Fondos europeos: dos años por delante para terminar de gastarlo todo

Apenas quedan dos años para que España termine de gastar y de prestar los 163.801 millones de dinero europeo (a fondo perdido y en préstamos) asignados al país dentro del ingente proceso de transformación que se impuso como objetivo la Comisión Europea en 2020 para salir de la pandemia con una economía adaptada a los retos de la transición verde y digital y más productiva y competitiva en el contexto global. 

En agosto de 2026 finaliza el plazo de seis años previsto en el mecanismo de los fondos europeos Next Generation EU (NGEU) para que los países hayan gastado todo el dinero a fondo perdido asignado a cada uno de ellos (80.661 millones en el caso de España) y hayan concedido los préstamos blandos financiados por la Comisión Europea (83.140 millones, para el caso español). Todo lo que no se haya gastado o prestado en esa fecha será dinero que habrá perdido España para su modernización.

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Por eso, Bruselas ha apremiado a todos los países a apretar el acelerador de las reformas y las inversiones pendientes en esta recta final. Por eso, y porque esta inyección de dinero es la baza que tienen al alcance las economías europeas para no tener que recortar sus planes de inversión a pesar de las restricciones presupuestarias que se derivarán de las nuevas reglas fiscales a partir de 2025. También ha apremiado esta misma semana el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe en el que advierte de que “a pesar de los avances del porcentaje de pagos de la Comisión Europea, es posible que los Estados miembros no puedan agotar o absorber los fondos a tiempo, completar las medidas previstas antes de que venza el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en agosto de 2026 y, por tanto, obtener los beneficios económicos y sociales previstos”.

Balance mixto

Y hasta ahora, España presenta un balance ambivalente. Por un lado, España puede presumir de haber lanzado convocatorias de ayudas por un total de 68.984 millones hasta el 30 de junio, según los datos de seguimiento del PRTR que el Ministerio de Economía ofrece en su portal 'Elisa'.

Por otro lado, sin embargo, las convocatorias resueltas por las administraciones central, autonómicas y locales a favor de familias, empresas y organismos representan una cifra mucho menor: 40.004 millones. Es la mitad de las subvenciones totales asignadas a España (80.661). "Aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado por las administraciones públicas, es necesario seguir advirtiendo del esfuerzo que aún les queda por hacer para lograr adjudicar los fondos restantes en el poco tiempo que queda para ello", advierte la consultora LLYC en su documento de seguimiento del PRTR publicado en el mes de julio. Fuentes de CEOE interpretan que en estos momentos "la lentitud ya no está en las convocatorias, sino en la adjudicación", y consideran que es urgente desatascar el cuello de botella pues deja a las empresas con muy poco tiempo para ejecutar proyectos de gran envergadura. "Confiamos en que se resuelva. Aún estamos a tiempo. Pero es urgente", resuelven en la patronal.

Según datos de la Encuesta del Banco de España sobre Actividad Empresarial (EBAE), solo un 15% de las empresas encuestadas han realizado alguna solicitud de fondos NGEU, mientras que el 79% ni lo ha solicitado ni planea hacerlo. Las empresas que participan en inversiones ligadas a estos fondos europeos se concentran, sobre todo, en las ramas de información y comunicación, transporte e industria y energía. De todas ellas, aproximadamente el 75% declara que, sin los fondos europeos, no habrían realizado las inversiones o solo habrían realizado una parte.

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La consultora LLYC alerta de que, de las convocatorias lanzadas, existe un remanente de 17.448 millones en subvenciones que no han logrado ser adjudicadas. "Existe el riesgo de que este dinero se quede sin gastar a menos que todas las administraciones, y sobre todo la del Estado, agilicen los procedimientos y, sobre todo actúen con mayor flexibilidad", advierte LLYC. El Partido Popular ha planteado que esta cantidad de dinero, cercana a los 18.000 millones, sea transferida a las comunidades autónomas para una más eficaz ejecución.

Retraso acumulado

El contexto político ayuda poco a una más rápida gestión de los fondos europeos. España, en el último año -en el que se han sucedido seis citas electorales de diverso tipo- ha acumulado un importante retraso en la tramitación de las reformas que han de permitir seguir solicitando a Bruselas los sucesivos tramos de dinero europeo. Y esto obligará al Gobierno a apretar el acelerador, sin que se haya resuelto la fragmentación política que ha ido obstaculizando en los últimos meses algunas de las reformas comprometidas por el Gobierno.

El retraso en la aprobación de los nuevos subsidios de desempleo fue una de las causas que retrasó la entrega del cuarto desembolso de dinero europeo (9.900 millones) a julio de 2024, a pesar de que estaba programado para el segundo semestre de 2023.

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Tampoco se ha pedido aún el quinto tramo (7.000 millones), cuya solicitud estaba prevista para el primer semestre de 2024. La Comisión Europea reclama a España cumplir el compromiso de una reforma fiscal, si bien el Gobierno que esta ya ha sido acometida con diferentes medidas en los últimos años.

La creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es otra de las reformas atascada en el Congreso de los Diputados que, según el calendario previsto, debería estar definitivamente aprobada antes de acabar 2024 para solicitar el desembolso del séptimo tramo (9.000 millones).

Y estos retrasos acumulados auguran, en definitiva, un atasco para cada uno de los seis pagos que restan por recibir hasta el segundo semestre de 2026, por un total de 32.100 millones de euros de subvenciones. Para acceder a ellos, España aún tendrá que cumplir un total de 414 compromisos en estos dos años (158 reformas y 256 objetivos de inversión), en un complicado marco de fragmentación parlamentaria.

En espera de los créditos blandos

Los mecanismos para poner a disposición de empresas y familias los créditos blandos procedentes del mecanismo NGEU están en marcha, pero, de nuevo, con mayor lentitud de lo esperado. La idea inicial del Gobierno era que estuvieran disponibles a principios de año y posteriormente barajó la fecha de después de Semana Santa. A finales de junio, el Ministerio de Economía firmó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) los convenios para empezar a ofrecer 40.000 millones en préstamos europeos. En el momento actual, tan solo una entidad financiera (BBVA) ha anunciado -y no ha sido hasta este mismo viernes- que se ha adherido ya a las líneas del ICO para empezar a ofertar las nnuevas líneasde crédito a partir de septiembre.

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Otra parte importante de los préstamos (20.000 millones) se canalizará a través del llamado Fondo de Resiliencia Autonómica, en coordinación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Gobierno ya está impulsando la puesta en marcha de un primer tramo de 3.400 millones para el que, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había a mediados de junio una cartera de proyectos regionales de inversión públicos y privados por 1.000 millones. Sin embargo, aún no hay noticias sobre su implementación.

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