Inversores en renovables recrudecen la guerra contra España y amenazan con forzar pagos por 800 millones

El largo conflicto legal que libra España con fondos internacionales por los recortes a las energías renovables en la década pasada escala un peldaño más. El fondo oportunista Blasket Renewable Investments y otros inversores avanzan para activar en Reino Unido el proceso judicial para declarar en 'default técnico’ (impago) al Estado español, con el consiguiente golpe a la reputación y a la confianza en la solvencia del país. La firma estadounidense recrudece así la batalla legal con España por las indemnizaciones millonarias no abonadas en pleitos internacionales por el ajuste retroactivo a las plantas renovables por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy.

Varios acreedores encabezados por el fondo Blasket han enviado al Gobierno español una notificación prejudicial como paso previo necesario para la próxima puesta en marcha de un procedimiento legal formal para ejecutar y hacerse un bono de deuda español valorado en 237 millones de euros. Una maniobra que podría obligar al Estado español a saldar los pagos de esa deuda pública de inmediato, a pesar de que el bono realmente vence en 2029.

Además, el fondo advierte de que puede ejecutar la misma opción sobre otros tres bonos españoles más, con lo que los pagos forzosos por la ejecución de deuda pública podrían ascender en total a 800 millones. El fondo oportunista de momento sólo amenaza uno de esos bonos de esos cuatro manos y, de la mano del despacho Debevoise & Plimpton, acudirá a los tribunales para impulsar el proceso.

El golpe del ‘default’

Invocar la claúsula de ‘default’, como se conoce al impago en inglés, implicaría que España debe reembolsar inmediatamente el importe principal del bono afectado y los intereses devengados a los acreedores. Blasket ha ido comprando bonos del Estado español con una cláusula de "evento de impago", que permite exigir el reembolso inmediato si existen otros incumplimientos en pagos de deuda oor parte del mismo emisor.

Blasket entiende que el impacto de indemnizaciones reconocidas en las cortes internacionales por unos 1.560 millones del Estado español por laudos por el recorte de las primas a las renovables justifica la activación de esta cláusula de incumplimiento cruzado (‘cross default’) y que dejará al país en situación de impago técnico.

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La notificación prejudicial enviada al Gobierno español actúa como preludio a un procedimiento de ejecución legal que comenzará este verano ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. La justicia británica ya ha respaldado a los acreedores afectados por los recortes a las renovables en reclamaciones anteriores, como los embargos sobre la indemnización por la catástrofe del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres y otras propiedades y cuentas bancarias.

De hecho, la justicia británica autorizó hace unos días de manera cautelar el embargo del derecho de usufructo que ostenta Aena sobre el aeropuerto de Luton en Londres. Esta medida se produce en el contexto de un proceso judicial que busca la ejecución de un laudo arbitral emitido por la corte de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), en el cual dos sociedades vinculadas a NextEra demandan al Reino de España. Asimismo, Aena también se ha visto perjudicada por esta batalla judicial en Bélgica, ya que el mismo fondo ha conseguido embargar 80 millones de euros vinculados a una cuenta de banco del grupo público Enaire, accionista mayoritario de Aena con un 51%.

Estructura del bono y reclamaciones

Cuando España emitió el título de deuda que quedará sujeto al procedimiento, lo hizo incluyendo una cláusula que estipula claramente que el impago por parte del emisor del principal o los intereses de cualquier deuda activaría un escenario susceptible de activar una cláusula de incumplimiento cruzado, en virtud de la cual se puede reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono en cuestión por 237 millones, que vence en 2029.

Los afectados recalcan que existen otros tres títulos de deuda denominados en dólares, yenes y euros cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros y cuyo articulado recoge una cláusula idéntica, mediante la cual se puede invocar el escenario de cross default.

España se expone al pago con antelación de cuatro bonos del Tesoro valorados en torno a 1.000 millones de euros, pero como el Estado español ya ha realizado algunos pagos anticipados ordinarios ligados a estos bonos y el abono forzoso total rondaría los 800 millones. La forma en que está estructurado el bono, con un agente fiscal en lugar de un fideicomiso al uso, permite que cualquier tenedor de estos títulos emita el preceptivo aviso de incumplimiento técnico.

Desde el el Gobierno se recuerda que ya se dio en 2019 la posibilidad a los inversores con pleitos internacionales abiertos de a una rentabilidad garantizada mayor para sus plantas renovables a cambio de renunciar a continuar con los arbitrajes, y muchos lo hicieron. “Quienes no, quienes optaron por seguir adelante están en su derecho, como también el Reino de España está en su derecho de agotar todas las vías de defensa y ser escrupuloso con el cumplimiento de la legislación europea, que considera que no cabe transigir en un aspecto que ya ha sido calificado como ayuda de Estado”, indican fuentes gubernamentales. “Se trata de un litigio heredado de la época de Rajoy y el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido defendiendo los intereses de España y de los españoles y así lo seguirá haciendo”.

Desde el Gobierno se subraya que los laudos sobre los recortes a renovables y la ejecución de deuda pública que pretende iniciar el fondo Blasket “no tienen nada que ver” entre sí. "En ningún caso puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de 'default', como Blasket viene argumentando desde hace un año con envío de cartas miméticas", indican fuentes oficiales.

"La estrategia de buscar la declaración de 'default' por parte de Blasket no es nueva y no ha tenido ningún impacto", y por eso susbrayan que “el Reino de España se defenderá con las medidas oportunas, como hasta ahora, con notable éxito”. El Ejecutivo destaca que los 52 arbitrajes presentados contra España por la rebaja de retribución a las renovables reclamaban conjuntamente más de 10.600 millones de indemnizaciones, pero ha obtenido victorias legales o rebajas de las compensaciones por 7.600 millones y se acumulan de momento indemnizaciones reconocidas por las cortes de arbitraje por menos de 1.600 millones (aún habría reclamaciones por otros 1.500 millones pendientes de resolución).

Oferta de pacto al Gobierno

Blasket Renewable Investments ya notificó en abril del año pasado de manera preliminar el posible incumplimiento de pagos de deuda pública al Gobierno español. Sin embargo, los inversores en renovables afectados denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica español, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, no ha respondido a las distintas cartas formales y solicitudes trasladadas.

Los inversores afectados por los recortes a las primas de las energías renovables trasladaron el pasado mayo una propuesta al Gobierno para resolver los laudos que el Estado español se niega a pagar o intenta anular. La iniciativa, respaldada por varios bufetes internacionales que representan a aproximadamente el 80% de las compañías afectadas, se comprometía a poner fin a los laudos si se les pagaban las indemnizaciones pendientes de 1.562 millones y, a cambio, los acreedores reinvertirían esos fondos en España. Desde el sector energético se da por hecho que la amenaza de Blasket de ir ejecutando bonos de deuda pública española y su intención de hacerlo de manera progresiva es una forma de presionar al Gobierno para alcanzar un acuerdo.

En cualquier caso, la aplicación de la propuesta sería de muy difícil aplicación. El Gobierno tendría que negociar caso a caso, laudo a laudo, para conocer si las compañías estarían dispuestas a reinvertir en España las indemnizaciones reconocidas en los arbitrajes. El Ejecutivo, que no ha pagado de momento las compensaciones de ninguna de las condenas acumuladas, tendría complicado justificar jurídicamente ofrecer el abono de las indemnizaciones a unos inversores y a otros no, en función del destino que pretendan dar las compañías a ese dinero.

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Además, en muchos casos las empresas energéticas que abrieron los procedimientos de arbitraje contra España han cedido la gestión de los pleitos y los derechos de cobro de eventuales indemnizaciones obtenidas a fondos y bufetes especializados en este tipo de litigios. La compensación económica sería percibida pues por esos fondos, no por las empresas energéticas originales. Y en este escenario, fuentes del sector alertan de que resulta muy difícil asumir que estos fondos -que son los que cobrarían- vayan a reinvertir las indemnizaciones en plantas renovables en España, una vez desvinculadas de los casos las propias compañías energéticas.