Catalunya prescindirá de las residencias más anticuadas y el sector teme un incremento en las listas de espera

"Esto será un caos porque habrá mucha gente que se quedará colgada", advierte Andrés Rueda, presidente de la Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD). Se refiere al proceso de acreditación de los servicios sociales que ha iniciado la Generalitat y que termina este 5 de agosto. El Govern ha pedido a todos los centros que forman parte de la red de servicios (geriátricos, residencias de discapacidad y centros de menores) que se sometan a este proceso para poder seguir prestando servicios públicos en Catalunya.

El pasado 11 de julio, Drets Socials requirió a los centros que antes del 5 de agosto presentaran la solicitud para seguir prestando servicio público

Pero hay un grupo importante de geriátricos de la tercera edad, se calcula que podrían ser el 20% de residencias y centros de día, que temen no poder pasar este proceso, y por lo tanto, dejarán de atender a beneficiarios de la ley de la dependencia en el futuro. "Entiendo la inquietud porque habrá residencias que no cumplirán los criterios pero debemos defender el interés general", explica a EL PERIÓDICO el conseller de Drets Socials en funciones, Carles Campuzano.

La Sindicatura de Greuges y varias patronales creen que se incurre en inseguridad jurídica y que ello tiene consecuencias aún incalculables para quienes esperan plaza en un geriátrico catalán. Es decir, auguran un empeoramiento de las listas de espera.

El proceso es la patata caliente que el conseller Campuzano deja a su sucesor en Drets Socials

Más del 60% de las camas geriátricas públicas en Catalunya se gestionan a través de empresas o entidades sociales. Hay centros subcontratados a través de concursos públicos y centros que ceden algunas de sus camas a la Administración para que las usan dependientes a través del sistema público. En esta última tipología hay 14.800 camas, el 23% del total. Y son precisamente estos centros los que no ven claro poder acreditarse y seguir prestando servicios públicos, cosa que pondría en jaque las ya abultadas listas de espera. Es, sin ninguna duda, la patata caliente que dejará el conseller Campuzano al nuevo titular de Drets Socials.

"Estas prisas nos preocupan y sorprenden. El proceso de acreditación terminaba en octubre de 2025"

Jordi Sánchez

— Responsable de Drets Socials de la Sindicatura de Greuges

A diferencia de los centros concertados, los centros colaboradores, los que ceden sus camas, habían asumido que no tendrían que adaptarse a la normativa sobre edificación de los centros públicos. El decreto de 2015 que lo regula dejaba excentos de su aplicación a los centros ya existentes. Quienes han querido presentarse a adjudicaciones públicas a posteriori no han tenido otra que adaptarse a la norma y hacer obras. Ha ocurrido con los centros de discapacidad o de menores. Pero estas residencias colaboradoras jamás pensaron que también les tocaría. Hasta el pasado 11 de julio, cuando recibieron un correo electrónico de la consellería avisándoles de que tenían tres semanas para solicitar seguir prestando servicios públicos en el futuro. "Fue el día que a todos nos dio un ictus", resume Ignasi Freixa, presidente de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR).

"No es normal es que nos den tres semanas de verano para hacer este trámite"

Ignasi Freixa

— Presidente de la Unió de Petites i Mitjanes Residències

"No es normal es que nos den tres semanas de verano para hacer este trámite", se queja Freixa. Una crítica que comparte la patronal ACRA, así como entidades de otros sectores como el de la discapacidad. "Estas prisas nos preocupan y sorprenden. El proceso de acreditación terminaba en octubre de 2025. Las reglas del juego eran claras. ¿Por qué adelantarlas?", se pregunta Jordi Sánchez, responsable de Drets Socials de la Sindicatura de Greuges. "Precipitado no es: hace cuatro años que todos sabían que el régimen de colaboración estaba por extingirse", responde Campuzano.

"Precipitado no es: hace cuatro años que todos sabían que el régimen de colaboración estaba por extinguirse"

Carles Campuzano

— Conseller de Drets Socials

En plena pandemia del covid, el entonces conseller, Chakir el Homrani, publicó un decreto que marcaba parámetros de calidad para decidir quién podia gestionar servicios de Drets Socials. Para acreditarse era necesario no haber sido sancionados, tener protocolos de organización, respetar los derechos laborales, tener al menos dos años de experiencia en el sector y cumplir con la norma de 2015 sobre el estado de las instalaciones. "El 80% de los centros se construyeron antes de esta normativa y no cumplen, no están adaptados", explica Rueda, que teme otro batacazo sobre un sector que lleva años pidiendo medios y mejoras.

Garantizar la calidad

"No tenemos tiempo material, ni dinero suficiente, para hacer obras y conseguir que estos centros pasen el baremo de las acreditaciones", lamenta Freixa, que recuerda que el propio Govern reconoció hace pocos meses que pagaba menos de lo que costaba este servicio. "Los centros pequeños que hace más de 40 años que trabajamos ya no interesan, ya no servimos. El Govern solo quiere macrocentros en manos de fondos de inversión", se queja Freixa.

"Lo que no puede ser es que tengamos miles de plazas residenciales que no sabemos si cumplen la normativa. Nosotros debemos garantizar la calidad que marca la norma", insiste Campuzano. "El proceso de acreditaciones es positivo para nosotros, necesitamos hacerlo, es un estandarte de calidad aunque sabemos que hay muchos centros que podrían quedar fuera. Nosotros lo que pedimos es que todos los centros soliciten las acreditaciones y luego trataremos de resolverlo", dice Montse Falguera, presidenta de la FEATE.

"No tenemos tiempo material, ni dinero suficiente, para hacer obras y conseguir que estos centros pasen el baremo de las acreditaciones"

Ignasi Feixa

El efecto en las listas de espera

"Hay dos riesgos, uno de inseguridad jurídica, hay una incertidumbre que clama al cielo entre las entidades colaboradoras que aún no están acreditadas, con una falta de información y referentes normativos. Pero lo más importante: ¿qué pasará con aquellas personas que esperaban entrar en una residencia y no podrán?", se pregunta desde la Sindicatura de Greuges Jordi Sánchez.

"Lo que nos han dicho es que las residencias en el Eixample de Barcelona serán unas de las más afectadas"

Montse Llopis

— Patronal ACRA

"Lo único que pedimos es claridad técnica: necesitamos que nos digan por escrito qué normativas se van a aplicar, qué criterios se van a pedir a los centros. Hablamos con los políticos y nos dicen que serán laxos. ¿En qué casos? Necesitamos concreciones", añade Montse Llopis, de la patronal ACRA. Esta entidad pidió, por escrito, los citerios que seguirá la Generalitat en este proceso. No obtuvo respuesta, pero sí que logró cambios para que no se desacreditaran los centros que habían sido sancionados. "Lo que nos han dicho es que las residencias en el Eixample de Barcelona serán unas de las más afectadas", añade Llopis, que señala que, además hace meses que esperan que la Generalitat publique la tarifa de precios prevista para este 2024.

"Lo que no puede ser es que tengamos miles de plazas residenciales que no sabemos si cumplen la normativa. Nosotros debemos garantizar la calidad"

Carles Campuzano

Sánchez ya ha pedido explicaciones al Govern, así como también lo han hecho la mayoría de las patronales. Fuentes de la Generalitat aducen que los encuentros, 'webinares' y guías han ayudado a las entidades a acreditarse. Y explican que si una entidad no cumple con los criterios de calidad exigidos, no se le retirará el concierto al momento sino que se le impedirá hacer nuevas entradas. "¿Y entonces qué pasará con esa gente que lleva un año esperando para entrar en ese geriátrico, en esa cama? ¿Se le meterá en otra lista? ¿Le harán esperar como si empezara de cero?", se pregunta Freixa.

"Esto tenía que estar resuelto en octubre del 2025. Nuestra idea es que ahora todo el mundo nos traslade su petición para estudiar cada caso y como sabemos que hay residencias que no cumpliran los criterios, tener tiempo durante el 2025 para buscar nuevas plazas y que así no haya efecto en las listas de espera", resume Campuzano.

Rueda ha puestro en alerta a la fiscalía. "El Govern no está haciendo las cosas bien y nos dejan un marrón para el que entre ahora", insiste. Para que este proceso no tenga afectación es imprescindible que el nuevo titular de la Consellería de Drets Socials actúe de forma inmediata ante este asunto, especialmente para buscar las plazas vacantes que ya no podrá hacer el equipo de Campuzano. "Al nuevo conseller le pasará lo mismo que me pasó a mi, que iba sabiendo cosas que nadie me había contado. Pero hemos preparado un buen dosier de temas para poder hacer un buen traslado de estos y otros asuntos al nuevo equipo", remacha Campuzano.

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