La Fiscalía de Barcelona extiende al área metropolitana la protección a los ancianos y menores víctimas del delito

El servicio de la Fiscalía de Barcelona de protección y tutela de las víctimas del delito, especialmente aquellas más vulnerables, como ancianos, menores y personas discapacitadas, se extenderá a toda la provincia con la creación de una red de fiscales de enlace que se coordinarán con la actual delegada de esta área, Silvia Armero. De esta manera, habrá un fiscal para tratar asuntos de esta naturaleza en las secciones territoriales de localidades muy pobladas, como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat o Badalona, entre otras. Además, en la capital catalana se ha creado una nueva plaza para reforzar este servicio.

La mayoría de víctimas atendidas hasta ahora son mujeres de edad avanzada que han sufrido malos tratos o estafas

El pasado mes de febrero, la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, reforzó este servicio y puso al frente del mismo como delegada con dedicación exclusiva a Silvia Armero. Su objetivo es proteger a cualquier víctima de delito considerada vulnerable, menos en los casos de violencia contra la mujer o doméstica, delitos de los que se encargan otros fiscales y juzgados especializados. En estos seis meses, Armero ha incoado 30 diligencias de investigación para esclarecer si se ha cometido un delito y ha presentado cinco denuncias en los juzgados, tras realizar indagaciones previas.

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La mayoría de víctimas son mujeres de avanzada edad que ha sufrido malos tratos, estafas o apropiaciones indebidas, aunque también hay seis casos de menores por vejaciones o agresiones físicas o sexuales. Y se ha registrado un caso de agresión sexual en un taller de trabajo de discapacitados.

"Muchos de los malos tratos a personas mayores los producen familiares e, incluso, hijos y casi todas las víctimas tienen entre 80 y 90 años y, algunas padecen una patología, como el alzhéimer o demencia. El maltrato no entiende de clases sociales, aunque cuando se producen en una clase social alta es más difícil de detectar porque no se recurre a los servicios sociales y los médicos habitualmente son de la sanidad privada", apunta Armero.

El servicio también abre diligencias para "evitar que nadie se apropie de bienes aprovechándose la vulnerabilidad" de los afectados

Esta fiscal también ha abierto otras 160 diligencias que se denominan técnicamente preprocesales, encaminadas a velar por la protección y tutela integral de afectados por un delito, como, por ejemplo, para informarles sobre sus derechos o como se desarrolla la mecánica y evolución de un proceso judicial, o para efectuar averiguaciones sobre su patrimonio y evitar el expolio de bienes utilizando, si es necesario, la adopción de medidas urgentes (de la vía civil se encarga el fiscal Antonio Torres). “El objetivo es evitar que nadie se apropie de sus bienes aprovechándose de su vulnerabilidad”, asegura a EL PERIÓDICO la fiscal Armero.

“Cuando decides investigar debes ir con mucho cuidado porque el agresor está junto con la víctima y porque la afectada es una persona vulnerable"

La mayoría de las comunicaciones que recibe provienen de los servicios sociales, tanto de la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona, pero también de los cuerpos policiales, desde los Mossos a la Policía Nacional o la policía local. Y en el caso de los niños y adolescentes, la fiscalía mantiene un estrecho contacto con la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA), la Fiscalía de Menores, la red Barnahus de atención de violencia sexual en niños y adolescentes, las escuelas e institutos (el menor puede explicar abusos o malos tratos a un profesor o hace comentarios a sus compañeros) y los Centros de Atención Primaria (CAP), donde se detectan posibles lesiones o cambios de actitud. “Hay organizaciones que buscan expresamente a personas vulnerables”, sostiene Armero.

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Una de las investigaciones que han acabado en denuncia fue la que permitió el pasado mes de abril hace unos meses a los Mossos desarticular a una banda organizada que se dedicaba al 'timo de la siembra'. Este es un método específico para personas mayores de 65 años que acuden al cajero automático de una entidad bancaria. Tras seleccionar a la víctima, los estafadores esperan a que saque dinero para ver su número secreto. Después, lanzan al suelo un billete de 5 o 10 euros y justo antes de que el usuario retire la tarjeta le avisan de que se le ha caído. Cuando la persona se agacha para cogerlo, le roban la tarjeta o la cambian por otra similar. Más tarde, la banda usaba la tarjeta para retirar dinero o efectuar compras fraudulentas.

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Los sospechosos usaban identidades falsas y en tres meses cometieron hasta 12 robos con este método, estafando unos 21.000 euros. Según los Mossos, actuaban tan rápido que eran capaces de realizar diferentes extracciones de dinero con la libreta o tarjeta sustraída en el rato que la víctima tardaba en darse cuenta de los hechos. En una ocasión, realizaron seis extracciones consiguiendo 4.173 euros y en otra, 1.000 euros y compras valoradas en 3.586 euros. A raíz de la denuncia de la fiscalía, el juez ordenó entradas y registros en la vivienda de los sospechosos, donde se hallaron 4.000 euros, ropa y complementes para cometer el robo.

Maltrato o falsos operarios del gas

Las otras cuatro denuncias presentadas en los juzgados son por otros delitos. Dos por trato degradante de hijos hacia su madre (la última este martes y tuvieron que intervenir los servicios sociales para rescatar a la víctima), otra por malos tratos y apropiación indebida de una cuidadora a una anciana y la tercera también dirigida contra unos sobrinos que se aprovechaban de su tía de avanzada edad.  

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“Cuando decides investigar debes ir con mucho cuidado porque el agresor está junto a la víctima y porque la afectada, normalmente mujeres, es una persona vulnerable. Tenemos que coordinarnos con servicios sociales y la fiscalía de personas mayores por si se tienen que nombrar defensores judiciales. En un caso tuvieron que intervenir los Mossos para escoltar a los servicios sociales para poder sacar a la víctima de la vivienda y llevarla a una residencia, con la oposición de los familiares”, explica Armero.

La fiscalía también ha detectado casos de falsos operarios del gas que, haciéndose pasar por personal de una compañía gasística y luciendo credenciales ficticias, se presentan en la vivienda de una persona mayor y le convencen para que les deje entrar para hacer una revisión de las instalaciones, cuando no es cierto. Cuando está dentro, uno de ellos distrae a la víctima haciendo ver que trabaja, mientras el otro remueve los cajones en de busca joyas, cartillas del banco, relojes o dinero en efectivo. O lo que encuentre. En su versión más cruel, los falsos operarios han llegado a pedir dinero en efectivo tras las 'reparación' bajo la amenaza de cortar el suministro a personas que padecían enfermedades tan graves como alzhéimer. Ante la menor duda, se debe llamar a la compañía, o al 112, y no hay que abonar nada en metálico.

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