Inversores en renovables ofrecen al Gobierno reinvertir en España 1.500 millones de indemnizaciones que les debe

Los inversores afectados por los recortes a las primas de las energías renovables han presentado una propuesta al Gobierno para resolver los laudos que el Estado español se niega a pagar o intenta anular. La iniciativa, respaldada por varios bufetes internacionales que representan a aproximadamente el 80% de las compañías afectadas, se compromete a poner fin a los laudos si reciben las indemnizaciones pendientes con el compromiso de reinvertir esos fondos en España. En total, correspondientes al total de indemnizaciones de fallos contra España, son 1.562 millones de euros.

Esta propuesta se anunció en Madrid durante la 'III Conferencia Internacional sobre Energía Renovable, Inversión y Seguridad Jurídica'. La comitiva de abogados internacionales que la presentó incluía a Nick Cherryman, del bufete Kobre & Kim LLP; Nikos Lavranos, de NL Investment Consulting; y Lena Sanderb, del despacho Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Se estima que el Estado debe afrontar el pago de 198 millones en intereses de demora y otros 80 millones en costas judiciales, lo que junto al montante de las indemnizaciones adeudadas suma un total de unos 1.840 millones de euros. Entre las compañías afectadas se encuentran grupos internacionales como RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz y Eurus.

Las empresas afirman que algunas sentencias a su favor, como las recientemente dictadas por tribunales alemanes y suizos, les otorgan confianza para continuar con los litigios y aplicar embargos de activos de titularidad del Estado español. Los arbitrajes han generado embargos provisionales de activos soberanos de España en el Reino Unido, como la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica relacionada con la comunidad autónoma de Cataluña y una cuenta bancaria. Además, se ha intervenido parcialmente el derecho a cobrar la indemnización por la catástrofe del petrolero Prestige, valorada en más de 900 millones de euros.

En cuanto a futuros embargos, tanto fondos como bufetes afirman haber detectado activos inmobiliarios en ocho jursidicciones en las que poder ejecutarlos de forma casi inmediata. "Son activos por valor de más de 100 millones de euros", señalan las mismas fuentes. No obstante, señalan que su principal objetivo es alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Al ser consultados sobre si la propuesta proviene de los fondos que han comprado participaciones en los litigios y las propias empresas afectadas, los organizadores respondieron que es indiferente. "El compromiso es el mismo". Además, señalaron que no se centrarían en un tipo de energía en concreto. Asimismo, reconocen haberse reunido con miembros del Gobierno a quienes piden "soluciones" para poner fin a esta problemática. 

Algunos problemas de ejecución

La aplicación de la propuesta hecha pública ahora -que procedería aparentemente de una mayoría de los inversores que han conseguido en centros de arbitraje internacional que se les reconozca una compensación económica- sería de muy difícil aplicación. El Gobierno tendría que negociar caso a caso, laudo a laudo, para conocer si las compañías estarían dispuestas a reinvertir en España las indemnizaciones reconocidas en los arbitrajes. El Ejecutivo, que no ha pagado de momento las compensaciones de ninguna de las condenas acumuladas, tendría complicado justificar jurídicamente ofrecer el abono de las indemnizaciones a unos inversores y a otros no, en función del destino que pretendan dar las compañías a ese dinero.

Además, en muchos casos las empresas energéticas que abrieron los procedimientos de arbitraje contra España han cedido la gestión de los pleitos y los derechos de cobro de eventuales indemnizaciones obtenidas a fondos y bufetes especializados en este tipo de litigios. La compensación económica sería percibida pues por esos fondos, no por las empresas energéticas originales. Y en este escenario, fuentes del sector alertan de que resulta muy difícil asumir que estos fondos -que son los que cobrarán- vayan a reinvertir las indemnizaciones en plantas renovables en España, una vez desvinculadas de los casos las compañías energéticas.

Cantidad reclamada a España

Las deudas acumuladas por España debido al impago de indemnizaciones millonarias a inversores, que fueron afectados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, se aproximan a los 1.900 millones de euros. Según el portal 'Spanish Renewable Debt', la deuda total acumulada asciende a 1.870 millones de euros, de los cuales 1.562 millones corresponden a indemnizaciones por fallos judiciales contra España. A esto se suman 309 millones en intereses de demora y condenas en costas, montos que siguen incrementándose con el tiempo. Además, se deben agregar 71 millones en honorarios de abogados y consultores contratados por España y un impacto negativo para la economía española de 7.340 millones de euros debido al "default técnico".

Los datos de los inversores afectados muestran que la deuda acumulada por España debido exclusivamente a los fallos en su contra se ha duplicado en menos de dos años. En octubre de 2022, España debía alrededor de 700 millones de euros; en mayo de 2024, esta cifra supera los 1.500 millones y continúa aumentando, ya que estos laudos implican una serie de costes dinámicos.

Asimismo, el "default técnico" declarado en abril de 2023 por los acreedores, cuando el fondo Blasket Renewable Investments tomó el control de cuatro títulos de deuda soberana española, ha generado un incremento de 2.100 millones de euros en los intereses pagados por el Tesoro en las subastas de deuda pública, cifra que podría ascender a 4.943 millones si la situación persiste hasta finales de 2024. Además, el aumento de los costes de financiación impacta negativamente en el PIB, reduciéndolo en 2.560 millones en 2023 y en 4.780 millones en 2024. Este impacto macroeconómico sitúa el daño adicional provocado por esta situación en torno a los 7.340 millones de euros.