Economía pretende desencallar el Defensor del Cliente Financiero en el Congreso para aprobarlo antes de 2025

El Ministerio de Economía aspira a relanzar en las próximas semanas el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una de sus medidas estrella desde hace años y que lleva encallada en el Congreso desde el pasado abril. El propio ministro, Carlos Cuerpo, dio muestras públicas de ello en julio, al mandar un "mensaje al resto de grupos políticos" sobre la "necesidad de ir avanzando y de acordar" el nacimiento de la nueva institución. "Quedó muy cerca de verse aprobada al final de la última legislatura, pero estamos ahora mismo en tramitación en Cortes y esperamos tenerla en funcionamiento antes de final de año", aseguró tras reunirse con patronales bancarias, asociaciones de consumidores y representantes de las personas mayores.  

El Consejo de Ministros aprobó en marzo por segunda vez la creación de la autoridad, que decayó el año pasado a falta de unas semanas para ver la luz a causa de la convocatoria de las elecciones generales de julio. El Ministerio de Economía no esperaba encontrarse con excesivas dificultades políticas para sacarlo adelante: el Congreso le dio luz verde a mediados de mayo del año pasado con 186 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, PDeCat, Compromís, PRC y Coalición Canaria), 46 en contra (Vox) y 95 abstenciones (PP, Junts y Foro Asturias). Si se repitiesen esos bloques, el proyecto tendría ahora 172 votos a favor, 145 abstenciones y 33 en contra. Incluso aunque los populares se unieran ahora a Vox en el rechazo, bastaría con que Junts se mantuviera en la abstención para que hubiera más votos positivos que negativos.

Moneda de cambio

Pese a ello, el proyecto, que fue admitido a trámite por el Congreso el 2 de abril, acumula doce ampliaciones del plazo en que los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas para proponer cambios en el texto aprobado por el Gobierno. Fuentes parlamentarias y bancarias apuntan que se ha visto afectado por el frenazo legislativo provocado por la dificultad del Gobierno para garantizarse los apoyos parlamentarios necesarios a sus iniciativas. La autoridad, sostienen, concita en lo esencial un grado de consenso similar al del año pasado, pero como suece con otros proyectos legislativos, se ha convertido en una "moneda de cambio" de los grupos que necesita el Ejecutivo, como ERC y Junts. 

Este último grupo, además, retomó el pasado diciembre un proyecto de ley para obligar a los bancos a poner cajeros en los pueblos, que también se ha filtrado en las negociaciones pese a la oposición de Economía, que prefiere seguir avanzando por la vía de los acuerdos con el sector. Una vez superados los principales escollos políticos del primer semestre (es decir, aprobada la ley de amnistía y cerrado el ciclo de procesos electorales con la formación del Govern de Salvador Illa), el Ejecutivo aspira a retomar su agenda legislativa, incluida la autoridad. Pero encara la incertidumbre de si podrá sumar el apoyo de ERC y Junts, con ambos partidos afrontando congresos clave en los próximos meses. Los bancos, que se oponen a la creación de la autoridad y han presentado propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios, están a la expectativa.

Compromiso con Bruselas

Con el objetivo de aumentar la presión para que el proyecto salga adelante, la anterior vicepresidenta económica, Nadia Calviño, incluyó el pasado octubre el compromiso de crear la autoridad en la adenda del Plan de Recuperación español, negociada con la Comisión Europea y aprobada por Bruselas, en un momento en que no estaba garantizado que Pedro Sánchez siguiese al frente del Gobierno. Así, estableció que España deberá crear la autoridad antes del 31 de diciembre de 2024 como uno de los hitos obligatorios para recibir los 10.261 millones de euros en subvenciones y 16.632 millones en préstamos del séptimo pago de los fondos europeos en el primer semestre de 2025.

En la primera versión de dicho plan de junio de 2021, el Gobierno había consignado su intención de crear el nuevo organismo de defensa de los clientes, pero no se había incluido como uno de los hitos de obligado cumplimiento. Para cumplir el nuevo hito, la aprobación de la creación de la nueva institución y los desarrollos reglamentarios para la misma deberían estar listos antes de que concluya el ejercicio. Sin embargo, ese plazo se ha diluido en la práctica debido al retraso acumulado en el cumplimiento del plan. El cuarto pago se autorizó en julio, con lo que todavía hay que cumplir los hitos del quinto y sexto desembolsos antes de que sea necesario cumplir los compromisos respecto al séptimo, entre los que está incluido el de la autoridad.