España suma a los más de 900 millones de embargos por renovables otros 32 de Bélgica

Nuevo revés judicial a España en los recortes a las renovables. La Justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos y autoriza el embargo de bienes españoles en el país europeo por valor de 32 millones de euros. Se trata de un paso más de los tribunales internacionales en la guerra que libran los fondos que vieron su retribución recortada en energías renovables hace una década por el Gobierno de Zapatero y sobre todo y con más fuerza posteriormente el Ejecutivo de Rajoy.

En el caso de Bélgica, las quitas proceden de los ingresos que España obtiene a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, es decir, los pagos transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire. La justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, que compró los derechos de cobro del caso Infrared.

La lucha del Gobierno español por revocar los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad de España como el que ahora se enfrenta en Bélgica. De esta manera, los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, inmueble valorado en unos 6 millones de euros; la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, cuyo valor de mercado se acerca a los 4 millones; el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la propiedad más grande en Londres, valorada en torno a unos 15 millones; cuatro cuentas bancarias en Reino Unido que suman 800.000 euros y, sobre todo, el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 850 millones de euros aunque el pedido de embargo plantea la intervención de aproximadamente 100 millones.

Además, también podría verse amenazada la filial de Navantia —empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar— en Australia. El pasado año, la justicia australiana reconocía las deudas de España con los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables. Como tales obligaciones no están siendo resarcidas por parte del Ejecutivo español, la Corte Suprema del país oceánico abrió la veda para que se embarguen bienes del Reino de España como medida compensatoria. Es aquí donde entra en juego la posibilidad de que la filial australiana de Navantia acabe intervenida por las autoridades australianas.

Asimismo, los acreedores, cuyo principal objetivo es llegar a un pacto con el Gobierno para zanjar la problemática, han contratado los servicios de la consultora especializada JS Held, con el objetivo de conocer los bienes de España en otras jurisdicciones de las que poder cobrar. De esta manera, en el punto de mira están unos 400 activos españoles que se podrían embargar cuya cifra definitiva podría alcanzar los 5.000 millones.

No obstante, España se está oponiendo a varios de estos laudos y consiguiendo su anulación en algunos territorios. Esta misma semana, según adelantó El Confidencial, se conocía que el Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) anuló el laudo dictado por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus siglas en inglés) que condenaba al país a indemnizar con 48 millones de euros a dos fondos del gestor de infraestructuras Foresight en Luxemburgo, dos de la italiana GWM Renewable Energy y Greentech Energy, en la actualidad Athena Investment. Las tres compañías habían invertido en parques fotovoltaicos en España.

El caso en Bélgica

En su escrito, la Corte de Apelaciones de Bélgica señala que su código penal abre la puerta al embargo de activos de terceros países. Este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe España en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol canaliza mes a mes en sus pagos a la empresa pública Enaire.

El fallo del juez Degreef, encargado de instruir el caso, concluye que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado". Considera asimismo que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables". Añade, de hecho, que "nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores". La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante, asciende a 32 millones de euros. El laudo original ascendía a 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros. 

De esta manera, los tribunales belgas autorizan ahora el embargo de los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire y aprueban el cobro de más de 32 millones de euros por parte de Blasket Renewable Investments. Enaire es el ente encargado de la gestión de la navegación aérea en España. Está certificado para la provisión del servicio de control del tráfico aéreo, para la facilitación de información aeronáutica y de redes de comunicación, para el seguimiento de la navegación y la vigilancia de la operativa de las aerolíneas y sus aeronaves, etcétera. Con aproximadamente 2 millones de vuelos al año, Enaire gestiona 2,2 millones de km² de espacio aéreo desde cinco centros de control aéreo y 21 torres de control. Asimismo, la compañía posee el 51% de AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos que gestionan un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros. A lo largo del ejercicio financiero 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros.