Uno de cada cinco euros de fondos europeos corre el riesgo de quedarse sin usar

Uno de cada cinco euros de fondos europeos destinados a subvenciones corre el peligro de quedarse sin adjudicar si se mantiene el ritmo actual, según el último informe de la consultora LLYC. La firma, que analiza la gestión del dinero europeo hasta el 30 de junio, sostiene que en las convocatorias y licitaciones ya resueltas se han quedado sin usar hasta 11.144 millones de euros --7.544 millones en remanentes de la Administración General del Estado (AGE) y 3.622 millones de las comunidades autónomas-- que podrían ascender hasta los 17.448 millones, el 21,63% del total de las subvenciones otorgadas a España.

Además, añade el informe, a esta cifra hay que añadir los 4.145 millones en activos financieros y préstamos anteriores a 2024 que la Administración General del Estado (AGE) podrá recuperar, sin tener que reembolsarlos a la Unión Europea. Esto elevaría el dinero sobrante por encima de los 21.000 millones de euros, cuando el total de las subvenciones asignadas a España asciende a unos 70.000 millones, más 10.000 de la adenda al Plan de Recuperación.

No se trata de dinero perdido, sino de un remanente que el Gobierno puede utilizar, como ocurrió en la primera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que se decidió repetir después de que la primera ronda de asignación de ayudas dejara en la caja casi el 75% de los 2.975 millones que se preveían repartir. Pero la consultora advierte de que en este momento existe un problema temporal, dado que todos esos fondos deben estar adjudicados antes del 31 de agosto de 2026, para lo que faltan solo dos años.

"Se trata de cifras muy importantes que el Gobierno español debería tener en cuenta, tanto para incrementar el nivel de eficacia adjudicataria de los programas pendientes como para decidir el destino de los importes no gastados o a recuperar", afirman. La consultora defiende "cambiar la estructura de gasto decidida a priori y aplicar los fondos restantes o remanentes en aquellos destinos donde pueden ser mejor aprovechados". Es decir, utilizar ese dinero para aquellos programas de mayor demanda.

A finales de junio, España había comprometido la totalidad de fondos en forma de subvención que le fueron asignados (70.526 millones) y adjudicado ya más de la mitad (42.642 millones de euros). A esta cantidad hay que sumar otros 10.000 millones de fondos no reembolsables más de la adenda del Plan de Recuperación. Mientras, de los fondos en forma de préstamos reembolsables se han comprometido el 31,9% del total, hasta los 32.524 millones de euros.

Aunque el sector público sigue siendo el mayoritario en el destino de las ayudas, la diferencia con el sector privado se estrecha a un reparto de 44% y el 41,3%, respectivamente. Y con la ejecución de los 10.000 millones de subvenciones que queda, "la finalidad privada puede acabar superando a la pública, ya los Pertes tendrán como beneficiarios preferentes a las empresas".

Distribución autonómica

La participación de las comunidades autónomas en la ejecución de los fondos, que en un principio debía acercarse, al 50% del total disponible, ha ido perdiendo protagonismo hasta el 30% del total de las subvenciones, según los cálculos de la consultora (en la actualidad asciende al 35%).

El criterio utilizado para la distribución ha sido la población, aunque en algunos casos se han establecido correcciones basadas en otros factores. Comunidad Valenciana, Madrid, Catalunya y Andalucía son las comunidades que más fondos han recibido, pero también las que han dispuesto de menos ayudas per cápita (en este caso, el orden es Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Catalunya).

Entre las cuatro regiones citadas acumulan el 56,63% de la población total y solo han recibido el 50,85% del dinero. Mientras, las autonomías más pequeñas (La Rioja, Cantabria, Navarra y Asturias) son las que más fondos per cápita han recibido (en este orden: Cantabria, Navarra y La Rioja) mientras que Asturias ha recibido menos fondos per cápita que Extremadura, con una población algo mayor. Entre las cinco acumulan un 7,6% de la población y el 10,27% de los fondos.

No obstante, la consultora recuerda que en el capítulo de préstamos se ha previsto destinar para su transferencia a las comunidades autónomas un fondo autonómico dotado con 20.000 millones de euros, que supone algo menos del 25% del total en préstamos asignado por la Unión Europea a España y que será distribuido a través de un convenio de estas con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Llegada a la economía real

Por primera vez el informe se hace eco de la llegada de los fondos a la economía real, a través del pago de los mismos, algo que no había hecho hasta ahora porque las administraciones públicas no pueden realizar pagos en efectivo hasta que se reciben los bienes o servicios subvencionados y el plazo de ejecución de los proyectos suele ser superior a los 18 meses.

Pasados dos años desde la primera convocatoria del Plan de Recuperación, la consultora sostiene que mientras los proyectos con financiación autorizada en 2021 ya tienen casi al 100% reconocida la obligación de pago, menos de una tercera parte de los que cuentan con financiación de 2024 la tienen reconocida. Mientras, en el caso del pago en efectivo, se produce con "bastante demora" en relación con el reconocimiento del derecho a cobrar.

Como ejemplo citan los programas de movilidad eléctrica (Moves) y autoconsumo, que fueron "resueltos de forma continua casi desde el principio, pero la complejidad del proceso de justificación ha hecho que, en muchos casos, no se haya producido el pago hasta mucho después de solicitada la ayuda".

En cualquier caso, el pago efectivo va acompasada con la percepción de fondos de la Unión Europea, pues aparecen como pagados hasta final de mayo de 2024 unos 33.000 millones de euros, cuando los desembolsos recibidos por España ascendían a unos 37.000 millones de euros.