. En el diálogo que, a raíz de aquella confesión mía, se abrió, una de las profesionales presentes me explicó que ellos, en lugar de muerte digna, preferían emplear una expresión, en su opinión, más acertada, y descriptiva: muerte propia.

Me pareció un hallazgo lingüístico precioso y preciso, y me propuse emplearlo, en adelante, cada vez que me refiriera a ello, sin saber entonces que sólo un año después tendría que enfrentarme a esa realidad en mi propia familia. Quienes hemos convivido con el sufrimiento ajeno, y sin embargo tan propio, desde la niñez; quienes hemos visto a un ser querido gritar de dolor hasta perder casi el conocimiento; quienes hemos escuchado, en una consulta, un diagnóstico letal, definitivo; quienes hemos tenido que aprender a aceptar que hay enfermedades terminales, irreversibles, sabemos que la muerte digna es un derecho tan fundamental como todos los demás.

Por eso, y sin ser yo partidaria ni defensora de los sentimientos identitarios que todos, irremediablemente, tenemos, me sentí orgullosa de ser española cuando, el 25 de junio de 2021, entró en vigor, tras su publicación en el BOE, la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (lo mismo me sucedió, hace unas semanas, el día que el Gobierno aprobó el reconocimiento del Estado de Palestina).

"Buena muerte"

En ese texto legal se hace referencia a la “buena muerte” como significado etimológico del término eutanasia, y se explica que con su aprobación “se busca (…) legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico”.

Además, la mencionada Ley “regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole”. Es, a juicio de la comunidad médica, una norma plenamente garante, ante la que, no obstante, cualquier profesional puede ejercer la objeción de conciencia. Basta con firmar un documento aduciendo razones personales. Desde que un paciente solicita la eutanasia, el proceso normal, sin trabas, suele prolongarse un mes y medio.

“No somos jueces, forma parte del servicio que debemos ofrecer a nuestros pacientes”, me explica una amiga, médico de atención primaria, quien me cuenta, también, que es fundamental una formación adecuada al respecto entre los profesionales sanitarios. Hablo con ella tras conocer la noticia de la muerte de Françoise Hardy (1944-2024). Las dos somos amantes de su música, pero ella no sabía que la artista francesa, que padecía cáncer desde 2004, envió a Emmanuel Macron, presidente de la República, una carta abierta a finales del año pasado en la que le pedía la legalización de la eutanasia.

“Contamos todos con su empatía y esperamos que permita detener su sufrimiento a los franceses muy enfermos y sin esperanza de mejorar, cuando saben que ya no hay alivio posible”, acababa diciendo Hardy, que en una entrevista llegó a describir su vida como “una pesadilla” después de “45 radioterapias, la ausencia definitiva de saliva y la falta de irrigación del cráneo y de toda la zona otorrinolaringológica”.

Su fallecimiento, comunicado en Instagram por su hijo, Thomas Dutronc, mediante un escueto mensaje (“Mamá se ha ido”) y cuyas causas se desconocen, se produjo dos días después de que Macron, tras los resultados de las elecciones europeas, disolviera la Asamblea Nacional francesa, frustrando así la aprobación de la denominada “ley sobre el fin de la vida”.

Es cierto, como cantaba Hardy en uno de sus temas más conocidos, Comment te dire adieu, que es difícil decir adiós, pero “cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico (…), el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado”. Así lo contempla nuestra Ley, esa norma motivo de orgullo, el espejo en el que deberían mirarse otros países de nuestro entorno en los que arrasa la extrema derecha.